El nº 2 de Fernández Díaz aprobó los fondos reservados al chófer de Bárcenas y Villarejo se los entregó

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez aprobó el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas. Y el comisario José Villarejo fue el que se los entregó. El Ministerio de Jorge Fernández Díaz dio orden de que el chófer del ex tesorero recuperara documentos comprometedores de tres altos cargos del PP: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Y le pagó con 48.000 euros a lo largo de dos años, un dinero procedente de los fondos reservados.

El mecanismo de control de esos fondos exigía una firma de aprobación, y esa firma fue la del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien firmó bajo el concepto de “confidente”, tal y como ha reconocido a OKDIARIO el entorno del ex secretario de Seguridad. Y es que a efectos de su departamento el chófer de Bárcenas figuraba como tal: como un confidente, algo que habilitaba el pago con fondos reservados.

A partir de ahí quien se encargó de la entrega fue el propio Villarejo, quien, tras la aprobación, tenía capacidad para gestionar los fondos. La operación policial para recuperar los documentos de Bárcenas fue dirigida, así y en todo momento, según fuentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), por los comisarios Villarejo, entonces adscrito a la Dirección General de la Policía, y Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información.

Ambos montaron el importante dispositivo para recuperar la documentación en poder del ex tesorero, según las mismas fuentes de la investigación y según el material que ya se encuentra judicializado y sobre el que el juez De Egea ha decidido abrir pieza separada.

La cadena de control de los fondos reservados iba de abajo a arriba. El ex secretario de Estado, de este modo, firmaba de forma genérica el concepto. Y es que el control comenzaba en la cadena policial, llegaba al asistente del DAO (director adjunto operativo de la Policía), al propio DAO y al jefe de Gabinete de Martínez.

Francisco Martínez contaba con la asistencia en ese momento de Alejandro Sánchez como jefe de Gabinete, una persona que acabó saliendo del Ministerio por una acusación de estafa archivada posteriormente por la Justicia. Sánchez, quien se convirtió en mano derecha del secretario de Estado de Seguridad, se llegó a enfrentar a una petición de cuatro años de cárcel y estuvo imputado en la Audiencia Provincial de Cádiz por un presunto delito de estafa en la modalidad de doble venta.

La acusación a Sánchez, sin embargo, no hacía alusión a su etapa como director de Gabinete, sino a su cargo previo en Andalucía como alcalde de La Línea de la Concepción donde, precisamente por ser alcalde, también ostentaba el cargo de presidente de la empresa pública Emusvil S.L., la empresa de vivienda de La Línea. Un empresario al que el Ayuntamiento de esta localidad debía dinero contrató en 2007 el alquiler, por unos 300.000 euros, de un recinto para congresos. Y, según, la acusación, el Ayuntamiento no cumplió su parte y nunca le alquiló el local. La Justicia acabó por archivar el caso de Sánchez.

Este pasado miércoles, el juez De Egea ha decidido abrir pieza separada por el soborno al chófer de Bárcenas pagado con fondos reservados para rescatar documentos de Arenas, Sáenz de Santamaría y Cospedal. El sobornado era Sergio Ríos Esgueva. Había sido chófer de Francisco Granados y era en ese momento el hombre que acompañaba sistemáticamente al ex tesorero porque era su conductor. Interior decidió pagarle con fondos reservados 48.000 euros en dos años con el objetivo de que rescatase documentos y grabaciones de los citados altos cargos. Ríos Esgueva, además, logró, como segundo soborno por su labor, entrar en la Policía a sus 40 años.

El juez De Egea ha decidido, de este modo, dar entidad propia al soborno y separarlo como pieza del caso general para poder analizar la gravedad de los hechos.

El reconocimiento de Francisco Martínez confirma una dinámica en la que se contó para el dispositivo con el comisario Villarejo y en el que los archivos acabaron quedando bajo poder de otro de los comisarios habituales del entorno de Villarejo, Enrique García Castaño.