El fiscal investiga a Fasana y Gayá por presunta vulneración de la normativa suiza sobre blanqueo

La operación bancaria de Fasana para ingresar en metálico un millón de euros desde la cuenta de Fundación Lucum en la banca Mirabaud a otra cuenta de Marta Gayá le está ocasionando al testaferro de Juan Carlos I y a su ex compañera sentimental un grave conflicto con la Fiscalía de Ginebra. De momento el fiscal Yves Bertossa, aunque no ha citado a declarar a Gayá, sigue investigando los movimientos monetarios por un posible delito de blanqueo dinero.

OKDIARIO contactó ayer con Marta Gayá para verificar si había sido citada a declarar por el fiscal Bertossa pero la ex compañera sentimental de Juan Carlos colgó la comunicación bruscamente.

Según fuentes judiciales suizas, el despacho de Fasana y Marta Gayá habrían vulnerado la normativa helvética en materia de blanqueo de capitales y de control monetario. Los particulares y los intermediarios financieros están sometidos a una política del control del movimiento de dinero que prohíbe el reintegro en cash de un millón de euros. La banca Mirabaud también habría cometido una serie de irregularidades al no impedir la operación de caja.

Sobre la retirada irregular del millón de euros, el presidente del banco, Yves de Mirabaud, ya declaró ante el fiscal Bertossa que el fiduciario suizo Fasana disfrutaba en su entidad de una plena relación de confianza lo que provocó que no se aplicaran los filtros sobre el cumplimiento de las normas éticas sobre blanqueo y se admitiera los ingresos y salidas de dinero en cantidades millonarias.

Sin duda alguna, el estatus que conserva en Ginebra Arturo Fasana desde hace más de 30 años facilitó el movimiento bancario sin levantar ningún tipo de alarma. Tal era su grado de impunidad que el propio Fasana ha declarado ante la Fiscalía de Ginebra que llegó a ingresar en metálico, el 7 de abril de 2010, en la cuenta de Lucum, 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros). El dinero se lo había entregado, previamente, uno de los servidores de Juan Carlos I en un maletín y, supuestamente, procedía de una donación a Su Majestad (SM) del monarca de Barehin, Hamad bin Isa al Jalifa.

Fasana, que trabaja para Juan Carlos I desde los años 80, es el abogado suizo que, durante una comisión rogatoria de la operación Gürtel, le advirtió al comisario José Luis Olivera: “Si abre esa carpeta hunden España”. La observación se producía a finales de mayo de 2019 durante el interrogatorio policial practicado en su despacho de Rhône Gestion, ubicado en un ático de la zona más cara de Ginebra.

Fasana, que ostentaba el privilegio de visitar a menudo a Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela para tratar sus asuntos financieros, se refería a los datos que guardaba sobre la cuenta Soleado donde se habían cruzado fondos del entonces jefe del Estado y de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.

Domicilio fiscal en Suiza

Los problemas legales se complican para Marta Gayá ya que la amiga de Juan Carlos I reside en la ciudad suiza de Gstaad desde primeros de noviembre de 2007. Además, disfruta de domicilio fiscal en Suiza desde esa fecha, donde en teoría paga sus impuestos.

Los colaboradores del despacho de Fasana abrieron una cuenta en el Miarabau a la ex compañera sentimental del ex monarca antes de que se hiciera el ingreso del millón de euros para facilitar la operación de distracción. La Fiscalía de Ginebra está convencida de que los implicados desde el primer momento buscaron una plena opacidad a través de la Fundación Lucum y el ingreso de los fondos en metálico.

La cuenta de Lucum en la banca Mirabaud funcionaba como una cuenta pantalla para facilitar los gastos personales de Juan Carlos I. Todo estaba montado para que el anterior monarca pudiera obtener el dinero en metálico, en caja o con una tarjeta en un cajero automático, sin que nadie detectara que era para él o sus allegados. Sus testaferros le recomendaban el uso de billetes en cash, el mismo método que siguen los narcos, las redes mafiosas, los traficantes de arma o los defraudadores.

Corinna Sayn Wittgenstein ya lo había destacado en uno de los pasajes de su conversación con José Villarejo en octubre de 2016. La princesa alemana mantenía que su pareja sentimental siempre se movía con dinero en cash, que guardaba en Zarzuela y que llegaba en maletines a través del aeropuerto de Torrejón. Y así fue como ejecutó la donación de dos millones a su “girlf” (“Nunca he sido tan feliz”), como Juan Carlos denominaba a Marta Gayá en una grabación ilegal del CESID que reprodujo en exclusiva OKDIARIO.

Para abrir su cuenta corriente en Ginebra Marta Gayá debería haber cumplimentado un extenso formulario sobre la política anti blanqueo de la legislación suiza. Una de las preguntas a responder era si el suscriptor mantenía alguna relación con un personaje del mundo de la política. El documento bancario incluía ese precepto en la casilla con la terminología PEP: “Persona que ejerce funciones públicas importantes o que tenga una relación estrecha con una persona de esas características”. Pero como la apertura de la cuenta le fue gestionada por el despacho de Fasana, la ex novia incurriría en la misma omisión del abogado suizo cuando abrió la cuenta de la Fundación Zagatka en el Credit Suisse: una equis en la casilla del “No”.

De momento, se desconoce si el fiscal Bertossa ha citado en secreto a Marta Gayá y si piensa imputarla por la recepción del dinero. Sobre todo, porque los actuantes demostraron una voluntad de disimular de donde procedía e iba el dinero. El sumario tampoco contiene información sobre si Marta Gayá declaró esos fondos a la Hacienda suiza.

A pesar de que Suiza suscribió en 2009 el protocolo de información tributaria, que le propició abandonar su condición de paraíso fiscal por la OCDE, algunas de sus entidades bancarias continuaron dedicando a sus clientes Vips, como al testaferro Fasana, un tratamiento especial. Aún con el nuevo sistema, las investigaciones sobre las cuentas bancarias son muy difíciles de prosperar. Los jueces exigen unos datos muy precisos para facilitar la información solicitada. Hay que aportar la titularidad y los números de cuentas y las fechas y lugar. Eso sí, los delitos de blanqueo o de corrupción se persiguen con la misma intensidad que en cualquier otro país de la Unión Europea.