El ex alcalde de Navalcarnero pagó 311.863 € por un paso de Semana Santa que nadie ha visto

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha acorralado al ex alcalde popular de Navalcarnero, Baltasar Santos. En el informe que fiscaliza los años 2007 y 2008, se denuncian numerosas irregularidades contables, administrativas y contractuales del ex regidor.

Según desvela OKDIARIO, la Cámara de Cuentas desvela que Baltasar Santos pagó 311.863 euros por un paso de Semana Santa, denominado «La Santa Cena», que nadie encuentra en la localidad madrileña. Dicha escultura de madera fue presupuestada en 354.225 euros en 2007 y se abonaron 166.237 euros ese año y otros 187.988 en 2014, por lo que quedaría aún pendiente el abono de otros 42.362 euros.

La supuesta obra que nadie ha visto jamás en Navalcarnero estaría compuesta supuestamente por 13 figuras de madera de pino ruso a tamaño natural, que representan «La última Cena» con los 12 apóstoles y Jesucristo.

El informe de la Cámara destaca que el plazo máximo de entrega de esta escultura de madera se fijó en «30 meses desde la firma del contrato» y el adjudicatario, el escultor Ramón Chaparro, lo habría incumplido al entregar supuestamente la obra en enero de 2014, es decir, «50 meses después de lo acordado». Sin embargo, no consta que el ayuntamiento instara al contratista «al cumplimiento de dicho plazo», ni que se hubiera procedido a la «resolución del contrato, ni a la imposición de sanciones».

El misterio comienza cuando ningún miembro del consistorio encuentra dicha obra escultórica. En enero de 2014, según el informe, «se hizo un acta de recepción en la que intervinieron el alcalde, el fontanero municipal y el propio artista» donde se indicaba que «tras haber procedido al reconocimiento, sin apreciarse ningún defecto, se acuerda dar por recibido el suministro».

En febrero de 2015, según el consistorio de Baltasar Santos, el proveedor procedió a llevarse la obra de las instalaciones municipales al haberle comunicado el alcalde que se habían apreciado «defectos en la policromía y en la madera». Posteriormente, en enero de 2016 el escultor remite al actual gobierno municipal del socialista, José Luis Adell, un escrito en el que asegura que «la obra se encuentra al 70%, aunque queda lo más delicado y de más tiempo, y que la obra se podrá entregar en el periodo aproximadamente de 3 años».

Pues bien, la Cámara de Cuentas afirma que «no le constan informes técnicos que avalen la entrega de conformidad del suministro que da lugar al acta de recepción del 2014», firmada por el ex alcalde y el fontanero municipal, «ni informes en los que se describan y detalles los defectos que motivan la disconformidad y devolución de la obra en febrero de 2015».

Así mismo, destaca que «esta afirmación del contratista es contradictoria con el acta de recepción que acredita la entrega de la obra terminada a conformidad del órgano de contratación, por lo que debería aclararse la situación real de la escultura y, en su caso, exigir y depurar las responsabilidades a que haya lugar por dichas actuaciones».

Por último, el informe señala que la propuesta de aprobación de este expediente la realizó el alcalde Baltasar Santos «sin haberse ejercido la función interventora de estos gastos y si que se tramitara expediente de contratación que hubiera procedido por la cuantía al superar ampliamente los límites que fija la ‘Ley de Contratos’».

Dos parcelas para una ermita «fantasma»

El ayuntamiento de Baltasar Santos adquirió en julio de 2006 una finca urbana por 300.000 euros con el objetivo de construir una ermita que se llamaría «San Millán de la Cogolla». Dos años más tarde, en 2008, sin haber iniciado ninguna actuación en dicha finca, la alcaldía manifiesta la necesidad de adquirir, mediante procedimiento negociado sin publicidad, otra finca contigua por 192.554,17 euros para «fines socio culturales y llevar a cabo en ella la ampliación de la citada ermita».

La Cámara de Cuentas concluye en su informe de fiscalización que «la compra de las dos fincas descritas, no se han destinado al fin socio cultural para el cual fueron adquiridas, ni se ha efectuado en ellas ninguna actuación encaminada a la construcción de la futura ermita».

«Si ya cabía el cuestionamiento y oportunidad de la adquisición de la primera finca», añade,  «con mayor motivo la adquisición de la segunda en la que se exponía como necesidad una ampliación de algo que todavía no se había realizado. Estos hechos denotan una falta de rigor en la gestión de los fondos públicos», sentencia.