Un amaño de dos millones y medio de euros

El informe de la Intervención del Estado que llega a calificar de «fraude de ley» la concesión de un concurso público de Red.es, controlada por el Gobierno, al socio de Begoña Gómez describe una situación que resulta escandalosa y que entra de lleno en el terreno del Código Penal, pues se habrían cometido presuntamente toda una amalgama de delitos.

Y es que, como informa OKDIARIO, una de las empresas rival de la sociedad de Juan Carlos Barrabés fue privada de la adjudicación del contrato a través de una burda maniobra consistente en bajarle la puntuación en uno de los aspectos valorativos, pese a que ese aspecto valorativo había recibido una puntuación mayor en otro lote análogo, de forma que si se hubieran establecido criterios homogéneos habría resultado adjudicataria de un contrato de dos millones y medio de euros. No lo fue y el socio de Begoña obtuvo por los pelos la mayor puntuación.

Porque una cosa es la falta de transparencia y el hecho de que la mesa de contratación se saltara principios legales en materia de contratación pública. Eso, siendo grave, no lo es tanto como que los evaluadores privaran a una empresa de un contrato millonario para primar a la de Juan Carlos Barrabés.

Lo que hicieron -no hace falta perderse en tecnicismos- fue un amaño en toda regla. Y cuesta creer que lo hecho fuera resultado de un error o incluso de una negligencia, porque bajarle a una empresa la puntuación para que perdiera por la mínima frente a la del socio de Begoña Gómez responde a un plan intencionado.

Eso es delito se mire por donde se mire. La cuestión de fondo es quién ordenó adjudicar de manera fraudulenta un concurso público millonario al empresario de cabecera de la mujer del presidente del Gobierno. Eso es lo que hay que aclarar. O dicho de otro modo: ¿La carta de recomendación a Barrabés que envió Begoña Gómez a Red.es decidió el concurso? Y ya puestos, ¿la orden vino de Moncloa?