El Gobierno incrementa de forma encubierta los impuestos al trabajo con la subida del salario mínimo

«La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no deja de ser una excusa para subir los impuestos al trabajo a todo el mundo». Así de contundente se ha mostrado el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, preguntado por OKDIARIO, tras conocerse este viernes el incremento del salario mínimo del 5%, desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134 euros. Un acuerdo que Yolanda Díaz ha impuesto de la mano de los sindicatos y sin contar con el beneplácito de la patronal de empresarios.

Según el prestigioso economista, «bajo la supuesta generosidad de subir el SMI, le sube los impuestos y las bases mínimas de cotización a todo el mundo», y apuntala: «Tiene un impacto bajísimo sobre un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral y, sin embargo, un efecto negativo en cuanto a menor renta disponible», es decir, «menos salario neto en la inmensa mayoría de los trabajadores».

Por su parte, el economista José Ramón Riera cree que la subida del 5% del SMI genera tres consecuencias negativas. De un lado, un «tremendo daño a las empresas» pues «el efecto que no estaba previsto es que la subida fuese del 5%, mucho más que la inflación que se acaba de cerrar, de un 3,1%». De otro, «afecta directamente a los contratos con la Administración Pública».

Sube el salario mínimo y la recaudación

En tercer lugar, «a la larga, es una manera de ingresar más dinero por recaudación de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y por cotizaciones sociales». Como explica Riera, «no olvidemos que esta subida de 800 €, en definitiva 756 €, por tanto habrá un 33% más que va a tener que pagar el patrono e ingresara las arcas de la Seguridad Social por cada empleado que tenga subida del SMI más la parte de IRPF y que pueden ser fácilmente otros casi 100 €».

Para Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid, la «mala noticia» de esta subida del salario mínimo es que «no existe negociación entre sindicatos y patronal» y «que el Gobierno interfiere». Es decir, que en España tenemos «un gobierno intervencionista que rompe el diálogo social».

«Los sindicatos no deberían haberlo aceptado porque, ¿qué dirían si fuera al revés?», se ha preguntado en referencia a una modificación del salario mínimo acordada únicamente entre el Gobierno y empresarios. «Demuestran que son un gobierno socialcomunista que habla mucho de negociación pero que no lo cumple económicamente» pues «el 4% estaba afectado por la sindical, por la patronal eran 1.123 euros y estos 1.134, estamos hablado de 10,8 € mensuales que, por 14 pagas, no llegan a 150 € al año», apuntala Salcedo.

CEOE y CEPYME contestan al Gobierno

Este mismo viernes por la mañana, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) han emitido un comunicado conjunto para lamentar «profundamente» el «escaso esfuerzo» del Gobierno para que sendas patronales de empresarios pudieran «entrar en el acuerdo para la actualización del SMI en 2024».

Recuerdan que fueron ambos quienes avanzaron la necesidad de «hacer compatible esta subida con la supervivencia del tejido empresarial» y, por tanto, «del empleo y el conjunto de los salarios, en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y el sector agrario».

Es más, subrayan al Ejecutivo que han «insistido en que la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018 sin revisar el precio de dichos contratos». Como asegura a este periódico el director del gabinete de estudios de la Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, «la subida del SMI para 2024 no es una cuestión tanto de cantidad, pues subir un 4 o un 5% no supone mucha diferencia, sino sus consecuencias: si consideramos los IPC de 2022 y 2023, esta subida casi mantiene el poder adquisitivo, pero lo determinante es la negativa del Gobierno a actualizar con esta misma subida los contratos públicos». Para Santillana, esto puede conllevar «una reducción del personal que presta el servicio si se incrementa el gasto y no los ingresos».

En este sentido, Salcedo afirma que el hecho de que el Ejecutivo «no defienda la misma subida salarial para los funcionarios y empleados públicos» significa que España va por «muy mal camino» y que «el Gobierno no escucha a nadie y que lo le gusta es mandar», «ese es el peor mensaje que yo interpreto».

Como apostilla Riera, «el única que gana de verdad» con la subida del salario mínimo «es el Estado, que va a recaudar bastante más dinero y los que pierden algo son los trabajadores». «Pero sobre todo los empresarios y todos aquellos que tienen una relación directa con la Administración Pública», con «contratos públicos que no van a poder actualizar hasta su vencimiento».

Según Riera, esta maniobra para finalizar la semana es una estrategia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «para tapar rápidamente el efecto del desastre del a votación del pasado miércoles en el Congreso». Se recuerda que fue Podemos quien tumbó el decreto referente al subsidio por desempleo, una de las puntas de lanza de la política más social de la vicepresidenta primera del Gobierno y líder de Sumar.