La fórmula Juncker: ¡Ruina y reelección!

«El Estado es esa gran ficción por la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a costa de todo el mundo».  — Frédéric Bastiat

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha emitido desde Basilea un dictamen que va mucho más allá de la prudencia técnica habitual. Su informe de diciembre de 2025 confirma lo que muchos temíamos: la expansión del crédito y la ingeniería financiera han creado un escenario de fragilidad sistémica sin precedentes. La llamada «banca en la sombra» (Shadow Banking) y la deuda pública han conformado una alianza tóxica que amenaza la estabilidad global.

Los datos revelan una transformación estructural del sistema financiero. Los intermediarios no bancarios (NBFI) gestionan ya el 74 % del PIB global, una cifra que cuadruplica el peso relativo de la banca tradicional respecto a 2008. Paralelamente, la deuda soberana de las economías avanzadas se encamina hacia el 170 % del PIB para mediados de siglo. Aunque el diagnóstico del BIS acierta en la técnica, su propuesta choca frontalmente con la realidad de los incentivos políticos.

Jean-Claude Juncker resumió esta parálisis con una franqueza poco habitual: «Sabemos exactamente lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos si lo hacemos». Esta declaración expone la fractura fundamental de la democracia socialdemócrata: la incompatibilidad entre el ciclo electoral de corto plazo y la solvencia económica de largo plazo. El sistema político actual premia el gasto presente financiado con deuda futura, trasladando la carga fiscal a generaciones que aún no votan o diluyéndola mediante la inflación. La racionalidad económica queda así subordinada a la supervivencia política.

El auge de la banca en la sombra debe entenderse como una consecuencia directa de la hiperregulación. Las normativas de Basilea III, al encarecer la intermediación bancaria tradicional, forzaron al capital a buscar vías alternativas a través de fondos de inversión y vehículos especiales. Estas entidades, operando con un descalce de plazos estructurales, financian activos a largo plazo mediante pasivos de vencimiento inmediato. El colapso de los bonos británicos en 2022 sirvió de advertencia sobre la volatilidad de este modelo, donde el riesgo de liquidez es constante.

El BIS señala correctamente los peligros del apalancamiento y la concentración de riesgos, pero las soluciones regulatorias que propone ignoran la raíz del problema. Ningún gobierno está dispuesto a asumir el coste político de la disciplina fiscal mientras pueda recurrir al endeudamiento barato. Existe una preferencia sistémica por mantener la ilusión de solvencia antes que afrontar los ajustes necesarios.

Desde la óptica de la libertad, el problema trasciende la mera gestión financiera; reside en la naturaleza misma del Estado como emisor de pasivos. Al operar bajo el paraguas de un banco central y el monopolio de la moneda, el Estado elimina el riesgo de quiebra real, distorsionando las señales de precios que en un mercado libre fomentarían la prudencia. La deuda pública, lejos de ser un contrato voluntario, se convierte en un mecanismo de expropiación diferida sobre el patrimonio de los ciudadanos. Los grandes actores financieros, conscientes del respaldo implícito del sector público, asumen riesgos que jamás tolerarían sin esa red de seguridad.

Una verdadera solución exigiría desmantelar el monopolio monetario y devolver la responsabilidad al mercado. Sin la capacidad de monetizar déficits o coaccionar al contribuyente, la financiación de infraestructuras y servicios tendría que basarse en el ahorro real y la confianza voluntaria. En ausencia de privilegios estatales, el crédito volvería a estar ligado a la capacidad de pago y a la valoración honesta del riesgo.

Sin embargo, la inercia política empuja en la dirección opuesta. El Banco Central Europeo sigue sosteniendo el mercado de bonos, permitiendo que gobiernos y fondos mantengan posiciones insostenibles. Cualquier perturbación (sea inflacionaria o geopolítica) podría desencadenar una crisis de liquidez que obligaría a las autoridades monetarias a elegir entre la defensa de la moneda o el rescate del sistema. La historia sugiere que optarán por sacrificar el valor del dinero.

España, con una deuda pública del 120 % del PIB y una economía altamente dependiente del crédito, se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. Un retorno a tipos de interés reales dejaría al descubierto la insolvencia de gran parte del tejido público y financiero. El ajuste, inevitable por pura lógica contable, se manifestará probablemente a través de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, transfiriendo riqueza de los ahorradores a los deudores.

La advertencia de Juncker y los datos del BIS apuntan a la misma conclusión: el sistema actual se sostiene sobre una ficción de liquidez infinita. Mientras el Estado mantenga su capacidad de manipular el dinero y el crédito para eludir la realidad, la deuda seguirá creciendo hasta que el mercado imponga su ley. Como señaló Bastiat, la ficción estatal tiene un límite, y ese límite es la realidad económica que ya empieza a imponerse.

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.