Y la revolución llegó a Sudán

Sudán
Protestas en Sudán. Foto. EP

Tras cuatro semanas de protestas, en la madrugada del pasado jueves 11 de abril, el que fuera primer viceministro y ministro de Defensa, Awad Ibn Auf, orquestó, de la mano del Ejército sudanés, un golpe de Estado que acabó con el ya expresidente Omar al-Bashir detenido y desalojado tras 30 años ininterrumpidos en el poder. Awad Ibn Auf asumió el liderazgo del Consejo Militar encargado de la transición y anunció la disolución del Gobierno, la suspensión de la Constitución, el establecimiento del estado de emergencia durante tres meses y el inicio del periodo de transición que, como máximo, se podría prolongar durante los dos próximos años, desembocando, siempre y, en cualquier caso, en un Gobierno civil. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron con la dimisión del propio Awad Ibn Auf a las 24 horas de jurar el cargo, que fue reemplazado por el general Abdelfatah al-Burhan y el retiro del que fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, Kamal Abdel Maaruf. Estos eventos marcaron el primer paso de un proceso de limpieza de la estructura de poder oligárquica que gobernaba Sudán en torno a al-Bashir, pues la presión de los manifestantes y la intensidad de sus reivindicaciones, exigiendo la entrega del poder a un Gobierno civil, ha provocado también la dimisión del jefe de Seguridad e Inteligencia, Saleh Abdalá Qush, asesor personal del expresidente y supervisor de las Fuerzas gubernamentales que cargaron contra los manifestantes, dejando un balance de más de una decena de fallecidos. Esto se suma a las detenciones de más de 100 miembros del Partido del Congreso Nacional de al-Bashir y otra serie de jefes y altos cargos militares, políticos y partidistas, como el que fuera primer ministro, Mohamed Tahir Ayala, el vicepresidente primero, Ali Osman Taha o el asesor personal de al-Bashir, Awad al-Jazz.

En este sentido, al-Burhan ordenó la liberación de todas las personas que habían sido detenidas durante las protestas y la celebración de una reunión el pasado domingo 14 de abril con los líderes de la oposición para resolver el proceso de transición en el menor tiempo posible. A dicho encuentro asistieron Mariam Sadeq al-Mahdi, vicepresidenta del partido islamista Al Umma e hija del líder opositor Sadeq al-Mahdi, el dirigente del opositor Partido de la Conferencia Sudanesa, Omar al-Daquir, el portavoz de la Asociación de Profesionales Sudaneses, Mohamed Nayi al-Asam, organización a la cabeza de las protestas y otros siete representantes de partidos políticos opositores y grupos de la sociedad civil. Como conclusión del diálogo, el Consejo Militar ha pedido a las fuerzas políticas que presenten sus propuestas y condiciones para la etapa transitoria, incluido el nombre de un candidato de consenso que ejerza como primer ministro del país.

Sin embargo, parece que el camino hacia la consecución de un Gobierno y una estructura de poder civil y democrática todavía tiene que recorrer su fase más difícil. La oposición, todavía recelosa de las promesas del Ejército, ha pedido a los sudaneses que sigan en las calles hasta que se culmine la transición y se convoquen unas elecciones libres y democráticas que instauren el Estado de Derecho. El contexto socioeconómico y político que ha envuelto los últimos acontecimientos tampoco ayuda: Sudán, inmerso en una crisis económica – cabe recordar que las protestas comenzaron por la subida del precio del pan – tiene, todavía, heridas abiertas, como la independencia ‘reciente’ de Sudán del Sur, que le ha convertido en el país más pobre del mundo, y en torno al ya expresidente al-Bashir, perseguido y reclamado por la Corte Penal Internacional, que le acusa de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio en el conflicto de Darfur (2003-2008) que dejó un balance de 300.000 muertos. De hecho, el Consejo Militar ya ha anunciado que no lo extraditará a La Haya para que sea juzgado en el tribunal internacional, sino que será procesado por las autoridades sudanesas: habrá que ver, entonces, cuándo y con qué efectividad, pues el sistema judicial local no reviste de una independencia garantizada, como han denunciado desde la oposición. Del mismo modo, la ‘telaraña’ de milicias islamistas leales al régimen de al-Bashir tejieron el entramado de las Fuerzas gubernamentales – Servicios de Seguridad e Inteligencia y la Policía – que, sumidas en diversas tramas de corrupción, se hicieron con el control del negocio de los recursos naturales, como el petróleo, un sector ya debilitado tras el nacimiento de Sudán del Sur, que se llevó con su independencia una tercera parte de la producción de crudo del territorio.

Mientras, las reacciones en la comunidad internacional no se han hecho a esperar: tras la caída del régimen de Buteflika en Argelia a principios de abril, el derrocamiento de otra estructura de poder que parecía interminable en África ya ha contado con el apoyo de la Liga Árabe y el rechazo de la Unión Africana, pues ha criticado el golpe de Estado, alegando que no la medida es la respuesta adecuada a los desafíos y las reivindicaciones del puedo sudanés.

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