¡Has filtrado los correos!

En cualquier democracia occidental Álvaro García Ortiz estaría ya en su casita esperando la sentencia que lo inhabilite por doce años, como pide la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Fuera de las repúblicas bananeras y bolivarianas resulta inimaginable una escena como la que vivimos ayer. El fiscal imputado primero recibió el aplauso de todos los babosos fiscales subordinados, pertenecientes a su misma asociación izquierdosa, que ya han sido ascendidos por él o hacen méritos para que los asciendan pronto. A continuación, Álvaro García Ortiz entra en el Tribunal Supremo por la puerta de autoridades, se coloca su toga y se sienta en el estrado, junto a sus cuatro abogados defensores, dos abogados del Estado y dos fiscales que deberían estarlo acusando, pero incumplen su función.

Y cuando están ya todos sentados, va la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y nos cuenta que, cuando García Ortiz la llamó, ella ni siquiera le saludó y le espetó directamente: «Has filtrado los correos», a lo que el fiscal general respondió: «eso no importa ahora, hay que sacar la nota», en relación con una nota de prensa que la fiscalía general del Estado le estaba demandando de forma insistente desde el día anterior. La tarde noche anterior García Ortiz había sacado del estadio Metropolitano al fiscal Julián Salto, encargado del caso del novio de Díaz Ayuso con Hacienda; para que le enviaran a él las comunicaciones entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía. Y en cuanto le enviaron estos emails a García Ortiz, aparecieron publicados en prensa, por lo que la fiscal superior de Madrid no tenía ni la menor duda de cuál había sido el origen de esa filtración.

Inmediatamente después de enterarse de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le iba a investigar por la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de WhatsApp que había en su móvil; 15 minutos más tarde repitió el proceso de borrado; eliminó la cuenta de Gmail en la que se hacían las copias de seguridad, activando una nueva copia en blanco que sobrescribiera las anteriores; hizo un restablecimiento completo del móvil a los valores de fábrica, eliminando todo lo que quedara; y, por si acaso, cambió de móvil, haciendo desaparecer el que había utilizado los días que ocurrió la filtración, sustituyéndolo por uno nuevo que fue el que le entregó a la UCO de la Guardia Civil, a ver si colaba.

Pero, por si hicieran falta más pruebas, el anterior líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ya ha contado que, horas antes de que las comunicaciones filtradas a la prensa aparecieran publicadas, desde La Moncloa le pidieron que las usara en la Asamblea para atacar con ellas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, esta información que fue filtrada a la prensa inmediatamente después de disponer de ella Álvaro García Ortiz y justo antes de que este destruyera todos sus correos electrónicos y mensajes telefónicos; era una información que beneficiaba políticamente al único que podría cesar al fiscal general del Estado, pero en vez de hacerlo lo apoya y respalda.

La presunción de inocencia es un principio jurídico que implica que nadie puede ser condenado sin que se demuestre su culpabilidad. Álvaro García Ortiz sólo será condenado si las pruebas que no ha destruido son suficientes para demostrar que hizo lo que todos sabemos que hizo. Pero este principio jurídico afecta a los tribunales, no a la opinión pública ni mucho menos a los cargos políticos nombrados a dedo por el Gobierno, como el del fiscal general del Estado. En estos casos el principio que debe prevalecer no es la presunción de inocencia, sino la ejemplaridad. García Ortiz debe ser cesado porque todos sabemos que ha filtrado los correos para beneficiar políticamente a Pedro Sánchez, quien por eso mismo no lo va a hacer.