El PP usó a un discapacitado psíquico para dar un pucherazo en su congreso regional de Cantabria

Miembros del PP de Cantabria utilizaron la cuenta bancaria de un discapacitado psíquico, cuyo nombre de pila responde a la inicial M., para pagar las cuotas de 491 afiliados, con el fin de que pudieran votar en el congreso regional del partido celebrado el pasado 25 de marzo.

Las 491 transferencias se realizaron en tan sólo 48 horas, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, el último día hábil para que se pusieran al día en el pago de sus cuotas los militantes que quisieran votar en la elección de compromisarios. Se trata, en total, de 491 transferencias de 18,03 euros cada una (a esta cantidad asciende la cuota anual exigida a los afiliados) que suman 8.852 euros.

Todo ello, pagado desde la cuenta bancaria de un parado de algo más de 40 años de edad que reside en Laredo, cuyos únicos ingresos se reducen a la modesta pensión no contributiva que cobra por su discapacidad psíquica. En consecuencia, casi 500 militantes que no tenían derecho al voto, porque no estaban al día en el pago de sus cuotas, pudieron hacerlo gracias a esta maniobra.

Denuncia ante la Guardia Civil

En el congreso regional celebrado el 25 de marzo en el Palacio de Exposiciones de Santander, la candidata respaldada por la dirección nacional María José Sáenz de Buruaga se convirtió en la nueva presidenta del PP de Cantabria, al ganar por tan sólo cuatro votos de diferencia al ex presidente autonómico Ignacio Diego.

Por tanto, el voto de los 491 afiliados que se beneficiaron de estos pagos irregulares pudieron ser decisivos para inclinar el resultado del congreso regional a favor de la candidata Sáenz de Buruaga.

El ex concejal y ex secretario general del PP de Laredo Ramón Arenas San Martín acudió el pasado 7 de marzo a un puesto de la Guardia Civil a denunciar estos hechos. Lo hizo acompañado por el propio afectado, M., quien testificó que en ningún caso realizó las transferencias desde su cuenta bancaria ni autorizó a nadie a hacerlo.

De hecho, al menos una parte de las operaciones fueron ordenadas a través de internet y el titular de la cuenta carece por completo de conocimientos para utilizar este medio. En su denuncia, luego ampliada en los tribunales, Ramón Arenas advierte que puede haberse producido un delito de suplantación de personalidad o incluso de financiación irregular del PP, dado que se desconoce el origen de los 8.852 euros empleados para pagar las cuotas de los militantes.

Pero tan sólo 24 horas después, M. regresó al puesto de la Guardia Civil para desdecirse de su declaración y denunciar que fue «coaccionado» por Ramón Arenas para realizarla. No lo hizo por iniciativa propia, sino que esta vez acudió acompañado por el actual secretario general del PP de Laredo, Miguel González, y por una abogada que también es militante.

A raíz de esta segunda declaración, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Laredo archivó inicialmente la denuncia sin haber llegado a investigar los hechos. Por su parte, Ramón Arenas ha presentado un recurso de reforma y apelación en el que pide al Juzgado que esclarezca si se ha producido un delito contra el titular de la cuenta.

Entre otras diligencias, Arenas pide a la juez que reclame al Banco Santander un extracto de los movimientos de la cuenta de M. para acreditar quién ordenó las 491 transferencias. También solicita que la entidad bancaria facilite las grabaciones de las cámaras de seguridad  instaladas en su sucursal de Laredo, con el fin de constatar si el titular de la cuenta acudió acompañado a ordenar estas operaciones.

Una grabación confirma los hechos

Del mismo modo, el ex secretario del PP de Laredo pide que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales acredite qué tipo de «minusvalía o discapacidad y, en concreto, de un retraso mental» tiene reconocido M., y qué prestación cobra por ello.

Por último, reclama que el PP informe al juzgado de los nombre de los 491 militantes que no estaban al día de sus cuotas, y que se beneficiaron de estos pagos irregulares, lo que pudo alterar el resultado del congreso regional del partido.

Arenas ha aportado al juzgado una grabación en la que el titular de la cuenta, M., se reafirma en los mismos términos de su declaración inicial ante la Guardia Civil: ni había ordenado las transferencias, ni sabía quién había utilizado su cuenta para pagar las cuotas de los afiliados que no tenían derecho al voto.

Tras tener conocimiento de estos hechos, un grupo de militantes solicitó oficialmente a la presidenta del comité organizador del congreso regional, Jesusa Sánchez, que anulara el derecho al voto de los 491 militantes que se habían beneficiado de estos pagos irregulares. La petición fue denegada.

De los cerca de 14.000 militantes que tiene el PP de Cantabria, 3.365 solicitaron participar en la votación de las primarias y en la elección de los compromisarios. Por tanto, los 491 afiliados cuya cuota se pagó desde la cuenta bancaria de M. representan casi el 15% de los que pudieron ejercer el derecho al voto. Una cifra significativa si se tiene en cuenta que la candidata María José Sáenz de Buruaga se impuso a su rival por tan sólo cuatro votos de diferencia.

La propia Sáenz de Buruaga ha rechazado que se investiguen estos hechos alegando que los estatutos del partido permiten el «pago masivo de cuotas» y, por tanto, a su juicio no se ha producido ninguna ilegalidad.