Indicios de prevaricación

Carles Puigdemont ya está en la calle después de que el juez de un Tribunal Regional de Alemania descartara este jueves el delito de rebelión. Un fallo más que discutible, y con evidentes indicios de prevaricación, que sólo ha servido para alimentar el sempiterno victimismo de los independentistas catalanes tal y como se ha podido comprobar a la salida de prisión del expresident huido. El magistrado de Schleswig-Holstein —que es como se llama la región alemana— no debería haber emitido ningún auto sin hacer correctamente su trabajo. Para ello, resultaba fundamental conocer bien la causa y, desde luego, leer sólo los 62 folios traducidos que procedían del Ministerio de Justicia es del todo insuficiente. No se puede tomar una decisión con tanta trascedencia, en un tema tan sensible y de eminente impacto internacional sin acometer toda la información disponible. Tal irresponsabilidad define a un juez sin nivel para llevar un caso como éste. 

Entre otras cosas, porque desestimó el delito de rebelión sin leer los 300 folios que había remitido la Guardia Civil y donde se explicaban todas las pruebas según cada tipo de delito, incluido el de rebelión. Algo que no sólo supone un escándalo judicial, sino que también daña el principio de confianza entre los Estados miembros de la Unión Europea que habían tratado de asentar una política común de actuación judicial a través de la euroorden. El juez alemán ha pisoteado ese principio al despreciar una causa con miles de folios que en ningún caso pueden trabajarse con el rigor que merecen en un lapso de menos de 48 horas. Aunque la independencia judicial es sagrada, llama la atención en este caso en particular que incluso el Gobierno de Angela Merkel haya mostrado su enfado por una decisión que encuentran injustificable. La correspondencia entre los códigos penales de ambos países es absoluta en los delitos de rebelión y malversación. 

El primero, denominado como de ‘alta traición’ en Alemania, establece además dos tipos de violencia: la de facto y aquellas que llevan implícitas las acciones que persiguen mancillar la Constitución. Ambos aspectos han sido rutina para los separatistas en los últimos meses. Por lo tanto, nadie entiende cómo un juez regional ha podido tomar una decisión que, además, está fundamentada en la mala praxis y, por tanto, en la negligencia y el desconocimiento. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, debe pedir explicaciones a la Unión Europa sobre un asunto con demasiadas vaguedades y cuyas consecuencias sufrirán en Cataluña, ya que los independentistas entienden esta decisión como una bula para seguir con su deriva a ninguna parte. Sólo cabe esperar que la Fiscalía alemana recurra. La credibilidad de Alemania no puede estar en manos de un magistrado de tercera división.