6 razones, 6, para derogar la última ley de Bildu y PSOE

Hace tiempo les contaba que esto de la memoria democrática no iba con el 36, que de lo que iba era del 78 y ha venido la propia portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Aizpurua, a darme la razón diciendo que la nueva Ley abre «un camino para poner en jaque el relato de la Transición». Quizá, si lo dice Merche, aquellos bienpensaos que aún votan al PSOE empiecen a ver que no es el franquismo lo que molesta a Sánchez y a sus socios, sino la Transición y lo que ella supuso y supone.

Decir que hay que investigar las violaciones de derechos humanos hasta 1983 es acusar a tres Gobiernos cuando España ya era una democracia, cuando ya había ratificado la Convención Europea de los Derechos Humanos, tenía una Constitución que recogía aquellos derechos, y jueces y tribunales garantizaban esos derechos.

Los etarras que quisieron pudieron acogerse a la ley de amnistía del 77 que, también para ellos, era un borrón y cuenta nueva. Pero algunos prefirieron seguir matando, secuestrando y extorsionando. Merche lo lamenta, como quien lamenta llegar tarde a una cita o mancharse la camisa. Porque lamentar no significa repudiar o rechazar, y cuando se le pide eso, el rechazo de la violencia armada, la socia del PSOE mira para otro lado.

Lo que sí que intenta la de Bildu es legitimar su lucha y por eso quiere, con Sánchez de rebajas, modificar el relato de una época, para que aquellos gudaris, que disparaban por la espalda a hombres desarmados y mataban a mujeres y niños, sean vistos como víctimas de un Estado opresor. Y para ello ha pedido que se cree una Comisión que estudie las violaciones de derechos humanos hasta 1983. Allí, quienes hoy violan los derechos humanos en Cataluña o no rechazan la violencia en el País Vasco, escarbarán en el ayer para intentar justificar lo injustificable.

Si, al menos, esta repentina preocupación de Bildu por los derechos humanos sirviese para esclarecer los 349 asesinatos que aún quedan por resolver o para recordar el exilio a que se vieron obligados más de 200.000 vascos amenazados; pero me temo que para eso no será la comisión que nos trae esta ley. Ya sabemos para que servirá.

Pero Sánchez, para llegar a fin de mes, les sigue el cuento y con esta Ley les regala, además de la Comisión, el Palacio de la Cumbre de San Sebastián, donde, qué se apuestan, pronto rodarán un documental en esa línea de legitimación etarra.

Esta es la primera razón para tirar esta ley a la papelera. Si hay delitos se investiguen en los juzgados, lo demás son circos al servicio de otras causas, como, en este caso, legitimar lo ilegitimable e ilegitimar la transición. Pero, como decía, hay 5 razones más:

2ª: Es innecesaria. La izquierda siempre viste sus intenciones con una buena razón, con una causa noble que engatusa a los votantes. En este caso se aprovecha (e incluso incita) del duelo de los descendientes de quienes fueron enterrados en fosas comunes o cuyos restos siguen en las cunetas y quiere que sean recuperados y enterrados dignamente. Nadie se opone a ello, ni tampoco se opone nadie a prohibir las injurias o las humillaciones a las víctimas. Pero para ello no hace falta una ley. Basta una aplicación presupuestaria y el código penal. Pero ya lo sabemos, lo que realmente pretende la ley es aquella deslegitimación de la transición y dividir a los españoles.

3ª: Es sectaria y revanchista. La ley presume de querer garantiza la verdad y la justicia pero al mismo tiempo acota temporalmente y teleológicamente cualquier investigación. ¿Es posible conocer la verdad si se acota la investigación? Y es que la memoria busca la adhesión y la conmemoración, no la investigación. La historia es integradora, observa en la distancia y pretende enseñar. La memoria, en cambio, es parcial, selectiva, manipuladora, descontextualiza y mira con ojos de hoy acontecimientos de ayer.

Así, no es de extrañar que la República ni sus dos mil muertes violentas sean objeto de recuerdo. Aquel periodo debe ser recordado como una alegre democracia, no como la oscura España de los 80. La ley presenta una historia de buenos y malos y en su sectarismo, mientras permite los ongietorris, se avisa de multas de hasta 150.000 por exaltación del franquismo. O todo o nada.

Y, encima, esta versión sesgada se va a llevar a los colegios donde se va a imponer en libros de texto y en los planes de formación del profesorado, tal como dice la ley.

4ª: Es injusta. No hay mayor injusticia que la generalización. Ni todos los represaliados eran luchadores por la democracia ni todos los que vivieron del o para el régimen eran fascistas opresores. Pero la ley así los presenta. La ley censura a cualesquiera participantes en organizaciones que sustentaron la dictadura, lo que supone estigmatizar a miles de españoles, que como un concejal de pueblo, se limitasen, dentro del régimen, a trabajar por su vecinos en la medida de sus posibilidades.

5ª: Es otro despilfarro. La ley abre las puertas a financiar su ingeniería social con dinero público a medios de comunicación, literatura, cine y crea otro chiringuito innecesario, el Centro de la Memoria Democrática.

6ª: Y ya, si me lo permiten, porque me gustaría que la Cruz del valle de los Caídos siga donde está. Que sea la Cruz y no una horrible estatua de algún amiguete escultor la que presida y dé unidad al Valle.

Pero en fin, cuando un falsificador de tesis y una condenada por apología del terrorismo pactan una ley y nos dicen que es en aras a la verdad y a la democracia, ¿qué puede salir mal?