El fiscal suizo Bertossa entrega los papeles del AVE a la Fiscalía pero retrasa los de Tándem al juez

El fiscal suizo Yves Bertossa se retrasa sin ningún tipo de explicación en la entrega al juez Manuel García-Castellón de los documentos de las diligencias que abrió la Procuraduría del Cantón de Ginebra, en agosto de 2018, contra la ex compañera sentimental Corinna Sayn Wittgenstein y los testaferros de Juan Carlos I.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sigue pendiente de que Bertossa le remita los papeles de las investigaciones contra Dante Canonica, Álvaro de Orleans y Arturo Fasana, que aparecen en sus pesquisas por un delito de blanqueo de dinero.

La investigación de Bertossa, que forma parte de las diligencias P14783/2018, son determinantes para decidir si la Audiencia Nacional retoma la investigación sobre el contenido de las confesiones de la ex novia del Rey emérito. Estas cintas ya se investigaron en la pieza 5 de la operación Tándem, que fue archivada a finales de 2018 por el anterior juez instructor, Diego de Egea. La conocida como pieza ‘Carol’ es una de las 25 que conforman el sumario Villarejo (96/2017).

El futuro de la investigación en España está pendiente de las pruebas que le aporten a García-Castellón sus colegas de la Justicia helvética dentro del marco de colaboración judicial entre España y Suiza.

Según fuentes que conocen el discurrir de las investigaciones, no se ha producido el principio de reciprocidad que se exige a los tribunales internacionales en materia de colaboración judicial. Sobre todo, porque el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 facilitó a mediados de enero las cintas que Villarejo grabó a Corinna en su domicilio de Londres en abril de 2015, mientras espera ser correspondido con los documentos de Ginebra. Esas grabaciones fueron las que sirvieron a Bertossa para incoar sus diligencias en agosto de 2018, después de que fueran reproducidas por OKDIARIO.

Resulta sorprendente que Bertossa ralentice la entrega de las pruebas para las pesquisas de la operación Tándem, mientras ejecuta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, remitiendo a España la parte de su sumario que afecta a las comisiones de la obra del AVE a La Meca. El fiscal Luis Pastor recibió hace unos días la respuesta de la Procuraduría de Ginebra con las diligencias del macroproyecto ferroviario en Arabía Saudí, del que Su Majestad (SM) pudo cobrar una comisión de unos 100 millones de dólares.

Compromiso no cumplido

Fuentes de la Fiscalía manifestaron a OKDIARIO que Bertossa se comprometió con García-Castellón a la entrega de los documentos en la visita que el fiscal helvético realizó a Madrid el 29 de octubre de 2019. En aquella reunión con Bertossa en las dependencias de la Audiencia Nacional, participaron García Castellón; Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado; y los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, que investigan el caso Villarejo, así como Luis Pastor, que se ocupa de las diligencias sobre las comisiones del AVE a La Meca.

Un mes antes, a medidos de septiembre de 2019, el titular del juzgado de la Audiencia Nacional se trasladó a Ginebra para entrevistarse con Bertossa y solicitarle los documentos. OKDIARIO acababa de publicar en exclusiva que el procurador helvético llevaba más de un año investigando en secreto a los testaferros de Juan Carlos I.

Fuentes próximas al caso Tándem manifestaron a OKDIARIO que García- Castellón ha cumplido su parte de lo acordado, mientras Bertossa, independientemente de las dificultades del procedimiento suizo, sigue sin cumplimentar la comisión rogatoria.

En uno de los escritos que figuran en la causa suiza, Bertossa reconocía que el encuentro de Madrid había girado en torno a «las modalidades de ejecución de la comisión rogatoria y las especificidades del sistema suizo y español en materia de autoayuda». En el documento se destacaba que ambas jurisdicciones necesitaban una cooperación judicial efectiva para poder avanzar en sus pesquisas.

Según las investigaciones helvéticas, los testaferros del Rey emérito habrían utilizado la Fundación Zagatka, con sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, para ocultar el patrimonio del ex monarca. Zagatka fue creada por los intermediarios hace quince años y en la causa P14783/2018 figuran todos los testaferros como gestores de la corporación.

Álvaro de Orleans, Fasana y Canonica aparecen en una cuenta abierta en 2009 a nombre de Zagatka en el Credit Suisse de Ginebra. Se trata del mismo banco donde los fiduciarios suizos contrataron la cuenta Soleado para mover el dinero de la Gürtel, sobre todo el de su cabecilla Francisco Correa.
Posteriormente, el fiscal suizo localizó otra fundación -Lucum- constituida en Panamá, que funcionaba como una sociedad offshore a fin de ocultar algunas de las comisiones supuestamente cobradas por Juan Carlos I.

Competencia de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional sería competente para iniciar una investigación en España sobre los testaferros de Juan Carlos I. Se da la circunstancia de que, aunque su primo Álvaro de Orleans tiene su domicilio fiscal en Mónaco, posee la nacionalidad española. Al mismo tiempo, como ya sucedió en el caso Gürtel, por el que fue procesado Arturo Fasana, éste también podría ser perseguido por los jueces nacionales.

Fuentes bien informadas de Ginebra señalaron a este periódico que, con parte de la documentación que Bertossa ya mostró a García-Castellón en su viaje de septiembre de 2019 más los documentos de la comisión rogatoria que sigue pendiente, habría indicios suficientes para abrir una nueva causa en la Audiencia Nacional. Esa investigación nunca afectaría a Juan Carlos I porque era Rey de España cuando se produjeron los hechos y, por tanto, disfrutaba de una plena inmunidad penal.

El apartado 3 del artículo 56 de la Constitución Española señala que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Ese estatus imposibilita que tanto el fiscal de Ginebra como el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional puedan iniciar una investigación sobre su supuesto patrimonio en el extranjero.

No obstante, según fuentes judiciales, la inmunidad de Juan Carlos caducó el 19 de junio de 2014, el mismo día en el que el BOE publicó su abdicación a favor de Felipe VI. A partir de esa fecha perdió su condición de «inviolable» en materia penal y civil.

En una comisión rogatoria remitida por la Fiscalía Anticorrupción al fiscal suizo en febrero pasado se da por hecho que Álvaro de Orleans era el testaferro que ocultaba «parte de las comisiones recibidas» por Juan Carlos I.

Con respecto a los fondos de Su Majestad en la cuenta del banco Mirabaud de la Fundación LUCUM, el fiscal Luis Pastor solicitó a su colega Bertossa: «Determinar el origen y el motivo de este ingreso, siendo necesario acceder a los datos del o de los beneficiarios de la cuenta titularidad de la Fundación LUCUM en el banco MIRABAUD & CIE SA, de todos los documentos relacionados con la misma, así como del extracto de todas las operaciones que en ella se hubieran realizado desde su apertura hasta la actualidad».

El fiscal razona que ese es el principal cometido de la causa número 38/ 2019 que se tramita en la Fiscalía Anticorrupción, «en tanto que se están investigando eventuales irregularidades en la adjudicación del citado proyecto» del AVE a La Meca.