El Gobierno de Zapatero impidió expulsar a un tunecino acusado por el CNI de dirigir campos de Al Qaeda en Sudán

Tras los atentados del 11-M, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero frenó la expulsión de España de un ciudadano tunecino, Ridha El Barouni, que según varios informes del CNI había dirigido campos de entrenamiento de Al Qaeda en Sudán.

En aquel momento, el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos había comenzado a fraguar su Alianza de Civilizaciones. La expulsión de España de El Barouni habría sido considerada como un gesto hostil por los aliados que Zapatero deseaba incorporar a su proyecto ante las Naciones Unidas.

De este modo, el Gobierno de Zapatero decidió hacer caso omiso de los informes del CNI, emitidos en 2002 y 2005, y el tunecino Ridha El Barouni pudo permanecer en España hasta 2011, cuando regresó voluntariamente a su país gracias al cambio político que allí se había producido.

El Barouni había llegado a España tras viajar por Libia, Turquía y Siria. Solicitó asilo político en España alegando que sufría persecución en su país porque desde 1979 era responsable sindical del movimiento Ennahda, ligado a la organización internacional de los Hermanos Musulmanes.

«Un peligro para la seguridad nacional»

Según expuso en su solicitud, había sido detenido varias veces en Túnez entre 1980 y 1991, por motivos políticos. En 1991 fue procesado por el incendio de una sede del Gobierno, pero quedó absuelto. Pocos meses después, fue detenido de nuevo y condenado a seis meses de cárcel en un centro de seguridad.  Logró escapar y huyó a Libia, donde residió durante tres años. Luego viajó en barco a Turquía y de allí voló a Siria, para llegar finalmente en España.

Sin embargo, el Ministerio de Interior le denegó en junio de 2002 la condición de refugiado y el derecho de asilo por considerar que constituía «un peligro para la seguridad del Estado español», atendiendo a un primer informe del CNI que ofrecía detalles muy distintos de su trayectoria política.

El informe señalaba que el movimiento Ennahda, a la que pertenecía El Barouni, es «una organización terrorista cuyo objetivo es instaurar en Túnez un régimen teocrático regido por una interpretación extremista de la ley coránica». Según el mismo informe, esta organización «ha recurrido en numerosas ocasiones al terrorismo para intentar conseguir sus objetivos políticos». Varios miembros de Ennahda habían recibido entrenamiento militar, en el manejo de armas pesadas y explosivos, en campamentos yihadistas de Irán, Afganistán y Bosnia.

El CNI añadía que el propio Ridha El Barouni había recibido «instrucción paramilitar y terrorista en los campamentos de Al Qaeda de Sudán», antes de viajar a Siria. Ya instalado en España, se había convertido en presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV).

La Alianza de Civilizaciones de Zapatero

En 1998 había comenzado a trabajar en la empresa de Castellón Torretas Cerámicas, cuyo propietario,  el sirio Khair Al Saqqa, fue sido detenido en 2002 por orden del juez Baltasar Garzón, en la Operación Dátil, acusado de colaborar con Al Qaeda en los preparativos de los atentados del 11-S.

El informe añadía que esta empresa era utilizada para «proveer apoyo logísico y financiación a miembros de la organización Ennahda (…), ligada a la Yihad internacional, cuyas intenciones incluyen la realización de atentados masivos como los del 11-S». Atendiendo a esta información del CNI, el Ministerio de Interior denegó a Ridha El Barouni la condición de refugiado, en una decisión que fue confirmada en noviembre de 2005 por la Audiencia Nacional.

Tres años después, en octubre de 2008, el Tribunal Supremo confirmó de nuevo la decisión de denegar al tunecino El Barouni el asilo político. Esta sentencia cita un nuevo informe del CNI, fechado el 12 de abril de 2005, que va más lejos y acusa a El Barouni de haber «coordinado el entrenamiento de elementos terroristas en campamentos de Al Qaeda en Sudán».

Pese a ambas sentencias, y a los informes elaborados por el CNI que acusaban a Ridha El Barouni de actividades terroristas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero paralizó su expulsión de España, para evitar que enturbiara el proyecto de la Alianza de Civilizaciones. Un grupo de opositores tunecinos se habían dirigido personalmente al presidente para interceder en favor de su compatriota.

La ‘Operación Dátil’ de Garzón

El Barouni permaneció en España hasta 2011, cuando regresó voluntariamente a su país gracias a la revolución que, aquél mismo año, supuso la caída del gobierno de Ben Alí y la legalización del partido islamista Ennahda.

Durante su estancia en España, El Barouni había trabajado estrechamente en el Centro Cultural Islámico de Valencia con el presidente de la Federación Consejo Islámico Valenciano (FCIV),  Imad Al Naddaf Yalouk.

Como ha informado OKDIARIO, Al Naddaf  es el administrador único de la empresa Cerhomsa Homs Cerámica, entre cuyos accionistas y fundadores se encuentra Mohamed Khair Al Saqqa, el sirio detenido por orden del juez Garzón en la Operación Dátil.

Tras su marcha de España, el tunecino Ridha El Barouni ha seguido manteniendo una importante influencia en la comunidad musulmana de la región: en la actualidad el Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) está presidido por su hija, Mariam El Barouni.