La equivocada política económica del Gobierno

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas es un auténtico despropósito y puede causar un grave daño a la economía, al empleo y a la prosperidad. Lo es desde el punto de vista de incremento de gasto; de subida de impuestos; del riesgo en el que se ponen las pensiones al abandonar el factor de sostenibilidad como elemento de revalorización; del incremento del sueldo de los empleados públicos; del intervencionismo que ataca a la libertad de la propiedad privada, puesto que para que pueda haber proyecto de Presupuestos se ha impulsado una nociva ley de vivienda, con la limitación del precio del alquiler y la reserva obligatoria de vivienda pública en las promociones, con una parte destinada a alquiler social; y de las excesivamente optimistas previsiones económicas, con escasa probabilidad de que se puedan cumplir, especialmente tras la revisión a la baja que ha llevado a cabo el INE.

El incremento del gasto es desmesurado, cuando debería bajar; la subida del Impuesto de Sociedades, en cuanto al tipo mínimo efectivo del 15% ahuyentará la inversión, y, con ello, la actividad económica y el empleo; el abandono del factor de sostenibilidad de las pensiones incrementará en 2030 el coste de las pensiones en 30.000 millones de euros, poniendo más en peligro su fragilidad; el seguir aumentando el salario mínimo reducirá más el empleo; y la inseguridad jurídica creada por el Gobierno son noticias pésimas para trazar un horizonte de crecimiento potencial de la economía.

Pues bien, por todo ello, este proyecto de PGE no se puede apoyar bajo ningún concepto. No se trata de que para apoyarlos, o para negociar el apoyo, no suban los impuestos a todos los ciudadanos; es que aunque la subida sólo fuese para “los ricos” sería también contraproducente para la economía y el empleo, pero es que con la subida del Impuesto de Sociedades van a disminuir la renta disponible de muchas personas, porque perderán el empleo por huida de inversiones. Pero es que, además, se trata también de los incrementos en gasto, sueldos públicos y pensiones descritos antes, insostenibles todos ellos. Sólo podría negociarse el apoyo para un presupuesto que fuese de base cero, es decir, en el que se cuestionase la utilidad y validez de toda partida de gasto, para hacerlo eficiente y ponerlo en el camino del cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria y que impulsase la recuperación. Mientras los presupuestos no los cambie el Gobierno en este sentido, quien los apoye cometerá un grave error. Hay que ajustar y reducir el gasto para poder centrarlo en lo esencial y evitar que, por no reducir el gasto general, puedan ponerse en riesgo y sufrir duros recortes posteriores por no haber hecho antes reformas.

España no puede permitirse estos presupuestos, que constituirán, de aprobarse, una oportunidad perdida. España necesita reformas, necesita no subir impuestos y bajarlos cuando sea posible, necesita dotar de seguridad jurídica al marco económico, necesita certidumbre, necesita un gasto eficiente, que se centre en lo fundamental, y necesita menos intervencionismo y más eliminación de trabas. Sólo así se podrá lograr una recuperación estructural de la economía en lugar de perder la oportunidad de hacerlo, que es el camino al que nos conducen estas cuentas públicas que el Ejecutivo pretende sacar adelante.