El juez investiga al dueño de la granja de Teruel que sacrificó 92.700 visones infectados por coronavirus

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel investiga a los dueños de la granja de La Puebla de Valverde (Teruel) que el pasado mes de julio se vieron obligados a sacrificar 92.700 visones, porque se habían infectado por coronavirus.

El sacrificio fue ordenado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, que dirige Joaquín Olona, tras determinar mediante un muestreo que el 86% de los animales de la granja se había contagiado de coronavirus.

El juez Jorge Oswaldo Cañadas ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (APADEVI) contra los propietarios de la granja, contra los responsables directos del cuidado de los visones y contra «cualquier otra persona que en fase de instrucción pudiera aparecer como autora, cómplice o encubridora» de los hechos. La asociación está presidida por María Girona, que además es miembro de la Sección de Derecho de los Animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

En un auto dictado el pasado miércoles, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez instructor ha admitido a trámite la querella al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de maltrato animal con agravante de muerte, de acuerdo con el artículo 337.3 del Código Penal, que prevé penas de hasta 18 meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión que implique el contacto con animales.

El 86% de los visones se había contagiado

Entre otras diligencias, el juez ha ordenado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que identifique a los dueños o administradores de la explotación. También ha solicitado a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel un informe sobre el proceso que se llevó a cabo, desde que se detectaron los primeros positivos hasta que se ejecutó el sacrificio.

Las alarmas se dispararon a finales del mes de mayo, cuando siete de los 14 empleados de la explotación dieron positivo en el test PCR de coronavirus. Se cree que el primer contagio se pudo producir a raíz de la visita a Zaragoza de la mujer de uno de los empleados. También dio positivo uno de los administradores de la empresa. En todo caso, no se produjo un contagio de los animales a los humanos, sino a la inversa.

La Consejería de Agricultura del Gobierno regional ordenó entonces, el 22 de mayo, realizar nuevos controles e inmovilizar todos los animales de la granja, así como sus productos derivados. Por orden de este Departamento, a lo largo de los meses de junio y julio se hicieron varios test a un muestreo aleatorio de los animales. Los primeros análisis resultaron negativos. Sin embargo, el 7 de julio se realizó un nuevo muestreo sobre 90 ejemplares: el 86,77% dio positivo.

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, anunció el 16 de julio la orden de sacrificar a todos los animales de la granja, en aplicación de la Ley de Sanidad Animal. La operación se prolongó durante varios días y la llevaron a cabo con dióxido de carbono los propios empleados de la explotación, bajo la supervisión de los agentes del Seprona y los veterinarios de la Consejería de Agricultura.

Los animales valían cerca de 1,2 millones

La empresa pública Sarga se hizo cargo del traslado de los cadáveres para incinerarlos en el Centro Logístico de Recogida de Subproductos Animales PTR, situado en Zaragoza. No ha habido manifestaciones por la muerte de estos animales, como las que hubo en toda España en 2014 por el sacrificio del perro Excálibur, contagiado de ébola.

La granja de visones de La Puebla de Valverde pertenece a la empresa Secapiel SL, que en 2019 declaró un patrimonio neto de 2,5 millones de euros y una facturación de dos millones. El valor de los animales rondaba los 1,2 millones de euros. La empresa vende a Dinamarca la mayor parte de las pieles obtenidas de estos ejemplares.

La querella que el juez ha admitido a trámite señala que «es evidente que desde la primera detección [de coronavirus], el responsable de estos animales no adoptó las medidas necesarias para que no se extendiera el contagio a otros animales, ocasionando el contagio masivo que ahora da lugar a su sacrificio».

«El responsable de los visones», añade, «ocupaba la posición de garante de dichos animales y tenía la obligación de velar por su salud, evitando cualquier tipo de contagio, al igual que se hace con los perros ante el moquillo u otras enfermedades. La omisión del deber de cuidado de esos animales ha supuesto ahora la muerte de los mismos».

Sufrieron un ataque ecologista

El juez ha impuesto una fianza de 600 euros para que pueda personarse como acusación popular la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticia (APADEVI), que recurrirá esta decisión y solicitará que se fije una cuantía más accesible, pues carece de ingresos económicos.

La granja de visones de La Puebla de Valverde sufrió un ataque en 2001, cuando unos desconocidos –presuntamente, miembros de una organización ecologista– liberaron de sus instalaciones 13.000 ejemplares, parte de los cuales poblaron los montes y ríos cercanos, convirtiéndose en una especie invasora.