Convergència ingresó más de 25 millones con comisiones ilegales y falsas consultorías

La Fiscalía Anticorrupción desmanteló ayer una trama empresarial que durante más de siete años ha financiado ilegalmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los investigadores calculan que la cifra se situaría alrededor de los 25 millones de euros de comisiones ingresados mediante la elaboración de falsos trabajos de consultoría y servicios. Las fundaciones afines a Convergència, Fórum, Catdem y, presumiblemente, Nous Catalans, pagaban a precio de oro las falsas consultorías elaboradas por el partido de Artur Mas.

La operación se saldó con la detención del tesorero de Convergència, Andreu Viloca, el director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y siete empresarios del sector de la construcción. En un comunicado, los fiscales anticorrupción encargados de la investigación José Grinda y Fernando Bermejo aseguraron que, para llevar a cabo la operación de ayer, ha sido clave la labor de reconstrucción de los documentos encontrados durante un registro el pasado julio en una trituradora de papel en el despacho de Viloca.

Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios adjudicatarios de obras de la administración de Convergencia entregaban cantidades millonarias a las fundaciones afines, Catdem y Fórum, y presumiblemente también Nous Catalans.

Estas entidades ingresaban la mayor parte de ese dinero, sin disimulo alguno, en CDC como pago por supuestos servicios o consultorías que este partido les hacía. La formación de Artur Mas nunca mostró el resultado final de tales trabajos facturados a precio de oro.

Lo llamativo de este esquema es que han sido la auténtica caja B de CDC pero a la luz del día. CDC apenas registró en este periodo unos 600.000 euros de donativos directos, mientras que el dinero que entró vía sus fundaciones asciende a más de 25 millones de euros. Esta operativa permitía ingresar las famosas mordidas del 3% que, en algunos casos, podían llegar a ser de hasta el 4%.

Cajero de Convergència y las fundaciones afines

Prueba de esta falta de disimulo es que el tesorero de CDC, Andreu Viloca, era también el cajero de las fundaciones afines Catdem, Fórum y Nous Catalans. Cuádruple tesorero y, a la vez, donante de Catdem a través de la revista Analisi, que él mismo gestionaba. El desenlace fatal para Viloca ha venido del hecho de que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil supo reconstruir los papeles recuperados de la trituradora que poseía en su despacho cuando fue registrado en julio pasado. La secuencia no deja lugar a dudas sobre su finalidad: decenas de contratistas de la Generalitat muestran año tras año su generosidad con las fundaciones de CDC.

Anticorrupción ya tiene en su poder suficientes pruebas como fruto de los registros practicados ayer para probar que tales donaciones no fueron fruto del azar ni del altruismo. Evidencias, aunque negadas, ya hay, como el famoso documento del 3% incautado en la caja fuerte del dueño de Teyco. La mancha de aceite de los sobornos por contratos se extiende al menos por los siguientes municipios catalanes bajo el mandato convergente: Torredembarra,  Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat y Lloret de Mar…

Una mecánica que reviste varios delitos: cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración en subastas y  concursos públicos, y continuado de falsedad de documentos mercantiles.

Cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Viloca los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

Viloca asumió el cargo de tesorero de CDC después de que su antecesor, Daniel Osácar, fuera imputado por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el ‘caso Palau’.

Además del tesorero del partido de Artur Mas, ha sido detenido en esta operación Josep Antoni Rosell, director de la empresa pública Infraestructures.cat encargada de promover las obras públicas de la Generalitat, y siete directivos de constructoras y empresas de servicios: Xavier Tauler (del Grupo Copisa), José Luis Gamero (Rogasa), Jordi Soler (Grupo Soler), Jordi Durán (Urbaser) Antonio García Bragado (Tec 4) y Sergio Lerma y Josep Manuel Bassols de la empresa Oproler.

La operación ha incluido 23 registros, que se han llevado a cabo en la sede de Convergència, los ayuntamientos de Olot (Gerona) y Sant Fruitós del Bages (Barcelona), la sede de la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat, diez domicilios particulares y las dependencias de ocho empresas.

El consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler Ferrer, es uno de los empresarios que ha reconocido ante el juez haber pagado 3,5 millones a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de los Pujol, por supuestos servicios de asesoramiento prestados entre 2005 y 2009. Además, esta constructora ha recibido, al menos, dos contratos que suman 16,2 millones de euros de la empresa pública Infraestructures.cat, bajo la dirección de Josep Antoni Rosell, también detenido.

En el Ayuntamiento de Olot, la Fiscalía Anticorrupción investiga el presunto pago de comisiones a CDC por la concesión del servicio de basuras adjudicada en 2009 a Urbaser. El contrato prevé el pago de un un canon anual de 2,5 millones de euros anuales.

El origen de la operación Petrum

Del mismo modo, la Guardia Civil investiga el cobro de comisiones del 3% en las obras de construcción del centro cívico Nexe en el municipio de Sant Fruitós de Bages. Según explicó ayer el actual alcalde, Joan Carles Batanés (elegido por las listas de Gent Fent Poble), esta obra se adjudicó al Grupo Soler en 2011, cuando el Consistorio era gobernado por CDC por mayoría absoluta.

Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total, ha explicado el actual regidor. Poco después, “la empresa del Grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC”, agregó Joan Carles Batanés.

El operativo desarrollado este miércoles constituye la tercera fase de la operación Petrum iniciada en junio de 2013 por el Juzgado de El Vendrell, a raíz de una denuncia presentada por el alcalde de Torredembarra.

En julio de 2015, la Guardia Civil registró la sede de la constructora Teyco y el domicilio particular de Jordi Sumarroca, donde localizó indicios del pago de comisiones del 3% a Convergencia, enmascaradas en forma de “donaciones” a su fundación, CatDem.