ESCÁNDALO 'FIFAGATE'

La Fiscalía de EEUU ofrece al nº 2 de Roures «tirar de la manta» o extradición y condena de 20 años

Jaume Roures
Gerard Romy y Jaume Roures.

La Fiscalía norteamericana del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, ha ofrecido al que fuera fundador, accionista y número dos de Jaume Roures en Mediapro, que asuma su culpabilidad y «tire de la manta» contra la cúpula de la productora catalana si quiere evitar una condena casi segura de más de 20 años de cárcel.

Gerard Romy, si no se declara culpable y llega a un pacto con el fiscal jefe Richard P. Donoghue también se arriesga, si es declarado culpable, a una restitución obligatoria del dinero del fraude, la confiscación de sus bienes y una multa millonaria.

Imputación de Gerard Romy.
Imputación de Gerard Romy.

Quien fuera mano derecha durante dos décadas de Jaume Roures fue procesado a mediados de marzo por la Corte Federal de Brooklyn en el conocido como FIFAgate, un caso en el que la filial norteamericana de Mediapro pagó mordidas millonarias a altos directivos de la FIFA para obtener los derechos televisivos del Mundial de fútbol.

Gracias a esos pagos la empresa Roures pudo conseguir los derechos de comercialización para las fases de clasificación de varias ediciones de la Copa del Mundo, incluyendo la organizada por Rusia en 2018 y la programada en Qatar para 2022.

Según los cargos presentados contra Romy por la Fiscalía estadounidense, el hombre de confianza de Jaume Roures y sus socios «corrompieron la compañía, vinculándola en diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y blanqueo de capitales».

La acusación coloca a quien fuera mano derecha del editor del diario Público cuando se pagaron las comisiones ilegales frente a unos delitos que son perseguidos en Estados Unidos por la ley RICO (que se aprobó en 1970 para combatir a la Mafia: pertenencia a crimen organizado) que incluye la extorsión y la coacción; fraude electrónico y lavado de dinero, por el uso de dinero negro que pasó por paraísos fiscales y que estaba dirigido para la comisión de un delito.

Cartel de la FIFA.
Cartel de la FIFA.

Banquillo y complicada absolución

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ya ha transmitido a los abogados de Romy el mensaje de que, si no llega a un acuerdo rápido, activará de manera inmediata el proceso de extradición de España a Estados Unidos: Tras ese paso no habrá marcha atrás, será juzgado en la Corte Federal de Brooklyn, que cuenta en su poder con suficientes pruebas como para dictar una sentencia condenatoria.

OKDIARIO ha intentado contactar con Gerard Romy, que reside en la actualidad en Barcelona tras abandonar Estados Unidos en medio del proceso, pero las gestiones han resultado infructuosas.

Según las fuentes consultadas por este diario, Romy tiene dos opciones para salir adelante en el FIFAgate. La primera: luchar por eludir la extradición a Estados Unidos y que la Audiencia Nacional le dé la razón y, al mismo tiempo, retrasar el proceso. La segunda: negociar con la Fiscalía lo que en Estados Unidos se denomina un guilty plea (declaración de culpabilidad), lo que le supondría una fuerte multa pero, posiblemente, una rebaja importante en los años de condena.

No obstante, las mismas fuentes señalan que, en un proceso tan largo y avanzado, la Fiscalía sólo pactará con Remy si aporta datos nuevos y desconocidos para la investigación, que impliquen a los máximos responsables de Mediapro.

Sede de Mediapro/Imagina en Barcelona.

La Fiscalía de Nueva York intentará profundizar en la supuesta trama urdida desde España para corromper a los dirigentes de la FIFA. Esa investigación pondría a Jaume Roures y Tatxo Benet -entonces socios e integrantes junto a Romy del triángulo de poder en la productora catalana- en el punto de mira de la Justicia norteamericana.

Dependiendo de la fuerza con la que Romy tire de la manta, los fiscales del caso podrán revisar, en menor o mayor escala, los años de cárcel de su condena y la cuantía de la multa.

La Fiscalía y la Corte Federal de Brooklyn desde hace meses vienen mostrando su malestar por el comportamiento de Gerard Romy y de dos ejecutivos de la Fox, Hernán López y Carlos Martínez, que durante los cinco años que dura el proceso lo han estado enredando y dilatando.

El pasado 8 de abril, a causa del confinamiento del coronavirus, los dos ejecutivos de la Fox -López y Martínez- que se enfrentan a las mismas condenas que Romy, declararon por videoconferencia ante la jueza de Brookly, Pamela K. Chen. Como se declararon inocentes y se negaron a negociar con la Fiscalía, se vieron obligados a depositar una fianza de 15 millones de dólares (13,8 millones de euros) para poder seguir en libertad. La cuantía de la señal impuesta vislumbra la dureza con la que va a actuar la Fiscalía en este proceso, algo que coloca a Gerard Romy en una situación muy comprometida.

Las acusaciones de la Justicia americana, que no descansa ni en medio de la pandemia del coronavirus, incluye además a los propietarios de la empresa Full Play, que durante los sobornos eran socios estratégicos de Mediapro en Argentina.

Mediapro ya fue condenada a 20 millones

No es la primera vez que el holding del propietario del diario podemita ‘Público’, Jaume Roures, se ve obligado a enfrentarse a la acción de la Justicia neoyorquina. Ya en 2018 tuvo que pactar el pago de una multa de más de 20 millones de euros (25 millones de dólares) por el fifagate.

Con aquel desembolso de dinero evitaba que las autoridades judiciales americanas siguieran investigando las conductas delictivas del grupo, algo que inquietaba a Roures y a su socio Tatxo Benet, los máximos responsables de Mediapro e Imagina.

Mediapro, por tanto, ya asumió su culpabilidad por los sobornos a altos cargos de las asociaciones caribeñas de la FIFA para hacerse con las retransmisiones de los partidos de fútbol de la fase de clasificación de los mundiales de 2014, 2018 y 2022.

Cuando saltó el escándalo, Jaume Roures y Benet desviaron toda la responsabilidad sobre aquellas prácticas corruptas hacia sus altos cargos de la delegación de Miami, en la filial de Mediapro/Imagina en Estados Unidos, que entonces se llamaba Media World. Dos de sus ejecutivos se declararon culpables, al tiempo que el empresario trotskysta se lavaba las manos. Las investigaciones, en cambio, averiguaron que la trama llegaba a Madrid y Barcelona desde donde se hicieron los pagos.

Fuentes de Mediapro aseguraron a OKDIARIO que Gerard Romy era una pieza importante dentro del entramado de Mediapro, pero que cualquier decisión que adoptara siempre estaba condicionada a la última palabra de Roures: «Aunque fuera uno de los fundadores del grupo audiovisual resulta imposible que pagara sobornos sin el conocimiento y el visto bueno de Roures», manifestó un ex directivo de la productora catalana que colaboró con el editor trotskysta.

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