Fue un golpe de Estado y son golpistas

Pedro Sánchez ha amnistiado e indultado a quienes, en octubre de 2017,
protagonizaron un golpe de Estado en Cataluña, y solamente gracias a esas
cesiones es presidente del Gobierno. Esto lo decíamos exactamente así todos
aquellos que en España creemos en la democracia y defendemos la Constitución, pero ahora lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que no olvidemos que es el órgano judicial que se encuentra en lo más alto del poder judicial español, ya que el Constitucional es un órgano político y no judicial.

Los hechos ocurridos a consecuencia del proceso independentista catalán de octubre de 2017 que han sido amnistiados por Pedro Sánchez, incumpliendo sus promesas electorales a cambio de los votos que le permitieron ser investido, constituyen un intento de golpe de Estado, y así lo repite hasta en 10 ocasiones el auto en el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo promueve la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley de amnistía.

Explica el alto Tribunal que ellos usan la expresión golpe de Estado «no en un sentido estrictamente político, fuera para ensalzarlo o para denostarlo, sino arraigado en el concepto que de golpe de Estado proporcionan, ya desde antiguo, las enseñanzas de Hans Kelsen», prestigioso jurista y filósofo austríaco que ya a finales del siglo pasado definió golpe de Estado como «una modificación o una sustitución de la Constitución que no se realiza conforme a las disposiciones constitucionales».

Efectivamente, nuestra Constitución no permite que ninguna Comunidad Autónoma declare su independencia de España, como tampoco lo autoriza el Tratado de la Unión Europea; luego quienes lo hicieron intentaron dar un golpe de Estado, ya que trataron de alterar el orden constitucional sin seguir los cauces legales establecidos para ello; y todos los delitos por los que fueron condenados los golpistas y ahora se pretenden amnistiar, iban encaminados a lograr el éxito de aquel golpe de Estado felizmente fallido, que trató de atentar gravemente contra nuestro orden constitucional.

Afortunadamente en España y por mucho que le pese a Sánchez, todavía existe separación de poderes y los hechos probados sólo pueden dictaminarlos los jueces y no los políticos que se sientan en las Cortes ni los que ocupan un puesto en el Tribunal Constitucional. El sistema judicial español demostró, con la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que Bildu formaba parte de ETA y así lo sentenció, aunque luego vinieran los políticos a blanquear a los etarras permitiéndoles primero presentarse a las elecciones, como hicieron los políticos del Tribunal Constitucional, para posteriormente poder pactar con ellos, como hicieron más tarde los políticos del PSOE; los hechos probados siempre acreditarán que ETA no ha desaparecido, sino que se ha transformado en Bildu y sólo de momento, ha dejado de matar para lograr sus objetivos.

Del mismo modo el sistema judicial español ha determinado que Pedro Sánchez ha indultado y está intentando amnistiar a unos golpistas, a cambio de los votos que le permiten gobernar. Y estos hechos no podrán tampoco ser cambiados ni por los políticos del Congreso, ni por los del Tribunal Constitucional, que a lo mucho que pueden aspirar es a pronunciarse acerca de si los golpistas pueden ser amnistiados.

Del mismo modo que no se puede llamar terrorista al que colabora con ETA sin entrar a formar parte de la banda asesina, como por ejemplo hizo el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por lo que en 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión; tampoco se puede decir que  el que pacta con los golpistas se convierta en uno de ellos. Pero igual que ya era correcto afirmar que Sánchez es socio de proetarras, a partir de ahora y gracias al Tribunal Supremo podemos afirmar que es presidente del Gobierno porque cedió ante sus socios golpistas.