¿Las víctimas de Adamuz son de peor condición que las víctimas del franquismo?

Editorial víctimas franquismo

Resulta incomprensible –si no fuera porque todo se explica por el sectarismo del Gobierno– que Pedro Sánchez haya aumentado hasta 250.000 euros las indemnizaciones –que podrán cobrar el cónyuge y sus hijos– para las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes «por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia» desde 1968 hasta el 29 de diciembre de 1978, mientras que las de los familiares de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Adamuz serán de 216.000 euros. Y no tiene mucho sentido, porque si hay que actualizar las indemnizaciones para quienes perdieron la vida por defender la democracia hace 50 o 60 años, con idéntico motivo habría que actualizar las indemnizaciones por los accidentes ferroviarios, porque la ley que fija las cuantías de estos siniestros es de 1989.  O sea, que las indemnizaciones fijadas en la ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 casi se duplican cuatro años después, y las de una norma de hace 37 años se mantienen inamovibles.

El Ejecutivo también aumenta el montante por incapacidad, pasando de 90.191 euros a 180.000 por «incapacidad permanente absoluta» y de 135.286,50 euros hasta los 500.000 euros por «gran incapacidad». Los afectados que ya percibieran una indemnización en base a la anterior normativa de 2007 podrán solicitar que se les abone la diferencia. El Gobierno lo justifica con el argumento de que «la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad». Pues si el Gobierno se arroga el imponer a la sociedad española un «deber de memoria» que pregunte a la sociedad española si le parece lógico que las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz sean víctimas de peor condición. Aquí se actualizan las indemnizaciones no con criterios objetivos, sino con criterios absolutamente sectarios. Y es que para el Gobierno de Pedro Sánchez una víctima del franquismo merece más ayudas del Estado que las víctimas de un accidente de un tren o de una DANA.

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