Saqueo en Feria Valencia: pagaban por obras y servicios hasta 10 veces más de lo que costaban

El consorcio Feria Valencia, dependiente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, gastó sin ningún tipo de control 587 millones de euros de dinero público en las obras de ampliación de su recinto ferial.

El consorcio, que en aquel momento estaba presidido por la alcaldesa Rita Barberá, llegó a pagar hasta 10 veces más de su precio real por algunas partidas de la obra.

Feria Valencia justifica los sobrecostes comparando el proyecto con el Museo Guggenheim

El proyecto ha dejado un agujero de 1.017 millones de euros en las arcas de la Generalitat valenciana –incluyendo el pago de intereses de los préstamos suscritos hasta el año 2.029–, dado que la Administración autonómica avaló y financió la ejecución de las obras.

Así lo acredita el informe del servicio de Intervención de la Generalitat Valenciana que está analizando la Fiscalía Anticorrupción para depurar las responsabilidades penales en el saqueo de la entidad.

Cuatro millones de más

Algunos ejemplos son especialmente significativos. El proyecto incluyó la construcción de varios espacios comerciales ubicados en el interior del pabellón. Feria Valencia pagó 113.049 euros para instalar enchufes y tomas de teléfono a estas tiendas. Sin embargo, el valor real del trabajo realizado no supera los 11.000 euros, es decir, la entidad pagó un sobrecoste de más de 100.000 euros por esta partida.

Del mismo modo, Feria Valencia pagó 12.100 euros por modificar la ubicación de varios rociadores del sistema de extinción de incendios. El coste real del trabajo ascendió a tan sólo 1.200 euros, según la intervención de la Generalitat, la décima parte de la cantidad abonada.

En otros casos, el consorcio pagó con dinero público hasta cinco veces más del precio real de los trabajos realizados: abonó 24.353 euros por derribar cuatro almacenes, cuando el coste real de esta operación fue de sólo 4.000 euros, según la intervención de la Generalitat.

El capítulo de fuentes, estanques y plazas ascendió a 9 millones de euros. En este caso, Feria Valencia hinchó las facturas en 4 millones de euros, ya que el coste real de la obra ejecutada fue de sólo 4,9 millones.

Como la Caja Mágica de Madrid

El informe aporta algunos ejemplos: la institución pagó con dinero público 252.109 euros por una fuente que sólo costaba 63.211 euros, menos de la cuarta parte. Del mismo modo, abonó 372.997 euros por otra fuente cuyo precio real era 103.000 euros: en la factura se triplicó ampliamente el precio de mercado.

En su pliego de descargo, los responsables de Feria Valencia han justificado estos sobrecostes comparando el proyecto con la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao y con la Caja Mágica de Madrid.

También sostienen que Feria Valencia es una asociación privada sin ánimo de lucro, que por tanto no está sujeta a ningún tipo de fiscalización de las Administraciones públicas, un argumento que rebate la Intervención de la Generalitat: se trata de un consorcio de naturaleza pública vinculado al Ayuntamiento de Valencia (propietario de los terrenos sobre los que se alza el recinto ferial) y a la propia Generalitat.

De hecho, los principales puestos del patronato de Feria de Valencia están ocupados por representantes de ambas Administraciones y de la Diputación provincial.

La Fiscalía investiga a los responsables

Pero además, la Generalitat valenciana ha tenido que pagar hasta ahora 280 de los 587 millones que costó el proyecto de ampliación del recinto ferial. Y el informe de intervención apunta que la Administración autonómica tendrá que pagar hasta el año 2029 un total de 1.027 millones por esta obra, incluyendo los intereses de todos los préstamos avalados, dado que Feria Valencia es deficitaria.

El convenio firmado entre ambas partes en 2007 es absolutamente ventajoso para el consorcio: la Generalitat avaló el proyecto sin exigir que se verificara la ejecución material de las facturas pagadas. La comisión que debía verificar el cumplimiento de este convenio sólo se ha reunido una vez en nueve años.

Pero además, la Generalitat se comprometió a cubrir las pérdidas de Feria Valencia y a facilitarle permanentemente unos fondos propios de 25 millones de euros.  El resultado de la operación es un agujero más de 1.000 millones de euros para la Administración valenciana.

Por todo ello, la Fiscalía anticorrupción está investigando ahora los sobrecostes pagados en el proyecto del recinto ferial, para procesar a los responsables por un delito de malversación.