Un abogado del PP dirigirá la declaración del discapacitado utilizado para amañar el congreso de Cantabria

El PP de Cantabria ha acordado poner sus servicios jurídicos a disposición del discapacitado de Laredo que fue utilizado para amañar el congreso regional en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta.

Este afiliado de Laredo no está acusado ni imputado en ningún juzgado. Por este motivo, el acuerdo adoptado por la dirección del PP parece más bien encaminado a dirigir su declaración, pues muy probablemente será citado como testigo en la demanda civil que un Juzgado de Santander ha admitido a trámite para investigar el pucherazo del congreso regional.

Como ha informado OKDIARIO, la cuenta corriente del discapacitado de Laredo fue utilizada para pagar las cuotas de 491 afiliados, con el fin de que pudieran votar en el congreso. Esta maniobra fue decisiva en el resultado del cónclave popular, ya que Sáenz de Buruaga ganó por sólo cuatro votos de diferencia a su rival, el ex presidente autonómico Nacho Diego.

Ya el pasado 8 de marzo, una abogada del PP acompañó al discapacitado al cuartel de la Guardia Civil a declarar que había cedido voluntariamente a «un amigo» las claves de su cuenta corriente para que realizara las 491 transferencias, que suman casi 9.000 euros.

«No espero neutralidad ni equidistancia»

De este modo, la letrada le llevó a desdecirse de la declaración que había prestado tan sólo 24 horas, cuando afirmó en el mismo puesto de la Guardia Civil que ni había realizado las transferencias, ni había autorizado a nadie a hacerlo.

El acuerdo de ofrecerle asistencia jurídica gratuita fue aprobado en la ejecutiva regional del PP de Cantabria celebrada el pasado día 11, en la que la nueva presidenta, María José Sáenz de Buruaga, anunció su intención de «continuar avanzando en el proceso de reconciliación iniciado» con el sector del partido que salió derrotado en el congreso.

A continuación, Sáenz de Buruaga propuso abrir un expediente informativo a todos los militantes que han denunciado públicamente las irregularidades registradas en el congreso regional. Por si quedaba alguna duda sobre sus intenciones, la nueva presidenta advirtió a los miembros de su ejecutiva que «espera leal colaboración, no neutralidad ni equidistancia».

En la misma sesión del día 11, Sáenz de Buruaga dio un ultimátum a los 13 diputados regionales del PP para que la nombren portavoz del Grupo Parlamentario, bajo la amenaza de abrirles un expediente disciplinario.

Todos los acuerdos son nulos

Nueve de ellos se han negado a acatar el ultimátum, por considerar que vulneraría los estatutos nacionales del PP, que impiden a cualquier dirigente del partido acumular más de un cargo orgánico e institucional.

María José Sáenz de Buruaga ya ocupa un cargo orgánico (presidenta regional del PP) y dos cargos institucionales: presidenta del Grupo Parlamentario Popular (inherente al anterior) y vicepresidenta de la Cámara Autonómica. Ahora quiere sumar un cuarto cargo, el de portavoz del Grupo Parlamentario.

No obstante, todos los acuerdos aprobados por la ejecutiva regional el pasado día 11 podrían ser nulos de pleno derecho, ya que el equipo de Sáenz de Buruaga incumplió la formalidad de incluir en el orden del día las propuestas que se iban a debatir.

Esto ha obligado al partido a celebrar una nueva reunión de la ejecutiva del PP este martes, para ratificar los mismos acuerdos: el ultimátum a los diputados autonómicos para que nombren a Sáenz de Buruaga portavoz, la apertura de expedientes informativos a los militantes que han denunciado el pucherazo del congreso y la asignación de un abogado del partido para el discapacitado de Laredo.

«Lo viven como una agresión»

Y de nuevo, Sáenz de Buruaga vuelve a tropezar en la misma piedra. Diputados autonómicos del PP han anunciado que impugnarán los acuerdos aprobados este martes, porque también son nulos de pleno derecho: el partido incumplió la obligación de notificar el orden del día a los miembros de la ejecutiva con al menos 24 horas de antelación. Una chapuza detrás de otra.

Durante la reunión de la ejecutiva regional del día 11, Sáenz de Buruaga explicó «la situación de bloqueo, desafío o amenaza de conflicto» que vive el partido desde que fue elegida presidenta. Y constató que su voluntad de convertirse en la portavoz del partido en el Parlamento regional «se vive en el Grupo Parlamentario, mayoritariamente, como una agresión. Algo que es sorprendente y no tiene precedentes».

Al respecto, señaló que los acuerdos de la ejecutiva regional del PP están «por encima del reglamento del Grupo Parlamentario», algo que resulta bastante difícil de sostener jurídicamente. Por su parte, la gerente del PP, Jesusa Sánchez, advirtió antes de tomar la palabra que «las deliberaciones eran secretas y no autorizaba su grabación».