Ayuso reactiva la Ciudad de la Justicia: concentrará 28 sedes judiciales en 375.000 m²

El Gobierno de la Comunidad, presidido por Isabel Díaz Ayuso, reactiva el proyecto de la Ciudad de la Justicia. El consejero del ramo, Enrique López, va a presentar este miércoles el proyecto en el seno del Ejecutivo autonómico. En total, las 28 sedes judiciales de la capital unificadas en un solo complejo que superará los 375.000 metros cuadrados y pretende tener la primera piedra colocada en 2023

La nueva ciudad judicial se levantará gracias a un modelo concesional para su construcción, conservación y explotación. La Comunidad de Madrid empezará a pagar la infraestructura una vez recepcionada la obra, aproximadamente tres años después de que a principios de 2023 entre la maquinaria al solar. El desembolso se desarrollará en 36 años. Tras ese periodo, la administración regional verá aumentado su patrimonio público (edificios que alcanzarán vidas útiles de entre 75 y 100 años).

Enrique López destaca que estamos ante la mayor operación judicial del siglo XXI en España. El resultado será convertir el barrio de Valdebebas en la mayor macrosede judicial del Sur de Europa. Todo ello conectado con un intercambiador de transportes ya en marcha también por el Gobierno regional y ubicado junto al Aeropuerto de Barajas. Se invertirán 32,8 millones en esa infraestructura.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha impulsado este proyecto en un suelo de propiedad pública junto al flamante Instituto de Medicina Legal y al Hospital Isabel Zendal. Gracias a esos terrenos de la Comunidad se podrá poner en marcha una operación que, debido a su potencial, transformará para siempre el Noreste de la capital, convirtiéndose en «un hito del desarrollo futuro de la ciudad».

Centro de España

Como explica López, “el partido judicial de Madrid es el centro judicial de España”. De hecho, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo en 2020 –año de la pandemia-, el partido judicial de Madrid recibió 328.133 asuntos, casi los mismos de Barcelona (151.122), Sevilla (114.119) y Valencia (95.452) juntos.

Por ello, “por eficiencia, racionalidad, y mejora del servicio, necesitamos la Nueva Ciudad de la Justicia”. “Si no existiera el proyecto, habría que inventarlo”, detalla el consejero. Precisamente, para la puesta en marcha de este mastodonte, la administración regional, consciente de las dificultades, está dando «pasos lentos, pero seguros». En esa tramitación, el Ejecutivo regional se vio reforzado por la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Dio vía libre al Gobierno a iniciar su propio proyecto y dejar atrás los malogrados proyectos anteriores.

“En términos de eficiencia, comodidad y racionalidad tiene todo el sentido que Madrid cuente con una Ciudad de la Justicia como tienen Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga. Es una anomalía histórica que debemos corregir”, argumenta López y su equipo.

Estudio de viabilidad

Para cerrar la operación con éxito, la Comunidad encargó, tras un concurso público, un estudio de viabilidad económica para la construcción, conservación y explotación del proyecto. En las próximas semanas se someterá a información pública el proyecto.

La Nueva Ciudad de la Justicia optará por el modelo que ya se empleó, por ejemplo, para la construcción, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la Ciudad de la Justicia de Barcelona inaugurada por José Montilla (PSC) o las obras de la central hidroeléctrica de Láncara del Ministerio para la Transición Ecológica. El modelo concesional, previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, ofrece seguridad jurídica plena.

Sin endeudamiento

Así, la inversión inicial serán 507 millones de capital privado, que asume todos los riesgos. De esta forma, se asegura la estabilidad financiera de la Comunidad y, en un escenario de “contención presupuestaria” como el actual, la fórmula de la concesión no supone mayor endeudamiento.

El estudio plantea una concesión de hasta 40 años con un canon anual de 50 millones al año. Se pasará de los actuales 228.000 metros cuadrados de superficie que la Comunidad destina a la Justicia en la capital a más de 375.000 metros, un 65% más. Es casi el doble de IFEMA.

La adjudicataria del contrato de construcción obtendrá, además del canon anual, ingresos por la explotación comercial en los bajos y el entorno de los edificios: restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, guardería, farmacias, gimnasios, aparcamientos y servicios diversos para los empleados del mundo judicial y el público general que acuda a la nueva Ciudad de la Justicia. Por su parte, el concesionario, además de construir, deberá asumir el mantenimiento, la seguridad, la limpieza, el archivo y la atención al ciudadano, entre otros.

Se calcula que unas 31.000 personas podrán hacer uso a diario de la nueva infraestructura. Será el centro de trabajo de 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados, 558 letrados de la administración de Justicia y casi 100 forenses que cada día hacen que funcione la Justicia madrileña. El proyecto constructivo recoge además espacio de reserva para el crecimiento futuro de estas plantillas.