Balada triste de trompeta

Lo único positivo del pleno de ayer es que comienza a correr el plazo de dos meses para que pueda ser investido un presidente o presidenta del Govern o que, en su defecto, se produzca la disolución automática del Parlamento de Cataluña. El resto, pues, como en la película del título, un arranque vistoso en los prolegómenos de la investidura preventiva, seguido de un guion precipitado en el que la estrategia, política y jurídica, brilló por su ausencia. Porque esa precipitación, originada por el intento de dar una respuesta mediáticamente explotable a la citación efectuada por el magistrado Llarena a los próceres del procés, derivó en un discurso, perdón, una lectura, por parte del candidato Turull, sin fuerza y sin programa de gobierno definido, que fue seguida de un debate previsible y una votación que transcurrió tal y como la CUP había anunciado minutos antes de que comenzara el pleno.

Todo transcurrió sin sorpresas hasta que, después de haber votado, Marta Rovira, Carmen Forcadell y Dolors Bassa anunciaron su renuncia al escaño y, el mismo viernes por la mañana, la señora Rovira haya dado plantón al Tribunal Supremo y se haya, ella también, “autoexiliado”. Grandes errores estratégicos jalonan este cambio de tercio, Y digo cambio de tercio porque no tengo ninguna duda de que nada va a ser igual a partir de este fin de semana. El principal error que el secesionismo ha cometido, no sólo ahora, sino desde que hace largos años se situó en ese escenario, consiste en la creencia de que su pulso al Estado iba a triunfar, que “en Madrit” no se atreverían a actuar. No han querido ver que su posición tiene como destino natural el fracaso, no sólo aquí, sino en cualquier democracia, pues ningún Estado democrático permanece impasible cuando se le pretende destruir. Las democracias tienen todo el derecho y el deber de defenderse y tienen, también, los instrumentos pertinentes para ello.

En este caso concreto han sido el Tribunal Constitucional y el Poder judicial quienes, en ejercicio de sus funciones constitucionales, han protagonizado buena parte de la defensa del orden democrático. Ya he manifestado en diversas ocasiones que los jueces tienen tanto más protagonismo cuanto peor lo hacen los políticos… La insistencia en situarse fuera de la legalidad que el secesionismo ha protagonizado durante los últimos años contrasta con el tono que utilizaron quienes intervinieron ayer en el debate de investidura. No efectuaron soflamas como las habidas en los plenos de la anterior legislatura, pero, ayer, nunca se evidenció por su parte si el Gobierno que, partiendo de la mayoría numérica parlamentaria que —aparentemente y en principio— tienen, pretendían formar, se situaba dentro o fuera del marco de la ley. Y es algo que tiene que quedar meridianamente claro si se pretende, como decían, no sólo ellos, construir puentes, tender lazos y coser las costuras de esa sociedad quebrada en la que han transformado a Cataluña.

Constitucionalismo

No se puede recomponer nada sobre bases falsas y, tristemente, no se aclararon estas cuestiones, básicas para poder avanzar política, económica y socialmente. Y no sólo respecto de la presente investidura sino de cara a futuras alianzas, en futuras elecciones y/o futuros acuerdos legislativos. Ha sido también esa insistencia en resistir a la ley lo que ha originado que alrededor de unos 40 cargos políticos del secesionismo estén siendo investigados por diversos delitos entre los cuales, incluso el de menor peso penal, la desobediencia, también lleva consigo pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos. De prosperar las acusaciones y derivar en condenas, estaremos, en los próximos años, quizás meses, ante la renovación más importante que se haya podido producir en las cúpulas de los partidos secesionistas. Tendrán que tenerlo en cuenta no sólo en relación con la posibilidad de una investidura efectiva en estos próximos días, sino en diversos ámbitos. Por una parte, si se disolviera el Parlament por no haber acuerdo de investidura, en la confección de las próximas listas autonómicas.

Por otra, teniendo en cuenta que en 2019 tenemos elecciones municipales y europeas, pues ahí aparecen también incidencias derivadas de tales situaciones de inhabilitación. Y no tengo duda de que ello tendrá también su influencia en la esfera política española. Está todavía por ver, pero es necesario tener estrategias al respecto, que no conduzcan a callejones sin salida. Cabe también destacar la torpeza política con que se ha actuado desde la propia institución parlamentaria, concretamente, el enorme error del presidente del Parlamento, no sé si por propia decisión o auspiciado desde el “espacio libre en el exilio”, dando por sentado que, “frente a la agresión y la intromisión judicial”, la CUP, que ya había anunciado su oposición a un gobierno “autonomista” y a la propia persona del candidato Turull, iba a adentrarse sin más en el laberinto que se estaba construyendo, entre Junts per Catalunya y ERC, dirigido a que el Tribunal Supremo se tuviera que enfrentar a un procesado que fuera, al menos, president de la Generalitat electo.

El golpe de efecto que pretendía lograr con ello, porque estaba claro que lo que menos le importaba es que se pudiera formar un gobierno dentro de la legalidad, podía haber sido mediáticamente esgrimido, especialmente en el extranjero o entre los sectores que tuvieran difícil distinguir entre los tiempos y métodos políticos y los tiempos y métodos judiciales. O que no fueran conscientes, o no quisieran serlo, de que, en democracia, los jueces tienen la última palabra en todo lo que no sea el contenido de la ley. Y aún éste puede, en todas las democracias, estar sujeto al control de los Tribunales Constitucionales. Porque, frente a la consideración del secesionismo, relativa a que el Parlament de Cataluña es soberano y que, por lo tanto, no puede existir control judicial sobre los parlamentarios, es necesario recordar dos cosas.

Primero, que el Parlament de Cataluña no es depositario de soberanía alguna, puesto que son las Cortes Generales quienes representan al soberano que es el pueblo español, por expresa disposición constitucional. Y, segundo, que los legisladores elegidos no pueden ser controlados jurisdiccionalmente en cuanto tales únicamente respecto del contenido de la ley —salvo el control de constitucionalidad, como acabo de advertir— pero sí respecto de todo otro acto, parlamentario o no, que realicen y que pueda generar responsabilidades jurídicas de cualquier orden, no exclusivamente penal. De ahí que sea tan importante dejar las cosas claras. ¿Vamos a poder formar un gobierno que actúe en el marco de la legalidad o no? Necesitamos que las fuerzas políticas, especialmente las, hasta ahora, secesionistas, lo dejen claro.