La ‘prueba del nueve’ de la amnistía

El diccionario de la Real Academia Española define la prueba del nueve como una «prueba clara que confirma la verdad o falsedad de una cuestión debatida». La expresión tiene su origen en un cálculo sencillo que, antes de que se inventaran las calculadoras, permitía verificar fácilmente si una operación aritmética realizada a mano había dado un resultado erróneo.

Básicamente, existen dos cuestiones fundamentales con las que podemos analizar si la amnistía a los golpistas catalanes del 1 de octubre de 2017 es asumible en una democracia occidental. La primera y más debatida entre políticos, opinadores y medios de comunicación, analiza los aspectos legales de esa medida de gracia, su encaje en nuestro ordenamiento jurídico y, fundamentalmente, en nuestra Constitución. Con el objetivo de allanar esta cuestión, Pedro Sánchez se ha ocupado ya de situar al socialista Cándido Conde Pumpido al frente de un politizado Tribunal Constitucional.

Este debate jurídico podría extenderse incluso más allá de la sentencia del Constitucional, mediante un posible recurso que el Tribunal Supremo podría plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente tendría que decidir si, más allá de en nuestra Constitución, la amnistía a Puigdemont y sus secuaces tiene encaje en el Derecho comunitario. Pero sin restar importancia a la cuestión judicial, el otro fundamento con el que, a mi juicio, debe analizarse esta medida de gracia es su carácter moral, en el sentido de plantear claramente a la ciudadanía cuáles son los motivos por los que Pedro Sánchez considera que es una medida oportuna y conveniente para la nación.

Aunque el presidente en funciones sigue nadando y guardando la ropa, habiendo dado instrucciones para que ningún cargo relevante del PSOE se posicione abiertamente a favor de la concesión de la amnistía y nadie diga una palabra que pueda comprometerle en el caso de que fracasen las negociaciones con Puigdemont y Junts no le permita ser investido; al menos ya ha reconocido que se está negociando. En el mismo discurso en el que negó tener ya una posición al respecto, repitió sus alegatos en favor de la generosidad política con Cataluña para resolver su «conflicto» político, al mismo tiempo que presumió de que los indultos a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo «contribuyeron a la estabilidad y la normalización de la política en Cataluña» y dijo que hoy tiene la certeza de que «obedeció al interés general».

Es decir, que si finalmente, terminadas las negociaciones con los distintos grupos políticos cuyos votos necesita Pedro Sánchez para ser investido, el Partido Socialista acuerda con Junts conceder la amnistía al fugado Puigdemont y todos sus cómplices, del mismo modo que en la pasada legislatura le concedió el indulto a los que ya habían sido juzgados y condenados, el motivo por el que se nos dirá que se ha aprobado esta medida de gracia será, igual que entonces, resolver el conflicto político catalán para así facilitar la normalización política en Cataluña, en defensa del interés general de los españoles.

Hagamos pues la prueba del nueve a esta afirmación. Si fuera verdad, como afirma Sánchez, que la amnistía se aprueba en el interés general de España, debemos encontrar esta medida entre las que llevaba en su programa electoral de las elecciones del 23 de julio o, incluso, si el cambio de opinión hubiera sido reciente, la amnistía estaría en el acuerdo de Gobierno que acaban de firmar PSOE y Sumar, porque es progresista y buena para España. Si, además, Sánchez creyera que la amnistía contribuirá a resolver el «conflicto» catalán encontraríamos en sus declaraciones previas a las últimas elecciones los argumentos con los que él defiende esta idea. Es más, si el presidente creyera en la amnistía, la habría aprobado en la anterior legislatura y no estaría utilizándola como contraprestación para ser investido.

Como no se cumple ni una sola de estas premisas, la prueba del nueve señala que Pedro Sánchez miente de nuevo, que en realidad él no cree que la amnistía contribuya al interés general ni que vaya a servir para resolver ningún conflicto en Cataluña. Y si no cree esto, como queda demostrado, significa que va a aprobar una medida de gracia de más que dudosa legalidad, que es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles entre los que se incluyen muchos de sus votantes, que él mismo piensa que no responde al interés general y que no va a contribuir a resolver el problema de Cataluña; y que lo va a hacer solamente para que Puigdemont le permita ser investido, por puro egoísmo. La prueba del nueve no falla: Sánchez miente.