Un chantaje ante el que no se puede ceder

En esta grave circunstancia en la que nos encontramos derivada de la pandemia, que ha desembocado en la doble crisis, sanitaria y económica, que vivimos, no ha hecho falta mucho tiempo para que saliesen a relucir los intereses políticos y personales de algunas organizaciones que tratan de conseguir unas ganancias a costa de la elevada sensibilidad que los ciudadanos tienen con la enfermedad, desde el pánico que la mala gestión y la constante mala información sobre la enfermedad ha infligido en la población.

Esas ganancias que algunos tratan de conseguir, no son otras que las impulsadas por los sindicatos del sector público de la sanidad y de la educación, que no han dudado en convocar sendas huelgas, justificándolas en la precariedad de dichos servicios públicos, según los convocantes, pero circunscritas, curiosamente, sólo a la Comunidad de Madrid, que deja al descubierto que el movimiento es completamente político. No las han convocado en ninguna otra comunidad autónoma, ni en Ceuta y Melilla, donde dichas competencias -en las ciudades autónomas- son del Gobierno de la nación. No, las han convocado sólo en Madrid, o, al menos, prioritariamente, en un paso más en el cerco a dicha región. No tiene ningún sentido convocar ahora una huelga en ningún lugar, pero menos la tiene hacerlo sólo en una región.

Los sindicatos de la educación pública quisieron convocar huelga en Madrid en la semana de inicio del curso, pero la retrasaron hasta el día veintidós de septiembre, quejándose ahora de que les pueden imponer unos servicios mínimos elevados. En el ámbito sanitario, es el principal sindicato del ramo, muy ligado a políticas partidistas de izquierda, quien convoca dicha huelga, primero en atención primaria, para, después, ir extendiéndola al resto de estamentos. La prevén indefinida a partir del día veintiocho de septiembre.

¿Qué sucede? Que, simple y llanamente, piden más dinero y más privilegios para ellos, pues no sólo solicitan alzas salariales, cuando su retribución está muy por encima de la media de dichos trabajadores en el sector privado, sino que también exigen incremento de plantilla y más inversión. Y para tratar de que sus propuestas tengan fuerza, emplean como rehén en la negociación a la enfermedad provocada por el coronavirus. De esa manera, como sus reivindicaciones las hacen en nombre de la lucha contra el coronavirus y de una mayor seguridad para todos, según ellos, si no les conceden sus peticiones entonces quienes se las denieguen es que no quieren la seguridad y el bienestar de todos en esta terrible enfermedad, al tiempo que amenazan con paralizar la atención primaria en sanidad, y la recepción y enseñanza a alumnos en educación, con el consiguiente trastorno para toda la población, en el primer caso, y para alumnos y padres directamente en el segundo e indirectamente para todos los ciudadanos también, pues una peor formación de los estudiantes actuales derivará en unas peores oportunidades de desarrollo profesional y de generación de prosperidad para toda la sociedad.

Ante esto, la Comunidad de Madrid no puede ceder. Cuenta con la mejor sanidad de España -la prueba es la cantidad de derivaciones que tiene de otras regiones-, una potente red de hospitales y centros de salud, los mejores equipos tecnológicos, el mejor y más puntero cuadro de sanitarios y la mejor formación de profesionales de sanidad a nivel nacional. Por eso, pudiendo elegir, los MIR quieren ir a Madrid, porque es la mejor beca de formación que un médico puede recibir, donde, realmente, pese a las reclamaciones existentes, el dinero no es lo más importante en ese momento de la vida profesional, sino el aprendizaje, que es de la máxima calidad. En cuanto a la educación, también en Madrid se halla la mejor educación de España, junto con Castilla y León, y el sistema de enseñanza bilingüe en inglés que en su día puso en marcha Esperanza Aguirre y que se ha mantenido e intensificado con el paso de los años, hace que, realmente, un estudiante madrileño pueda contar con más oportunidades futuras.

Pues bien, dichos sindicatos sanitarios y educativos ponen sus intereses por delante de los de la sociedad. Especialmente grave es que los sanitarios pongan ahora sobre la mesa  una convocatoria de huelga, cuando todavía no hemos terminado de salir de la complicada situación sanitaria derivada de la pandemia. Quieren más dinero, trabajar sólo 35 horas a la semana (trabajan ahora 37,5 horas, menos que la jornada laboral habitual para el resto de trabajadores) y que se aumente la plantilla en más de 10.000 efectivos, que son los fichados temporalmente para la emergencia del coronavirus. Los de educación reclaman también más retribuciones, más profesores y personal sanitario en los centros.

Estas exigencias constituyen un verdadero chantaje en la actual situación, pues, aunque sea indirectamente, están jugando con los sentimientos de muchas personas, que se encuentran desasosegadas por el miedo a la enfermedad. Ante un chantaje nunca se puede ceder, y en estas circunstancias, menos todavía. Jugar con esos sentimientos de las personas, estar dispuestos a convocar una huelga, especialmente en sanidad, cuando hay un problema sanitario importante, no es digno. Los convocantes no buscan el bien común, sino su propio bien, como casi siempre suelen hacer, pero que en este caso se ve de manera transparente.

Sanidad y educación han recibido cuantiosos fondos año tras año, incrementándose en los últimos ejercicios su presupuesto. Es más, Sanidad ha pasado de tener un presupuesto de 7.000 millones de euros al año en 2015 a contar con uno, en ejecución, de casi 9.000 millones anuales en 2019. Pese a la escasez de recursos que hubo en la anterior crisis, siempre se priorizó la sanidad, cuyo presupuesto crecía año tras año en peso sobre el presupuesto total de la Comunidad de Madrid, hasta llegar a ser casi el 50% del mismo. De hecho, todo el incremento del presupuesto regional madrileño que se dio entre 2003 y 2015 fue íntegro a sanidad, todo. Educación también creció gracias a compensarlo con la disminución de otras áreas menos importantes. De hecho, cuando hubo recortes salariales impulsados por el Gobierno de la nación, que marca la normativa básica estatal del sueldo base de la función pública, en Madrid se aplicó, a través de los complementos en los que tenía competencia, un porcentaje mayor a los altos cargos y a los altos funcionarios, pero exceptuando de estos últimos a los médicos, que no tuvieron que contar con esa rebaja adicional.

En Madrid se hizo un gran esfuerzo de racionalización del gasto público entre 2008 y 2015, para hacerlo más eficiente y para disminuir las partidas prescindibles con objeto de poder concentrar todos los recursos en lo esencial: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por supuesto, Madrid tuvo que soportar innumerables huelgas convocadas por los mismos o similares a los de ahora, pero se mantuvo firme. Luego, entre 2015 y 2019 se cometió el grave error, al amparo de la fuerte recuperación económica en la región y en el conjunto de España, conseguida gracias a la austeridad, eficiencia y priorización anterior, de incrementar sin freno toda petición llegada desde cualquier ámbito reivindicativo. ¿Dio esta cesión un mejor nivel de servicios que entre 2008 y 2015? No. Lo que dio fue un gasto estructural 3.000 millones de euros mayor al año -el presupuesto de gasto pasó de 17.000 millones en 2015 a más de 20.000 millones en 2019-, que incrementó en 1,3 puntos de PIB el déficit estructural de Madrid y que asfixia las cuentas en una situación de retroceso económico como la actual: los ingresos coyunturales se van pero el gasto estructural germinado en ese período mencionado, se queda, tensando negativamente el saldo presupuestario.

Por eso, ahora no puede ceder Madrid. Tiene el ejemplo de dos actuaciones diametralmente opuestas: la racionalización y eficiencia llevadas a cabo entre 2008 y 2015, soportando huelgas, pero teniendo determinación en la gestión y obteniendo buenos resultados que permitieron sanear las cuentas e impulsar la recuperación económica y laboral, y la cesión ante los chantajes de huelga ente 2015 y 2019, que tensa el déficit y la deuda y atenaza la recuperación. Si Madrid cede y opta por ceder al chantaje de los huelguistas, sólo conseguirá incrementar el gasto, que a la larga no podrá afrontar, máxime en plena caída económica como la que hay en España, que es una auténtica hecatombe; le tomarán la medida, de manera que las exigencias no acabarán ahí, sino que habrá más y más cuantiosas cada vez; y, además, no comprará tranquilidad y paz, pues el ataque político seguirá.

Salvando las distancias metafóricas, Churchill le dijo a Chamberlain, cuando este último firmó el pacto de Múnich, “os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra; elegisteis el deshonor y tendréis la guerra”. Una elección similar es la que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, aunque sea en otro ámbito bien distinto. Si cede, no sólo tendrá problemas presupuestarios crecientes, más de los que todas las administraciones van a tener ya de por sí, y no sólo no habrá conseguido que cese el cerco sobre la región, sino que habrá claudicado en la defensa de unas ideas de gestión que se han demostrado mejores, y habrá aceptado lo que casi todos los gobernantes han asumido ya: que el gasto hay que incrementarlo siempre y que es la solución a todos los males, cuando lo único que se consigue con el incremento del gasto de manera exponencial, irracional e insostenible, es frenar el crecimiento, cercenar las posibilidades de empleo, aumentar el déficit y la deuda y, probablemente, los impuestos -que el Gobierno de la nación terminaría obligando a subir ante un desequilibrio presupuestario-. Si eso sucede, será el triunfo definitivo del mensaje e ideas intervencionistas, de la socialdemocracia, que sólo sabe gestionar cuando hay dinero, porque cuando se acaba, al no haber ideas eficientes, entra en colapso. Confiemos en que la Comunidad de Madrid elija sabiamente.