Del 155 al 102 CE

Si Dios no lo remedia —y no suele remediar el mal uso que nosotros hagamos de nuestra libertad— vamos a tener investidura de Sánchez con el apoyo del bloque de la moción de censura, pergeñado para desalojar a Rajoy de la Moncloa, e instalar allí a Sánchez con el concurso de una macedonia de votos diversos, pero que comparten un denominador común: el odio a España en distintos grados. Que el PSOE se prestará a ello, ha sido una indignidad política que habrá que recordar a tiempo y a destiempo, aunque sólo sea para taparles la boca cuando se atrevan a abrirla para proclamar sus «140 años de honradez».

Hago esta digresión porque, por si fuera poco —que obviamente no lo es— se aliaron con los enemigos declarados de España y con los comunistas, bajo el pretexto de una moción que «regenerara la democracia» contaminada por la corrupción del PP. Pues bien, todavía estamos esperando —es un decir—, una disculpa por la corrupción institucionalizada de los ERE de Andalucía, aunque para ellos el PSOE de la honradez nada tuviera que ver con eso, ya que los culpables eran unos cuantos cargos de la Junta; eso sí, nombrados “casualmente” por este Partido de la honradez.

Con estos precedentes, no nos debe sorprender que ese bloque separatista- comunista quiera que Sánchez siga al frente del Gobierno contra viento y marea. Piensan que «cuanto peor esté España, mejor para ellos». Pero los españoles tenemos derecho a manifestar nuestro profundo rechazo ante un Gobierno de estas características. «No sólo de pan vive el hombre», y hay valores como la dignidad, el honor y el patriotismo, que resultan pisoteados ante semejante contubernio. Sánchez pasará, pero el PSOE quedará marcado en la Historia como el partido que se prestó a mancillar la dignidad nacional para acceder al Gobierno.

Siempre habrá que recordar este episodio que —ojalá me equivoque—, va a hacer un daño inmenso a España. O lo ha hecho ya, porque el espectáculo de la negociación dirigida por Junqueras desde prisión es una afrenta inimaginable en cualquier otro país de nuestro entorno. Sus exigencias se van cumpliendo una tras otra: formato de negociación bis a bis y «entre iguales», al margen de la comisión bilateral prevista en el Estatuto, y con el objetivo de «encauzar una solución al conflicto político» de Cataluña. Eso sí, con «seguridad jurídica», fórmula utilizada para obviar toda referencia a la Constitución en el comunicado emitido de puesta en marcha de la negociación.

Ahora el Gobierno convierte a la Abogacía del Estado en su particular asesoría partidista, degradando otra institución en este proceso de contaminación tóxica del separatismo. Con la Fiscalía no se han atrevido —un honor para los fiscales—, pero Sánchez y su partido están cediendo a toda humillación exigida por Junqueras para contentar a su parroquia.

Ante tamaña ignominia, creo justificado hacer uso de un instrumento previsto para estas ocasiones en todas nuestras Constituciones que han tenido vigencia, así como en el Derecho Constitucional comparado, y que ahora se aplica contra Trump con el impeachment. Me refiero al artículo 102, que regula la acción penal contra el presidente del Gobierno por delitos como la traición o contra la seguridad el Estado, cometidos por éste. Sólo está legitimada para iniciarla la cuarta parte de diputados del Congreso (88) y, para ejercer la acción ante la Sala de lo Penal del TS, debe ser aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara. Sabemos que esta no se da, pero la lógica de esa previsión constitucional es un juicio político ante hechos de gravedad como los que acontecen, aunque no se traduzca en una querella político penal.

El mero hecho de tener ese debate, abriría los ojos de la sociedad española a la seriedad de la situación que vamos a vivir. Nunca se creyó que el 155 fuera necesario aplicarlo, y hoy en día es de general conocimiento. Ahora el supuesto del 102 se ha hecho realidad, y el PP es el único partido que puede acometerlo pues, providencialmente, cuenta con 89 diputados.