El objetivo real de los copresidentes es otro: someter al Supremo

Los copresidentes del Gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, —tanto monta, monta tanto— pretenden someter la voluntad del Tribunal Supremo manipulando el enfado de los españoles. La aparente preocupación que muestran por los ciudadanos es sólo un disfraz de sus verdaderas intenciones: sacar rédito político de la situación y condicionar las decisiones de la cúspide del Poder Judicial español. Puro totalitarismo populista. Si el PSOE estuviera realmente en contra de esta medida, las ocho comunidades autónomas donde gobierna no cobrarían un 72% más por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que aquellas regiones donde gobierna el PP. No obstante, y ante el descontento que ha provocado el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ambos kamikazes de la política están aliados para alentar la rabia y los instintos más primarios de los ciudadanos.

Esta irresponsabilidad política fomenta de manera innecesaria la tensión social. Atacar al Alto Tribunal es atacar los propios cimientos de nuestra convivencia y también la estabilidad del país. Factores indispensables en un momento donde el futuro económico se presenta incierto. Por ello, resulta inadmisible que Pedro Sánchez respalde el escrache al Tribunal Supremo que ha organizado Podemos de cara al próximo sábado. Un respaldo que viene después de que Pablo Iglesias apelara a la “rabia” de los ciudadanos para impulsar distintas manifestaciones callejeras. Todo ello obedece a una estrategia de la coalición PSOE/Podemos para conseguir nuevos votantes mediante la creación de una corriente de indignados. Antes de apoyar el acoso de Podemos, Sánchez había anunciado una modificación por decreto ley para que los bancos paguen el IAJD, al contrario de lo dictaminado por el Tribunal Supremo.

Con independencia de que la decisión del Alto Tribunal pueda ser cuestionable, no es el mejor mensaje posible el hecho de que salga el presidente del Gobierno al día siguiente desautorizando de una manera tan radical una decisión del Supremo. Además, resulta paradójico que el jefe del Ejecutivo muestre una preocupación tan súbita cuando su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo este mismo impuesto en su tipo más alto —el 1,5%— durante su etapa como consejera de la Junta de Andalucía. Prueba de que tras las oportunistas apariciones de Sánchez e Iglesias hay una operación política que tratan de concretar con sumo ventajismo. El deber de los ciudadanos es reclamar lo que creen que es suyo, sin duda, pero también no dejarse manipular por unos partidos que no sólo legislan “en caliente”, sino que además quieren dar un golpe de mano al Tribunal Supremo.