Las pymes se plantan frente al Gobierno

Cepyme, presidida por Gerardo Cuerva, ha emitido un duro manifiesto en su Asamblea General, titulado Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa, donde estalla contra la persecución que el Gobierno está haciendo contra el sector empresarial, especialmente contra las pymes.

Cuerva, que es un empresario de verdad, de los que arriesga su dinero y sabe lo que es gestionar una empresa y hacerla perdurar de generación en generación, ha alzado la voz de las pymes contra el intervencionismo del Gobierno. Así, en primer lugar, reivindican la dignidad de la actividad empresarial, tantas veces denostada por este gobierno. Piden que cese la estigmatización que se impulsa hacia ellos desde lugares gubernamentales.

Se persigue la ganancia de beneficios, cuando es el objetivo de las empresas que permite reinvertir, generar actividad y, con ello, más puestos de trabajo. Con ello, el empresario no deja de arriesgar, de innovar, de invertir, de generar riqueza, de crear empleo, y todo eso el Gobierno lo ataca.

Los empresarios arriesgan su patrimonio para crear riqueza para la sociedad y todo lo que reciben del Gobierno son trabas, ataques y obstáculos. Reclaman las pymes un marco regulatorio que facilite la actividad empresarial, que incentive la inversión y el riesgo, pues sólo así se podrá lograr alcanzar cotas más elevadas de generación de actividad y ganancias de productividad que permitan, ambas, mejorar la calidad y cantidad del empleo.

Es necesario, insisten, que cese la sobrerregulación, que los controles sobre la actividad empresarial disminuyan, que les dejen hacer su trabajo. Piden que no se imponga el cambio en la negociación colectiva, que asfixiará a las pymes, llevando a muchas al cierre y a la destrucción de puestos de trabajo.

Piden, asimismo, que se flexibilice la organización interna de la empresa en cuanto a puestos de trabajo, tan intervenida actualmente por la legislación. También se muestran en contra de la intervención salarial del Gobierno, con la subida del salario mínimo un 60%, que no ha ido acompañado de la productividad, que es lo único en lo que habría que fijarse para subir los salarios, pues lo contrario conduce a los sobrecostes y a subidas de precios muy peligrosas que deterioran la actividad económica y el empleo.

Igualmente, se quejan del incremento de cargas sociales y de la fiscalidad confiscatoria que está imponiendo el Gobierno. Todo ello son costes para la empresa, que habrá de repercutir en precios o que le llevarán a cerrar. En ambos casos, el impacto negativo en la economía es muy importante. Del mismo modo, critican que el Gobierno quiera modificar la jornada laboral sin tener en cuenta la productividad ni las necesidades de cada empresa.

Los empresarios, especialmente las pymes, han lanzado su voz contra el Gobierno por las injerencias que este último tiene en la actividad empresarial y en el conjunto de la economía, que nos lleva al empobrecimiento de la sociedad.