El presidente de Adif será citado como imputado en Lezo junto a Gallardón en las próximas semanas

El actual presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, será citado a declarar como investigado por el caso Lezo en las próximas semanas. El extitular de Hacienda madrileño está imputado en la causa por la compra «fraudulenta» de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en el año 2001.

El dirigente del PP es investigado por presuntos delitos de «prevaricación y malversación», los mismos que pesan sobre su entonces jefe, Alberto Ruiz Gallardón. Bravo era responsable de los presupuestos durante la adquisición de Inassa. Ocupó la Viceconsejería de Hacienda madrileña desde 1997, y en septiembre de 2001 fue designado consejero de este mismo departamento hasta junio de 2003.

La compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II investigada en Lezo fue acordada en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Gallardón por una cantidad cercana a los 83 millones de euros. Los investigadores sospechan que hubo un «sobreprecio» en la compra que se efectuó a través de una sociedad panameña, y que éste se podría haber desviado presuntamente en comisiones.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Juan Bravo será citado a declarar como investigado «en las próximas semanas», previa petición de la Fiscalía y disposición posterior del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Su declaración se enmarcará «en la próxima ronda de comparecencias» que arrancarán cuando finalicen los 50 interrogatorios planificados para estos meses de septiembre y octubre.

No se descarta incluso que Juan Bravo pueda comparecer «el mismo día que Gallardón», aunque todo dependerá del calendario del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia que recientemente ha reactivado la instrucción de la trama Púnica. Lo que está fuera de dudas es que Bravo y Gallardón responderán ante el juez previsiblemente «antes de navidades».

El Consejo de Ministros designó a Juan Bravo como presidente de Adif en noviembre del pasado año cuando ostentaba el cargo de consejero delegado de Metro de Madrid. Adif es la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, encargada de administrar la infraestructuras ferroviarias.

Próximamente, el caso Lezo «entrará en una nueva fase de instrucción», tras levantarse parcialmente el secreto de sumario y analizarse muchos de los documentos intervenidos en los registros practicados desde el pasado mes de abril. De esta forma, se citarán para que declaren en calidad de investigados a nuevos nombres relacionados con el Canal de Isabel II y el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Gallardón.

Juan Bravo, presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El hombre de las cuentas de Gallardón

En el sumario del caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción denuncia como Canal Extensia, sociedad matriz del Canal de Isabel II, adquirió Inassa comprando la empresa panameña Sociedad de Aguas de América, poseedora de sus acciones: “La doble venta, con la utilización de la sociedad instrumental Aguas de América, pudo generar a los denunciados en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid, de 66 millones de euros».

El origen de Canal Extensia «se fundamenta en un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de 29 de noviembre de 2001, presidido por Alberto Ruiz Gallardón. Dicho acuerdo fue solicitado por la Consejería de Medio Ambiente a propuesta del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo».

«Resultan indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente a propuesta del Consejero de Hacienda, Juan Bravo Rivera, fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa con el consiguiente desvío de capitales públicos».

La compra se hizo intencionadamente con “un quebranto manifiesto de la autorización concedida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La propia autorización resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la constitución de Canal Extensia, ya que su actividad y objeto social se limitaba a la comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 se habilitó para prestar sus servicios en cualquier territorio” añade Anticorrupción.

El Ministerio Público destaca que “la compraventa de acciones se realizó entre dos sociedades del sector público español y sin embargo se interpuso en la operación una sociedad panameña. La utilización instrumental de dicha sociedad, carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad jurídica, no obstante la operación se realizó”.

“El uso instrumental de sociedades erradicadas en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra” concluye.