El alcalde socialista de Alcalá de Henares adjudicó contratos a familiares de sus concejales

El último alcalde socialista de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios,  adjudicó contratos menores por valor de miles de euros a empresas dirigidas por familiares de algunos de sus concejales durante los años en los que gobernó la ciudad madrileña, de 2019 a 2023. En concreto, adjudicó contratos a dos empresas cuyos dueños son familiares directos de sus concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, que siguen formando parte de la corporación municipal.

El gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ahora en manos del Partido Popular, encargó la realización de dos expedientes de información reservada para investigar una posible existencia de irregularidades a fin de constatar que estos hechos pudieran ser constitutivos de falta disciplinaria u otro tipo de responsabilidad. En el próximo pleno se votará la creación de una comisión especial de investigación para dirimir responsabilidades políticas de las actuaciones llevadas durante la etapa del socialista Rodríguez Palacios como alcalde.

Estos contratos menores a las empresas de familiares de los concejales socialistas fueron aprobados en el seno de la Junta de Gobierno, donde la mayoría de las ocasiones, las concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra estaban presentes.

«Más allá de las responsabilidades jurídicas que pudiesen dirimirse en un juzgado y al que por supuesto acudiremos, el equipo de gobierno actual quiere aclarar todas estas responsabilidades. No solo de las concejalas señaladas, sino de los miembros de corporación y otros altos cargos eventuales y de confianza del gobierno anterior, inmersos en este irregular y amoral procedimiento de contratación con familiares», explican desde el Partido Popular de Alcalá.

«Como ustedes saben, el texto refundido de la ley de contratos del sector público en su artículo 60 apartado 1.g) prohíbe que personas relacionadas con cargos electos contraten con el sector público. En concreto, se hace referencia a cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad», añaden.

El objeto de esta comisión es saber si ha existido un conflicto de intereses de estas personas al formar parte del equipo de gobierno que adjudicaba contratos a sus familiares y qué incidencia han tenido en el procedimiento de licitación y si se inició, como manda la ley, un procedimiento por parte del anterior Gobierno de Rodríguez Palacios para aclarar la existencia de ese conflicto de intereses con el correspondiente informe de los servicios jurídicos que marca la ley.

«El ex alcalde Rodríguez Palacios es experto en pedir explicaciones a todo el mundo por hechos mucho menos graves que los que vamos a pedir que se investiguen en esta comisión. Ni Rodríguez Palacios ni nadie de su equipo aún han dado ningún tipo de explicaciones, y los alcalaínos tienen derecho a saber todos los detalles», sentencian desde el PP.

Por otro lado, los populares inciden en querer saber si el portavoz socialista está comprometido de manera real con investigar posibles casos de corrupción en la administración pública o solo en el uso partidista de todas las instituciones de Estado «para crear bulos que tapen la propia corrupción de su partido a nivel nacional y de su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares».

«Desgraciadamente, vemos que parece habitual que los socialistas contraten con las empresas de sus familias, o beneficien a las mismas.
Lo hemos visto en el caso de la Directora General de Igualdad, que adjudicaba los puntos violeta a la empresa de su pareja (caso muy similar al que nos ocupa) y por la que tuvo que ser cesada. O sin ir más lejos, vemos como los familiares directos del presidente del Gobierno (esposa y hermano) se encuentran inmersos en procesos de investigación», denuncian desde el PP.

Cabe recordar que Javier Rodríguez pidió la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que su hermano había cobrado 300.000 euros por una comisión. En una rueda de prensa, él mismo aseguró: «Si eso me hubiera ocurrido a mí, estaría dimitido de manera inmediata».

Ahora el PP espera que cumpla con sus palabras y si hay hechos constitutivos de delito, abandone la alcaldía tanto él como las concejalas que cometieron estas irregularidades.