Bruselas avisa al Gobierno

España no aplica correctamente una ley que permitiría aumentar las penas si hubo fraude en las obras del AVE a Sevilla

Bruselas podría llevar a nuestro país a los tribunales por no trasponer correctamente una Directiva que eleva las penas de cárcel previstas en el Código Penal

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Bruselas ha advertido al Gobierno sobre la mala trasposición de la Directiva sobre fraude con los fondos comunitarios

El posible delito de malversación que pudo haber en el uso de los fondos europeos que se emplearon para la renovación de la línea de AVE Madrid-Sevilla, y que ahora investiga la Fiscalía Europea, podría salirle barato a sus responsables —en caso de que los hubiera—; o al menos, más barato de lo que debería salirles si el Gobierno hubiera trasladado correctamente a nuestra legislación una Directiva europea de 2017 que endureció los castigos previstos para quien malversa el dinero de los Veintisiete.

Así se desprende de una comunicación remitida por la Comisión Europea a España durante la mañana del jueves, una en la que advierte a nuestro país por su falta de diligencia a la hora de trasponer la mencionada directiva, que Bruselas concibió como un mecanismo disuasor para proteger sus intereses financieros por la vía de armonizar la definición sobre qué es delito, las sanciones, las normas sobre competencia judicial y los plazos de prescripción.

Resulta cuanto menos sorprendente que el actual Ejecutivo aún no haya hecho lo que le pide Europa, pues lo cierto es que está avisado desde 2021, cuando Bruselas incoó el procedimiento de infracción contra nuestro país (y siete más) a cuenta de la mala trasposición de esta norma, dos años antes.

El caso es que, seis años más tarde, nuestro país no solo no ha enmendado el error, sino que a los fallos identificados originalmente se les añade una inadecuada delimitación del delito de malversación de fondos de la UE y unas penas de prisión inferiores al nivel que exige la legislación comunitaria.

Concretamente, la directiva obliga a los Estados miembros a establecer una pena máxima de al menos cuatro años de prisión cuando los delitos cometidos supongan «daños y perjuicios o ventajas considerables», una definición que la propia norma sitúa por encima de los 100.000 euros malversados. Ahí está la discrepancia más grave, pues el Código Penal español incorpora una serie de supuestos (en función de la cantidad defraudada, por ejemplo) que sitúan los castigos muy por debajo de ese umbral en algunas situaciones, tanto es así que podría darse el caso en que el ingreso en prisión no se hiciera efectivo debido a la aplicación de la legislación de suspensión de penas.

Otra de las diferencias entre ambas legislaciones está en la definición del delito, pues Europa obliga a fijar las penas por fraude (u otras infracciones penales que afecten a los intereses de la Unión) sin distinguir el interés de la persona que comete el ilícito, mientras que el Código Penal distingue entre el que se quiere quedar los fondos y el resto de casos.

Como ya se ha avanzado, esto afecta directamente a la investigación que está llevando a cabo en este momento la Fiscalía Europea a cuenta del destino que se dio a los fondos empleados para la renovación del corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según informó el organismo el pasado seis de noviembre, las pesquisas se centran en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas, cuyas sedes han sido registradas por los investigadores europeos en busca de pruebas de un «posible» delito.

En realidad, son dos las investigaciones que están en curso, pues ya el pasado mes de marzo —tras el accidente de Adamuz (Córdoba)— la Fiscalía de la Unión anunció que iba a rastrear el destino del dinero destinado al tramo donde se produjo ese siniestro.

Está por ver en qué quedan estas investigaciones y si finalmente hay caso. Si lo hubiera, no hay que olvidar que los hipotéticos culpables serían juzgados en función de las leyes españolas (la UE carece de Código Penal propio) y de los juzgados españoles; precisamente por eso la trasposición de las normas comunitarias es importante.

Lo cierto es que ahora nuestro país dispone de dos meses para hacer esto último, pues la remisión de la carta de emplazamiento es el último paso antes del dictamen motivado, la fase previa a la vía judicial.

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