El golpista, el prófugo y el traidor

El tripartito catalán se ha constituido cumpliendo todas las previsiones. Para proseguir con la dinámica puesta en marcha cuando Zapatero pronunció aquello de que “España hará lo que decidan los catalanes”, la primera y sonada renuncia expresa a la soberanía nacional, los socios políticos de Sánchez han constituido el primer Gobierno de la democracia impulsado por golpistas y tutelado por prófugos de la Justicia. Con esta nueva vuelta de tuerca España ha entrado con nota en la historia de la anomalía democrática europea: no sólo tiene un Gobierno “nacional” integrado –y orientado en sus políticas-  por comunistas adoradores de Lenin y defensores de regímenes totalitarios sino que promueve y apoya la constitución de un Gobierno regional entre y por aquellos que dieron un golpe contra la democracia y que prometen, solemnemente, que volverán a hacerlo.

Habrá quien oponga a esta argumentación que Sánchez tenía su propio candidato, que este no es el Gobierno que a Sánchez le hubiera gustado para Cataluña. Craso error; no olviden que el candidato de Sánchez ha suplicado un acuerdo con los golpistas condenados en firme para gobernar con ellos, lo que legitima de facto su promesa de “lo volveremos a hacer”. O sea, este no es el Gobierno de Sánchez estricto sensu porque no lo preside su candidato, pero no porque no pretenda lo mismo, de fondo, que lo que Illa ha venido defendiendo. ¿Acaso no recordó Illa al presentar su candidatura  que el PSC, su partido, siempre ha defendido que Cataluña es una nación? Y no me digan que todas las ideas son defendibles; porque esa proclama no es una cuestión “ideológica” sino contraria de forma y fondo a la esencia misma de la Constitución.

Pero para no quedarnos con lo que podría ser considerado  un supuesto de futuro no verificable (qué hubiera hecho Illa diferente si hubiera presidido el Gobierno en coalición con los golpistas) vamos a fijarnos en lo que hace Sánchez tras la constitución de este Gobierno que es, en sí mismo, un atentado contra la sociedad plural y democrática.

Empecemos por un ejemplo práctico. Hemos conocido que uno de los acuerdos del pacto de Gobierno entre los golpistas encarcelados y los golpistas prófugos de la justicia es echar a la Policía Nacional del centro de Barcelona, crear un «Museo de la represión”  y transformar la Jefatura de Policía de la Vía Layetana  en un “centro memorial de la lucha antifranquista”, lo que califica como “franquistas” a las Fuerzas de Seguridad que durante el golpe del 1-O protegieron las libertades de todos los catalanes. Pues bien; este acuerdo tiene un antecedente en otro adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona que aprobó una moción para  “reconvertir la Jefatura Superior de Policía en un centro memorial de lucha antifranquista”. Una propuesta presentada por ERC que contó con el apoyo de las fuerzas independentistas, los comunes y el PSC. O sea, ese acuerdo infame que aparece en los pactos de los golpistas  fue sostenido y apoyado previamente por el PSC. Los mismos perros con distintos collares.

Pero lo verdaderamente determinante es la primera reacción de Sánchez ante la constitución del Gobierno tutelado por un preso y un prófugo. Sánchez les ha prometido reunir de forma inmediata la Mesa de la traición, la Mesa constituida cuando necesitaba sus votos para formar Gobierno y apalancarse en el poder y que supuso un acto de traición a la ciudadanía y a la soberanía nacional, un golpe a la democracia y a la Constitución perpetrado desde el Ejecutivo de la Nación.

A pesar de que Illa declare –para confundir a quienes quieren dejarse engañar, como siempre-  que “la autodeterminación no es posible porque Cataluña no es una colonia…”, lo cierto es que Sánchez sigue tomando decisiones para que el derecho de autodeterminación sea efectivo y una parte de los españoles puedan decidir el futuro de toda España. Para eso se ha constituido la “mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político”, que ese es el título que define el objetivo de esa Mesa,  rubricado en papel oficial del Gobierno de España. Ningún Gobierno de España se atrevió a firmar bajo el escudo de España un atraco de tal dimensión a los principios democráticos.

En cualquier democracia de nuestro entorno, en el supuesto de que sus gobernantes hubieran intentado perpetrar un ataque de esas características al orden constitucional, se hubiera producido una reacción inmediata en defensa de la democracia y de los derechos de ciudadanía. Ninguna sociedad democrática hubiera consentido el atraco a la democracia que supone que el Gobierno de su país proclame que va a iniciar, fuera del Parlamento, un proceso para mercadear con los derechos de ciudadanía de todos los españoles.

Toda sociedad democrática se rebelaría contra su Gobierno si este se atreviera a calificar de “conflicto político” a un golpe contra la democracia perpetrado desde una de sus regiones y encabezado por sus autoridades autonómicas.

Toda sociedad democrática se enfrentaría a un presidente de Gobierno que asume la filosofía de los golpistas, una vieja fórmula totalitaria que equipara a los demócratas con sus enemigos, pues ese y no otro es el significado de calificar como “conflicto” los actos delictivos.

Cualquier sociedad democrática consideraría que su Gobierno está incurriendo en un acto de complicidad con los delincuentes al proclamar que suscribirá acuerdos con unos tipos juzgados y condenados por los más graves delitos contra la democracia que no sólo no se han arrepentido sino que se comprometen a trabajar, ahora otra vez desde el Gobierno autonómico, para consumar sus delitos.

Bueno, pues eso es lo determinante del momento actual. Lo que verdaderamente importa para el futuro de nuestra democracia no es lo que digan el representante del golpista encarcelado y del golpista prófugo, sino lo que está dispuesto a hacer el tipo que vive en la Moncloa, el presidente del Gobierno de España. Cuando Sánchez se compromete –y ya lo ha hecho-  a iniciar de forma inmediata el “diálogo” con el nuevo Gobierno de Cataluña, hemos de recordar que van a “dialogar” para encontrar un acuerdo sobre la cesión de soberanía, que van a “dialogar” sobre la fórmula para ceder en esa Mesa el derecho que tenemos todos los españoles a decidir sobre el futuro de España. O sea, que le llaman “diálogo” a la cesión al chantaje.

Sánchez sabe –como los golpistas y sediciosos- que con elecciones libres y democráticas nunca podrán privar a los españoles de los derechos que nos reconoce la Constitución. Por eso aceptó  constituir una Mesa al margen del Parlamento que legitima la trayectoria golpista de quienes la impusieron para apoyar su investidura; y por eso, para seguir en el Gobierno e ir demoliendo la democracia y liquidando el sistema del 78, sigue apoyando un instrumento que desborda el sistema democrático y nos acerca al modelo totalitario de quienes dieron el golpe el uno de octubre de 2017 y hoy siguen en el Gobierno de Cataluña.

La pregunta es hasta cuándo la sociedad española va a seguir adormecida, inconsciente de que nos están robando lo más sagrado, los derechos de ciudadanía. La pregunta es qué más tiene que ocurrir para que salgamos a la calle en defensa de la democracia.