Subir el salario mínimo es un error

Como hace unas semanas decíamos, ha sucedido lo que nos temíamos. El pasado viernes, el Gobierno pactó con los sindicatos, dejando al margen a la patronal, un nuevo incremento del salario mínimo, que constituye una subida muy elevada del mismo, sin pensar bien en los efectos perversos que tiene para el conjunto de la economía. Esto supone un elemento que puede frenar la economía española, especialmente en unos momentos en los que se desacelera rápidamente la actividad, de elevado desempleo, pues, pese a la anestesia del gasto público y del artificio estadístico derivado de la obligación de convertir los temporales en fijos-discontinuos, España sigue liderando todas las clasificaciones de tasa de paro de la UE.

Esta subida que pretende acometer el Gobierno, va a elevar el salario mínimo hasta 1.134 euros mensuales en 14 pagas, con las correspondientes subidas de IRPF y cotización a la Seguridad Social. Así, un empresario va a tener que soportar un gasto por cada uno de estos trabajadores que será 756 euros más por incremento salarial y 230 euros más por la Seguridad Social a cargo de la empresa que, en cualquier caso, tiene que salir del valor que, con su trabajo, genere el trabajador. De todo ello, el Estado ingresará 282 euros más vía cotizaciones a la Seguridad Social por cada trabajador (entre trabajador y empresa) y casi 290 euros más por IRPF.

Aquí, por tanto, nos encontramos con dos elementos perjudiciales para la economía: en primer lugar, un nuevo incremento de impuestos, en mero afán recaudatorio y confiscatorio del Gobierno -se envuelve en la bandera de los débiles, pero se aprovecha de la subida del salario mínimo en casi la mitad, debido a que sobrepasan, con la subida, el mínimo que exime de la obligación de retener y de presentar la declaración-. En segundo lugar, un quebranto muy duro para las empresas. Muchas de ellas no van a poder soportar esta subida, porque el coste de su actividad se incrementa mucho sin que dichos trabajadores puedan generar el valor necesario para cubrirlo. En este caso, o tendrán que cerrar, empobreciendo a los empresarios y a los trabajadores, que perderán su puesto de trabajo, o tratarán de sobrevivir subiendo precios, que empobrecerá al conjunto de la sociedad con nuevos incrementos de precio y pérdida de poder adquisitivo, que presionará al alza a la inflación, provocando un periodo más largo de política monetaria contractiva y de encarecimiento, con ello, de la financiación. Aún en esta segunda situación, probablemente las empresas terminarán cerrando, que hará que los trabajadores pierdan su empleo.

Por tanto, dentro de esta medida, los más perjudicados van a ser los laboralmente más débiles. Hay provincias o regiones, como Madrid, donde tendrá un efecto menor por el mayor nivel salarial ya existente, aunque también se verá perjudicada su economía por esta medida, pero hay otros lugares, provincias o regiones donde el coste salarial y laboral son menores, donde el tipo de trabajo tiene una menor remuneración por su aportación al valor añadido que genera, que puede hundir la actividad en dichos lugares. Una subida de más de un 50% del salario mínimo desde el año 2018, con una productividad tan escasa, nula y, en ocasiones, negativa, como la de la economía española, no hay economía que la resista, de manera que constituye un duro golpe para la actividad económica y el empleo.

Si tan buena es la medida, ¿por qué quedarse en 1.134 euros y no ir a los 3.000 ó 5.000 euros? Con esta medida demagógica el Gobierno sólo conseguirá destruir tejido productivo, generar, con ello, desempleo -especialmente, el de los trabajadores menos cualificados- y disminuir la prosperidad. Es la receta de Maduro y ya ven cómo está Venezuela. El salario mínimo nos lleva a la ruina máxima. No sólo es una medida para tratar de confiscar más el fruto de ciudadanos y empresas ganado con su esfuerzo, sino que es una medida ruinosa para la economía.