Adif denunció a su nueva presidenta a la Fiscalía por inflar el coste de una obra en 11 millones

La empresa pública Adif, que gestiona las infraestructuras ferroviarias, remitió a la Fiscalía en julio de 2016 una denuncia por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de cinco tramos de las obras del AVE a Galicia, por un importe de 11 millones de euros.

La máxima responsable de estas obras era Isabel Pardo de Vera, que ocupaba el cargo de gerente de la zona Noroeste de Adif cuando se ejecutaron los trabajos. Ahora, por decisión del ministro de Fomento José Luis Ábalos, Isabel Pardo ha pasado a ocupar la presidencia de la empresa pública.

La denuncia tenía su origen en un informe elaborado por dos ex directivos de la compañía, que en julio de 2016 informaron al Departamento de Auditoría Interna de que habían detectado un sobrecoste injustificado de 11 millones de euros en la ejecución de las obras.

De acuerdo con los protocolos internos de la compañía, los servicios jurídicos de Adif trasladaron la denuncia a la Fiscalía, que abrió una investigación. En estos momentos, la denuncia ya ha sido archivada por el Ministerio Público y no ha dado lugar a un procedimiento judicial, según indican fuentes del Ministerio de Fomento.

Los tramos en los que se detectaron estas presuntas irregularidades habían sido adjudicados por Adif en noviembre de 2001 y están comprendidos entre Orense y Puebla de Sanabria (Zamora).

Vulneraron el procedimiento legal

En la construcción del túnel de O Cañizo, la denuncia remitida a la Fiscalía había detectado un sobrecoste de 1,3 millones de euros, por la ejecución de obras que no estaban previstas en el proyecto. Se había vulnerado la obligación de firmar con la contratista un proyecto modificado, cuyo importe nunca puede superar el 10% del coste inicial.

En la vía izquierda del túnel de la Canda, las irregularidades detectadas ascendían a 3 millones de euros. De esta cantidad, cerca de medio millón correspondía al exceso de excavación y 1,3 millones a obra ejecutada, que no estaba prevista en el proyecto (y que debería haberse regularizado mediante un proyecto complementario).

Otros 384.0000 euros corresponden a certificaciones adelantadas, es decir, Adif había pagado a la constructora parte de la obra antes de ejecutarla, algo que vulnera el procedimiento legal. En la vía derecha del mismo túnel, las irregularidades detectadas ascendían a 2,4 millones de euros, siempre según la denuncia.

En las obras del tramo Requejo-túnel de Padornelo, la constructora debía devolver 1,7 millones de euros que había cobrado indebidamente. En el tramo Lubián-túnel de la Canda, fue preciso regularizar una partida de cerca de 500.000 euros, que la constructora anticipó a los propietarios de los terrenos afectados, para adelantarse al trámite de expropiación.

Se hundió el túnel de la Canda

A estos hechos se sumó un incidente registrado en abril de 2016, cuando se hundió un tramo de más de 50 metros del túnel de La Canda. El desprendimiento obligó al Consejo de Ministros a adjudicar por el procedimiento de urgencia una obra que costó 6 millones de euros para reconstruir el túnel.

Un informe elaborado por un catedrático de la Universidad de Oviedo determinó que el túnel había sido mal dimensionado y el protocolo de seguridad era inadecuado. Por su parte, Isabel Pardo de Vera (que en ese momento ya había sido ascendida a directora general de Explotación y Construcción de Adif) encargó un informe alternativo que culpó de lo ocurrido al director de obra y estableció que no se había aplicado correctamente el protocolo de seguridad.

Fuentes oficiales de Adif consultadas por OKDIARIO han confirmado la existencia del escrito de denuncia y han asegurado que la empresa pública «ha atendido puntualmente las peticiones de documentación que recibió de la Fiscalía tras la presentación del escrito mencionado. Pero Adif no ha recibido ninguna comunicación de que estas diligencias hayan dado lugar al inicio de un procedimiento judicial».

Las mismas fuentes del gestor ferroviario señalan que «Adif inició actuaciones de comprobación interna en el momento en que tuvo conocimiento del escrito mencionado, encargando a Auditoría Interna que se hiciera una auditoría externa, para garantizar una mayor independencia, y que concluyó que no se encontraron irregularidades en los criterios de medición y valoración de unidades por parte del director de esas obras, es decir, que no hubo exceso de certificación».

Adif dice que no hay irregularidades

Por último, Adif recalca que «todas las obras bajo la gerencia de Isabel Pardo de Vera entre 2012 y 2015 cuentan con todos los informes favorables, entre otros, de la Inspección General del Ministerio de Fomento».

Cuando la Fiscalía investigó los hechos, Isabel Pardo de Vera ya había sido ascendida a directora general de Explotación y Construcción de Adif. Por tanto, pudo intervenir en el procedimiento, controlar la información que se hacía llegar a la Fiscalía y encargar informes paralelos para justificar la desviación presupuestaria detectada, señalan otras fuentes internas consultadas por OKDIARIO.

Isabel Pardo de Vera empezó a trabajar en Adif en 2007, con el PSOE en el Gobierno, y fue gerente de área de la zona Noroeste hasta que en 2016 abandonó la compañía para trabajar en la Diputación de Pontevedra. Meses después, regresó al gestor público como número dos por expreso deseo de Ana Pastor, entonces ministra de Fomento. El viernes se convirtió en la primera mujer que preside Adif.