Canal Isabel II

La denuncia por la pérdida de dos cheques de Inassa delata la trama de las comisiones del Canal

Sede de Inassa en Barranquilla (Colombia).
Sede de Inassa en Barranquilla (Colombia).

Un gravísimo error cometido por unos intermediarios de la trama corrupta del Canal en Colombia puede convertirse en la pieza clave para aflorar el sistema de desvío de dinero para el pago de comisiones de la empresa pública de aguas madrileña, entre los años 2013 y 2015.

Los colaboradores de Inassa, la sociedad colombiana investigada por la Audiencia Nacional por un pelotazo de más 40 millones de euros, perdieron dos cheques al portador en una noche de juerga. Los talones habían sido emitidos por una subcontrata de Inassa para blanquear fondos de la compañía de aguas de Barranquilla y así disponer de una caja “B”.

Para poder obtener unos nuevos cheques y recuperar el dinero, los intermediarios colombianos se vieron obligados a presentar la correspondiente denuncia en una comisaría de policía de Barranquilla.

A partir del incidente, revelado a OKDIARIO por fuentes próximas a los afectados, comenzó una lucha frenética para impedir que toda esa información viera la luz. La localización de la denuncia y los talones bancarios pondrían al descubierto no sólo la existencia del pago de comisiones sino también, lo más escabroso, el procedimiento que seguían en Inassa para escamotear el dinero del Canal de Isabel II.

El sistema que se seguía, según fuentes próximas a la trama de corrupción, era el siguiente: empresas subcontratistas o sociedades filiales de Inassa –principalmente radicadas en el paraíso fiscal de Panamá– facturaban trabajos inexistentes al Canal. Así se generaban unos excedentes monetarios que, más tarde, regresaban a los mismos dirigentes y altos cargos de la empresa de aguas de Barranquilla o de la cúpula española.

Además de la emisión de talones al portador, las constructoras subcontratistas hacían llegar el dinero a los beneficiarios a través de maletines. Sin embargo, los resultados demostraron que, en algunos casos, esa maquinaría no era la más correcta porque parte del dinero se quedaba por el camino.

El método para generar dinero negro era el mismo que puso en práctica el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, en lo que se conoció como Caso Saqueo. Cuatro sociedades instrumentales, que había constituido el responsable de Urbanismo Juan Antonio Roca a nombre de su madre, emitían facturas al consistorio de la Costa del Sol por trabajos que nunca habían sido realizados. La maquinaria generó, entre 1991 y 1995, un botín de 26,7 millones de euros.

Todos los caminos conducen a Panamá

Los investigadores del caso Lezo en España y la Fiscalía colombiana han colocado en el punto de mira de sus pesquisas a dos sociedades offshore constituidas por altos cargos de Inassa en el paraíso fiscal de Panamá. Creen que pudieron servir en su día como plataforma para desviar parte del dinero de las comisiones a cuentas de los prohombres del Canal.

Las dos sociedades offshore constituidas en la ciudad del otro Canal –R&T Panamá y Epsilon– eran filiales de empresas colombianas con sede en Barranquilla. OKDIARIO ha realizado un seguimiento en el registro mercantil de Panamá y en la primera de ellas figura parte de la cúpula de Inassa como representantes de la instrumental en el paraíso fiscal centroamericano.

R&T Panamá SA fue constituida en Panamá el 29 de julio de 2013 por dos abogados relacionados con Inassa, José Ramón García de Paredes y Violeta Annet Holnes. El objeto de la sociedad era el de “la prestación integral por cualquier de los conceptos de asesoría en gestión de cobros de todo tipo de tributos para entidades públicas… en Panamá y en el extranjero con sujeción a los parámetros internacionales y a la normatividad del respectivo país extranjero”.

La denuncia por la pérdida de dos cheques de Inassa delata la trama de las comisiones del Canal

Se da la circunstancia de que el Canal de Isabel II compró la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes en noviembre de 2013 por 30 millones de dólares (21,4 millones de euros), tan sólo unos meses después.

Para lograr sus objetivos, R&T también se adjudicaba, entre otras y muy variadas funciones, “la interventoría de contratos de gestión comercial y de recaudo en empresas públicas y privadas”. La pantalla ideal para la generación de todo tipo de flujos monetarios a través de la offshore panameña.

Otro objeto social era la “reparación y mantenimiento de redes de servicios públicos” y “la realización de obras civiles”. Y ahí es donde radicaba la fórmula para generar dinero “b” con vistas al pago de las coimas.

El capital social de la instrumental quedaba fijado en 10.000 dólares, dividido en 100 acciones de 100 dólares cada una y la dirección del sociedad pasaba al control de tres directores, todos ellos de nacionalidad colombiana y altos cargos de Inassa y del Canal: Diego Fernando García Arias (presidente), Ramón Navarro Pereira (secretario) y Germán Alberto Sarabia Huyke (tesorero). Los tres presentaban un mismo domicilio en Colombia: Carrera 51B, Alto Prado, de Barranquilla.

La trama colombiana del Canal

Sarabia Huyke es un alto cargo del Canal a quien el juez Manuel García Castellón y la fiscal Ana Cuenca tenían previsto tomar declaración hace unos días en Colombia. Y Diego García Arias es uno de los arrepentidos y testigo protegido de la Justicia colombiana, cuyo testimonio en la causa Lezo ha colocado contra las cuerdas a algunos de los investigados.

La denuncia por la pérdida de dos cheques de Inassa delata la trama de las comisiones del Canal

García Arias, que ha conseguido una situación procesal privilegiada tras su colaboración con los fiscales colombianos, compareció hace unas semanas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero se negó a responder a algunos de los abogados españoles. Su nombre figura en los documentos de R&T.

García Arias así mismo fue uno de los protagonistas principales de la operación Inassa vía Panamá, cuyos tentáculos llegaban hasta el despacho de abogados De Obaldía y García de Paredes. El bufete panameño, que hacía las veces de “agente residente” de R&T, era el mismo que con anterioridad ya había sido utilizado para la constitución en el registro de Panamá de otras mercantiles offshore. La más importante fue la Sociedad de Aguas Americana (SAA), por medio de la cual el equipo de Alberto Ruiz Gallardón adquirió Inassa en 2002.

Una vez logrado su objetivo y cuando ya se barruntaba el escándalo de las actividades ilegales de la trama del Canal de Isabel II, R&T Panamá fue cancelada en agosto de 2016. El despacho panameño De Obaldía y Paredes inscribía su disolución en el registro, tras la celebración de una junta directiva el 5 de aquel mes en Barranquilla formada por Arias, Navarro y Sarabia.

Bajo la sombra de Inassa

OKDIARIO ha tenido acceso al acta de la Junta directiva de R&T, reunida en Barranquilla el 24 de junio de 2016, por la que se ordenaba la disolución de la sociedad. El acta demostraba que detrás de R&T estaba la sociedad del Canal, Inassa. Germán Sarabia Huyke, figuraba como “suplente del presidente ejecutivo de Inassa”, junto al ahora arrepentido y testigo protegido Diego García Arias (secretario), Nelson Polo Carbonell y Jacobo Noguera Benavides, que actuaba como gerente general.

En el apartado 8 del documento, los gestores reconocían: “Teniendo en cuenta las instrucciones recibidas por la Dirección General del Canal de Isabel II Gestión de disolver y liquidar todas las sociedades inactivas del Grupo Inassa se hace necesario contar con la autorización para adelantar los siguientes trámites relacionados con la sociedades R&T SA en el extranjero”.

Y los directivos colombianos del Canal se referían a otras filiales en República Dominicana –R&T Resultados y Tecnología SRI– y en Perú –Licitaciones y Contrataciones SAC.

Hay que recordar que Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra los gestores del Canal, el 1 de julio de 2016, aunque ella también había formado parte del Consejo del Canal desde marzo de 2012 hasta 2014. La ex presidenta también votó, en junio de 2012, a favor de la creación de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión. Además, en sus años de consejera se constituyeron las sociedades offshore en el paraíso fiscal de Panamá.

Pero R&T no era la única sociedad panameña de la que se había servido la trama de Inassa para maquinar sus operaciones, según fuentes próximas al Canal en Barranquilla. Otra offshore –Epsilon Gerencia de Proyectos– fue constituida unos meses antes, en septiembre de 2012 en Panamá, con un capital de 10.000 dólares. Se trataba de una filial de otra mercantil con la misma denominación ya establecida en Barranquilla desde 2008. Y, como R&T, las gestiones habían sido realizadas por el mismo despacho De Paredes & Obaldía.

Se dedicaba a la construcción, ingeniería y obras civiles, entre otras actividades, y su directiva estaba formada por los colombianos Edgar Rafael Piedrahita Hernández (gerente) y Katerine Luz Monterrosa (gerente suplente).

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