Las trituradoras de Junqueras y Romeva destruyen a toda máquina documentos comprometedores del 1-O

Junqueras
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. (Foto: EFE)

Ante la incertidumbre de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Puigdemont ha puesto en funcionamiento la trituradora en varios departamentos de la administración autonómica catalana.

OKDIARIO ha podido confirmar de fuentes policiales destacadas en Barcelona que, al menos dos Consejerías, las del vicepresidente Oriol Junqueras y de Raül Romeva, están llevando a cabo desde hace días una trepidante operación de destrucción de papeles comprometedores. Los departamentos de Economía, en manos del líder de ERC, y de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, bajo el mando de quien se presentó como cartel electoral de Junts pel Sí en las elecciones de 2015 y que la CUP lo vetó para convertirse en presidente, han sido los dos pilares en los que ha descansado todo el proceso independentista de Puigdemont.

Entre una de las actuaciones prioritarias del Gobierno de Rajoy, tras la aplicación del 155 está la intervención de la trama exterior del Gobierno que está formada por 15 embajadas catalanas -incluida la delegación en Madrid-. Romeva controla un presupuesto de 63 millones. Para su funcionamiento sólo la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea destina 35,5 millones de euros.

Un presupuesto para la secesión

En los presupuestos del 2017 el presupuesto destinado a Exteriores se vio ampliado en un 107 %. Ese incremento de 18 millones sería el margen destinado para obtener apoyos internacionales al secesionismo. La Policía espera llegar a tiempo, tras la aplicación del 155, para localizar toda esa documentación aunque, como sucedió ayer con los Mossos, ya saben que la maquinaria de la destrucción de pruebas se ha puesto en marcha.

Todo ese dinero controlado por Romeva ha sido destinado, en contra de las directrices del Tribunal Constitucional, a construir la propaganda internacional del independentismo. En palabras pronunciadas ayer por Inés Arrimadas en el Parlamento catalán: «Lo que nos ha costado la fiesta internacional del señor Romeva».

La trituradora de Exterior intenta evitar la fiscalización del gasto de todo ese dinero durante el proceso secesionista. Romeva, aunque su cartera luce también el título de Transparencia, jamás ha explicado en el Parlamento catalán a donde va destinado todo ese dinero. Sus archivos y discos duros pueden delatar un exceso de fraude institucional.

Agentes desplazados a Barcelona

Los agentes de información de la Jefatura Superior de Madrid, que llevan varias semanas investigando en Barcelona, sobre todo tras el fracaso del 1-O -sin que se haya producido ninguna dimisión entre los responsables policiales- intentan averiguar la malversación de la Generalitat.

Tampoco hay que olvidar otro departamento autónomo controlado por Romeva, Diplocat, que malgasta al año casi 2,5 millones de euros en captar apoyos internacionales, como se pudo constatar durante el referéndum del 1-O. Entonces, se desplazaron a Barcelona una treintena de observadores internacionales que elaboraron un dictamen de parte a favor del independentismo en el que acusaba al Gobierno de vulnerar los derechos humanos y las libertades civiles.

La Consejería del vicepresidente Junqueras es la más importante porque centraliza todo el presupuesto de la Generalitat y las partidas del gasto, aunque fuentes policiales aclaran a OKDIARIO que se han encontrado casos en los que las partidas aprobadas son un «puro espejismo».

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