Una menor tutelada y prostituida fue convencida por el Govern balear para abortar bajo amenazas

María (nombre ficticio), una menor bajo la tutela del Govern de Baleares que estuvo fugada del centro de menores más de un año, fue convencida de que debía abortar cuando tenía 16 años y acompañada a una clínica especializada en abortos en Palma de Mallorca por una técnico del IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) bajo cuya tutela estaba en noviembre de 2020, tal y como consta en un completo informe policial a cuyo contenido ha tenido acceso OKDIARIO y que fue entregado en la Fiscalía de Baleares el pasado mes de agosto, pero que no ha sido trasladado todavía al juzgado.

Según consta en ese documento, a María la amenazaron con «trasladarla a la península» y separarla de su novio, Eduardo, (nombre ficticio), padre del niño que nunca dio a luz. La menor, según la denuncia presentada y firmada por el propio IMAS, desapareció por última vez del centro donde estaba interna el 19 de agosto de 2020. Unos meses después llamó ella misma al centro para pedir su tarjeta sanitaria porque se había quedado embarazada de su novio, en cuya casa vivía y reside actualmente. La respuesta del IMAS fue convencer a ambos de que la joven debía abortar. La declaración del novio recogida en ese documento es esclarecedora: «Nosotros queríamos tener al bebé, pero le dijeron a María que si insistía en continuar con el embarazo sería trasladada a la península» y que «ella no podría hacerse cargo del cuidado del bebé». El joven, que ya era mayor de edad entonces, declaró en ese informe que por eso decidieron abortar y que «nos recogió en casa una técnico de menores que nos acompañó hasta la clínica».

La clínica donde María fue intervenida es muy conocida, está muy cerca del centro de Palma de Mallorca, y está legalmente autorizada para interrupción voluntaria del embarazo. El mes de noviembre de 2020 la técnico de Menores junto a María y su novio Eduardo acudieron a la clínica, pero no pudieron realizar la intervención a la joven. Volvieron cuatro días después y ya se le realizó el aborto.

Es decir, que al menos en noviembre de 2020 el IMAS tenía localizada a la menor. Sin embargo, no retiraron la denuncia y ante la insistencia de la Guardia Civil autorizaron la publicación de su fotografía en la web del Centro Nacional de Desaparecidos (CND) que nutre de ellas a la asociación SOSDesaparecidos gracias a un convenio firmado entre ambos organismos. Era el 22 de septiembre de 2021, 13 meses después de su desaparición el IMAS accedió a publicar su foto, a pesar de saber perfectamente dónde estaba la menor.

La denuncia decayó después de que la Guardia Civil se entrevistase con ella y manifestase que se encontraba en buen estado de salud y por voluntad propia en casa de sus suegros. Pero entonces ¿por qué el IMAS accedió a publicar la búsqueda y captura oficial? y lo peor, ¿por qué no pidió a la Policía que condujese a la menor de vuelta al Centro?

La historia de María podría ser una más de las de los 50.000 menores tutelados en España, pero no es así. Su vida siempre estuvo marcada por la tragedia, desde que nació. Separada de su madre y su padre a muy corta edad, cuando el Centro de Menores la dejaba salir para ver a su madre ésta aprovechaba su predominancia sobre ella para prostituirla y pagarse las dosis necesarias para sufragarse la adicción que padece. María ni siquiera sabía que su madre cobraba por ofrecer sus servicios y así cumplió 16 años, entrando y saliendo del centro de menores mallorquín. Huía y regresaba al centro y las autoridades ya la tenían relacionada internamente con la prostitución de menores que afecta a 16 niñas e investigarán en 2022 los enviados especiales de la Unión Europea.

María siempre estuvo bajo la tutela del IMAS, a excepción de una temporada que estuvo de acogida. Alberto (nombre ficticio) es el padre de la menor, que nunca pudo acceder a tener su custodia. En conversación con OKDIARIO, Alberto explica: «A mi hija le decían con nueve años que su padre era un maltratador, pero no tengo ninguna denuncia ni condena, le decían que sólo miraba por mí mismo y ella les decía que no, que era mentira. Por muchas reclamaciones que puse nunca me hicieron caso, siempre cayeron en saco roto. No me dejaban verla ni hablar con ella».

Prostitución de menores

La prostitución de menores es una gran parte del problema del IMAS en Baleares, en concreto en Mallorca. La práctica habitual es que las propias compañeras o amigas de las menores tuteladas son quienes las introducen en este tipo de práctica.

De hecho, el 30 de septiembre de 2021 el grupo político Vox en Baleares presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Menores por los «presuntos delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos» y por las implicaciones «en un delito de prostitución de menores». La denuncia iba dirigida contra Fina Santiago Rodríguez, consejera de Asuntos Sociales y contra Javier de Juan Martín, consejero ejecutivo del Departamento de Derechos Sociales y presidente del IMAS. Santiago es diputada de Més per Mallorca, que apoyó la investidura de Francina Armengol como presidenta balear.

Jorge Campos, portavoz de Vox en Baleares, explica que «por los datos que nos facilita se trata del último caso de la menor tutelada, y oficialmente desaparecida durante más de un año. Vox presentó denuncia ante la Fiscalía solicitando la investigación de los hechos por presuntos delitos de dejación de las funciones de tutela y prostitución de menores. Ahora sabemos, según se indica en el atestado policial, que nos comenta, que es un escándalo mucho mayor: el IMAS declaró oficialmente desaparecida a una menor que siguió en contacto con la Administración, y esta misma la presionó para que abortara, convenciéndola y acompañándola a una clínica abortiva privada. Todo ello, insisto, mientras el IMAS la había declarado desaparecida».

Campos se pregunta «¿qué más tiene que pasar para que dimitan el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera? Francina Armengol y los partidos de izquierda separatista que la sustentan no pueden seguir negándose a investigar este escándalo. Y no pueden seguir un minuto más al frente de unos gobiernos, insular y autonómico, que tienen bajo su tutela a menores que acaban abusadas, prostituidas e, incluso, incitando a abortar a quienes están falsamente desaparecidas. Si lo hacen, confirmarán que están implicados en este escándalo. Por nuestra parte, desde Vox vamos a ampliar la denuncia ante la Fiscalía, quien debe disponer de este atestado policial, para que se instruya la investigación en sede judicial”.