La Fiscalía colombiana investiga por corrupción a gerentes del Canal de la era Garrido

La Fiscalía General de Colombia incluye al menos dos años de la etapa de Ángel Garrido al frente de la Presidencia del Canal de Isabel II en la investigación que inició a finales de 2018 por los delitos de «concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito» y «enriquecimiento ilícito de particulares».

En las pesquisas contra las filiales colombianas Inassa y Triple A de la empresa pública madrileña, los fiscales colombianos incluyen a los gerentes españoles del periodo en el que Garrido fue su máximo responsable.

Ambas sociedades, Inassa y Triple A, que el Canal adquirió hace 15 años, están siendo investigadas así mismo por corrupción en la denominada ‘operación Lezo’, que instruye un juzgado central de la Audiencia Nacional.

Las investigaciones sobre las sociedades filiales del Canal, que gestionan el suministro del agua a la ciudad colombiana de Barranquilla, entre otras actividades, abarcan el periodo comprendido entre 2000 y 2017, según manifestó oficialmente el Ministerio Público de Colombia.

Ángel Garrido accedió a la Presidencia del Canal tras la llegada de Cristina Cifuentes al ejecutivo autonómico. Garrido accedió a la cúspide de la compañía del agua madrileña el 9 de septiembre de 2015, previa aprobación de su Consejo de Administración. Compatibilizó ese cargo con el de consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno hasta la dimisión de Cifuentes por el escándalo del robo de unas cremas en un supermercado de Madrid, imágenes que fueron desveladas por OKDIARIO.

El número 2 de Cifuentes en la Comunidad de Madrid desembarcaba en la empresa pública autonómica con otros consejeros de su Gobierno: Engracia Hidalgo (Economía, Empleo y Hacienda), Pedro Rollán (Transporte, Vivienda e Infraestructuras) y Jaime González Taboada (Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio). Además, emprendió una renovación de cargos en las filiales del Canal en Colombia y otros países americanos, que se habían visto afectados por las denuncias por corrupción. Sin embargo, ahora, años después sus estrechos colaboradores se ven también expuestos ante la lupa de la Justicia colombiana.

La lupa de la Fiscalía colombiana

Entre los nuevos gestores de la ‘etapa Garrido’ destacaba Rafael Prieto, que primero ocupó el puesto de director gerente del Canal, en enero de 2016, y cuatro meses después fue nombrado director general. Dos años más tarde adquiría además la condición de vicepresidente ejecutivo de la sociedad. Prieto contaba con una experiencia laboral de 25 años en la empresa automovilística PSA Peugeot-Citröen, pero carecía de conocimientos en el sector del abastecimiento de aguas. Eso sí, contaba con la ventaja de que su esposa era amiga íntima de Cristina Cifuentes.

Garrido abandonó el Canal en mayo de 2018 cuando sustituyó a Cifuentes en la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras el escándalo del robo de las cremas del súper, cargo en el que se mantuvo 11 meses. En la actualidad, ocupa el puesto número 13 de la lista electoral de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid.

Mientras Garrido se hacía con el cetro de Madrid, la Fiscalía General de Colombia llevaba una investigación en secreto y emitía en octubre pasado un comunicado en el que anunciaba la apertura de medidas legales contra directivos y ex directivos de Inassa y Triple A S.A por un contrato de asistencia técnica.

La investigación de la Fiscalía se adscribía dentro de la segunda fase de la conocida como ‘Operación Acordeón’ que pretendía poner al descubierto las redes de corrupción de las filiales del Canal en Colombia. Según los fiscales, Inassa y Triple A se habrían “apoderado y desviado recursos destinados exclusivamente para prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad como es agua potable”.

Pagos fraudulentos cuando Garrido era presidente

La Fiscalía afirmaba que sus acciones legales iban contra ex directivos y directivos de una empresa que formaba parte del grupo Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, y la empresa Triple A, de la que también tenía un importante paquete de acciones. Además, reconocía públicamente que se había detectado “un incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia”.

Y lo más destacable: las investigaciones afectaban a “hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un ‘contrato de asistencia técnica’ que habría causado un detrimento patrimonial del orden de 236.853 millones de pesos colombianos”. Esa cifra, al cambio de entonces, equivalía a más de 66,6 millones de euros.

La Fiscalía General de la Nación aseguraba que había existido “una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia, empresa del Grupo Español Canal Isabel II (sic), y Slasa (compañía panameña) que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos)”.

Cuando los fiscales colombianos mantenían tales acusaciones, Garrido seguía siendo presidente de la Comunidad de Madrid y su hombre de confianza, Rafael Prieto, se mantenía como director general del Canal. Ambos se veían afectados, indirectamente, porque eran responsables de los ejercicios 2016 y 2017 y unos meses que afectaban a 2015.

Ángel Garrido renunció a la Presidencia del Consejo de Administración del Canal el 19 de mayo de 2018, puesto que pasó al entonces vicepresidente del Gobierno de Madrid, Pedro Rollán.

La Comunidad de Madrid además, cuando los fiscales ya estaban iniciando las investigaciones de ese proceso de corrupción económica, decidía ascender al entonces director general del Canal, Rafael Prieto, a la Vicepresidencia Ejecutiva. En ese mismo Consejo de Administración, Garrido y todo su equipo aprobaba la gestión de Prieto, asumiendo por tanto todo lo actuado por la empresa en Colombia.

Investigan a los gerentes en activo

Las acciones legales de la Fiscalía iban contra los ex gerentes de Inassa y Triple A pero también contra Germán Sarabia Huyke, que entonces ocupaba la Gerencia de Inassa en Colombia.

El golpe era aún más duro cuando la Fiscalía penalizaba así mismo con multas económicas no privativas de libertad a los españoles Carlos Roca García, entonces gerente de Inassa, y Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo de la sociedad de aguas colombiana, que habían sido confirmados en sus cargos por Ángel Garrido, cuando era presidente del Canal.

Todos ellos eran procesados por los delitos de “concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito” y “enriquecimiento ilícito de particulares”.
Las palabras pronunciadas por Garrido, en febrero de 2018, sobre el Canal del que, según él, había que sacar “a personas que estaban enlodazadas”, cobraban aún más valor tras la imputación de algunos de sus colaboradores más estrechos.

La acusación de la Fiscalía de Colombia coloca también en primer plano la reclamación de transparencia que el grupo Ciudadanos de la Asamblea de Madrid exigía en aquel año a Garrido, como responsable del Canal.

Entonces, el diputado centrista Francisco de Lara reclamó de manera reiterada la entrega de las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el ‘caso Lezo’, a lo que Garrido, como vicepresidente del Gobierno de Cifuentes y máximo gestor del Canal siempre se opuso.

Los vericuetos de la política propiciaban un año después que la dirección de C’s colocara a Garrido en el puesto 13 de la lista a la Asamblea de Madrid que De Lara ocupaba, dejando al diputado naranja fuera de la candidatura. De Lara manifestó que él se había ofrecido voluntario para dejarle el hueco a Garrido y que había decidido regresar a su puesto de trabajo de conserje en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.