Principio de autoridad, ciudadanía sin derechos

Está llegando la cuarta ola de la pandemia. Los Gobiernos imponen distintas medidas contra los contagios sin que todavía hoy se sepa cuáles son las más eficaces. En España hemos tenido el confinamiento domiciliario más duro y ahora estamos con un confinamiento territorial similar al de otros países, con la inexplicable incoherencia de que puedes ir de Madrid a Málaga pasando por un país extranjero o pueden venir de distintos países del mundo a cualquier lugar de España, pero no puedes desplazarte desde el territorio nacional.

Se imponen medidas distintas, más o menos drásticas, y no parece que ello tenga relación directa con el nivel de contagio ni con el número de muertos; más limitaciones no se corresponde necesariamente con menos contagios ni menos muertos. En España, además de los confinamientos se usan mascarillas al aire libre, en la vía pública, comercios cerrados, limitación de reuniones públicas y privadas que no se dan en otros países con datos de contagios y muertes más bajos que los nuestros. Nadie sabe por qué es así. Tampoco parece que se tenga en cuenta nuestra estructura productiva. Países industriales cierran fábricas y el Estado las sostiene, mientras en España las dos principales fuentes de ingresos son el comercio y el turismo. Ello crea un enjambre de pymes que dificulta las ayudas a las mismas. España presta menos ayudas a sus empresas que ningún país de la UE. Eso provoca pobreza.

Aquí el principio de autoridad llega hasta cada hospital o centro de salud. El responsable impone sus reglas de obligado cumplimiento a su capricho. En unos puede haber acompañantes con los enfermos y en otros, no. Unos acompañantes se relevan cada 12 horas y otros cada 5 días. Unos pueden recibir visitas y otros no. ¿Dónde está el criterio científico que permite imponer medidas tan diferentes? Centros de salud sin citas durante semanas, visitas a consultas en centros y hospitales donde ancianos, embarazadas, niños y todo tipo de enfermos esperan horas de pie haga sol, llueva o ventee sin una silla para sentarse. Ciudadanos y pacientes sin un trato digno.

No hay basamento científico en las decisiones sino arbitrariedad, burocracia del principio de autoridad que se impone a la ciudadanía con la fuerza del “esto se hace aquí porque lo digo yo” con o sin estado de alarma. Ni la ciudadanía ni los pacientes tienen derechos ante ese principio. Mientras se producen estas decisiones arbitrarias con desprecio a la gente, los políticos de la Casta están a lo suyo, a disputar sus poltronas con sus discursos de mentira, cínicos y tóxicos. A la vez, el destacado miembro de la Casta José Bono, expresidente del Congreso y exministro de Defensa cuando el CNI le rendía cuentas, que escribe datos desconocidos para vender libros del rey emérito, abre cuatro empresas offshore en República Dominicana donde acaba de obtener la doble nacionalidad. Bono no era un terrateniente, ha hecho carrera en el PSOE desde muy joven y debería abrir una universidad para explicar cómo es posible amasar una fortuna con sueldos públicos.

La guinda esta semana la ponen el alcalde de Palma, que retira del callejero a tres héroes de Trafalgar del siglo XIX por ser afines al régimen franquista que nació un siglo después, y el Gobierno, que regala 53 millones de euros a la empresa Plus Ultra, de capital venezolano con un único avión como flota, mientras se compra jamón de la mejor calidad para Moncloa. Las colas del hambre siguen creciendo. ¿A quién le extraña que España vaya camino del basurero de la historia?