Las mujeres de Saratov

Las mujeres de Saratov

La novia del vicepresidente tercero del Gobierno de España acaba de presentar en sociedad su “Ley de Libertad Sexual” cuyo hito libertario, anunciado desde el propio perfil oficial de su ministerio de Igualdad, será que las mujeres puedan llegar solas y borrachas a casa y que sus derechos nunca más se pierdan en callejeros oscuros”.

Más allá del asuntillo de la apología del alcoholismo, la soflama ministerial desliza varias de las circunstancias que podrían estar rodeando la vida de Irene Montero: su subliminal pulsión por el Jack Daniels y su profusa obsesión por los hombres que dan o quitan cosas aplicando “pichilina” en lugares alejados de los ojos de los espectadores. Ahora, gracias a la filtración del anteproyecto de ley desde el ministerio de Justicia socialista, también sabemos que Montero ha vuelto a fusilar la presunción de inocencia y todas las normas básicas del derecho penal en su Rostov sanguinario de la calle de Alcalá entre cañas y cigarritos “aliñados”.

Ahora, aunque sea por un momento, los ministros del Gobierno han dejado de darnos al coñazo a los “fachas” de toda la vida para ver qué ejecutivo es más machista. Mientras, sus damas consortes, todas llegadas a sus cargos después de demostrar su eficacia en callejones oscuros con sus patrocinadores, se pelean por el foco mediático para anunciar que son partidarias de esa ley ampare turnos de oficio en los que “los abogados de las víctimas de violencia de género no representen también a maltratadores” sentenciados antes del juicio. Políticas obligando al abogado que haya defendido a un no agresor a no poder defender jamás a una denunciante, víctima o no.

Como apoteósico avance social, la ley de Libertad Sexual socialista ha anunciado que “pone a disposición de la víctima un sistema de atención especializado formado por expertos y expertas que la acompañarán en su toma de decisiones, sin cuestionar el relato de los hechos”. Y lo ha hecho un mes después de haber convertido el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en el puticlub más caro del mundo con 211,5 millones de euros anuales para prostituir a 17 niñas y los niños durante tres años bajo la tutela de Podemos y del PSOE.

Esos niños, junto a la niña abusada por el marido de Mónica Oltra durante la tutela de ésta, no son personas revictimizadas, aunque en el caso de la última llegara a sede judicial engrilletada, porque esos niños, junto todas mujeres que forman parte del pastiche feminista, son del Estado. Forman parte de las infraestructuras nacionales. Las mujeres del 8M y sus niños son como las carreteras, los peajes de Ábalos, los parques, los jardines, los edificios oficiales, y los entes del ferrocarril en los que el de Fomento colocó a Koldo. Son como las mujeres de la Unión Soviética que, tras el edicto bolchevique de Saratov de 1918, pasaron a ser de propiedad pública mediante un edicto bolchevique que anunciaba que los maridos podrían mantener el uso y disfrute de sus esposas si accedían a turnárselas con cualquier ciudadano en posesión de un certificado del Comité del Consejo de Soldados, Trabajadores y Campesinos, quienes tenía el mismo derecho a disfrutar igualmente de lo que se consideraba ya propiedad de todos. Cualquier resistencia al Estado les privaría del usufructo.

El Estado, hoy, dispone de sus niñas y sus mujeres mientras sus potenciales parejas y amantes pueden ser arrestados por romper el monopolio del Gobierno.

La elaboración de las Leyes, especialmente las penales, que inciden en derechos fundamentales, era cosa muy seria: anteproyecto, proyecto, informes de juristas de reconocido prestigio, debates rigurosos, etc. Ahora, una Ley Penal (orgánica) te la hace una ex-cajera de supermercado reunida con sus amigas feministas y se la corrige una señora que es vicepresidenta y que por no saber no sabe ni hablar.

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