La nueva oleada migratoria hacia Europa tensa aún más las relaciones entre Bruselas y Ankara

La decisión de Turquía de abrir sus fronteras para el paso de migrantes hacia la Unión Europea ha tensado aún más las relaciones entre Bruselas y Ankara. Desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan tomó esta decisión, más de 35.000 migrantes se han congregado en la frontera con Grecia, donde se han tenido que enfrentar a las fuerzas griegas en reiteradas ocasiones.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell, anunció el pasado viernes en Zagreb que los Estados miembros estaban dispuestos a ofrecer más dinero a Turquía para poner fin a esta crisis. “Turquía tiene una gran carga… y tenemos que entenderlo”, admitió Borrell. “Pero al mismo tiempo, no podemos aceptar que los migrantes sean utilizados como moneda de cambio» añadió.  Desde entonces, la UE continua con sus esfuerzos para apoyar a Grecia, donde hay más de 42.000 refugiados, entre ellos unos 5.500 niños no acompañados.

Por su parte, el presidente turco Tayyip Erdogan ha pedido más apoyo europeo para poner fin a la guerra en Siria y para acoger a millones de refugiados.  Erdogan estuvo este lunes en Bruselas para mantener una serie de reuniones con algunos de los principales representantes de la UE y la OTAN. “La crisis que se deriva de Siria, con sus aspectos de seguridad y humanitarios, está amenazando a nuestra región e incluso a toda Europa. Ningún país europeo puede darse el lujo de permanecer indiferente”, explicó Erdogan al finalizar el encuentro. “Esperamos apoyo concreto de todos nuestros aliados en la lucha que Turquía ha estado llevando a cabo sola hasta ahora”, añadió.

«Los acontecimientos en la frontera greco-turca apuntan claramente a la presión por motivos políticos en la frontera exterior de la UE», recalcó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de iniciar las conversaciones con Erdogan. «Encontrar una solución a esta situación requerirá aliviar la presión que se ejerce en la frontera».

Francia, Portugal, Finlandia, Alemania y Luxemburgo se han ofrecido a acoger a migrantes. No obstante, este asunto tendrá que ser discutido en Bruselas el próximo viernes. La UE está decidida a evitar que se repita lo ocurrido en 2015 y 2016, cuando más de un millón de personas, en su mayoría de Oriente Medio, llegaron a las costas del Mediterráneo a través de Turquía y Grecia.

En su defensa, la UE ha indicado que ha pagado cerca de la mitad de los 6.000 millones de euros prometidos para ayudar a Turquía a financiar viviendas, escuelas y centros médicos para ayudar a los refugiados que se encuentran en su territorio. Sin embargo y a pesar de haber firmado el acuerdo en 2016, Bruselas y Ankara comenzaron a distanciarse tras el fallido golpe de Estado contra Erdogan en julio de 2016. «Expresamos muy claramente a Erdogan nuestro compromiso de avanzar en estos temas, siempre que sea recíproco», ha asegurado Von der Leyen. Además, el Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, ha informado de que la alianza ya ha invertido más de 5.000 millones de dólares en Turquía.

Por su parte, el organismo internacional Human Rights Watch ha denunciado la decisión de Grecia de detener a más de 450 personas y no permitirles presentar solicitudes de asilo, al considerar que este hecho “viola los principios del derecho internacional y europeo”. “La negativa a permitir que estas personas soliciten asilo y la amenaza de devolverlas a los lugares de los que han huido va en contra de las obligaciones legales que Grecia ha aceptado y de los valores y principios que dice representar», ha indicado Bill Frelick, director de derechos de los refugiados y los migrantes de Human Rights Watch a través de un comunicado de prensa. “Grecia debería revertir inmediatamente esta política, recibir a estas personas en condiciones seguras y decentes, y permitirles presentar solicitudes de asilo”, ha añadido.

La Guardia Costera de Grecia retuvo el pasado 1 de marzo a más de 450 personas que se encontraban en un barco que estaba atracado en el puerto de Mytilene en Lesbos. El Gobierno turco anunció el 27 de febrero que Turquía permitiría a los solicitantes de asilo y migrantes salir del territorio turco para llegar a la Unión Europea. Varios días más tarde el Consejo de Seguridad Nacional de Grecia explicó que había decidido “suspender temporalmente” las presentaciones de asilo por parte de todas las personas que entrasen en el país ilegalmente.

“Grecia tiene derecho a controlar sus fronteras y a gestionar los cruces hacia el país. No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantizan el derecho a solicitar asilo. Negar a las personas el acceso al asilo es inhumano e ilegal. Esta decisión viola el principio fundamental de no devolución, la práctica de no obligar a los refugiados o a los solicitantes de asilo a regresar a un país en el que pueden ser objeto de persecución”, ha advertido Human Rights Watch.

Uno de los detenidos ha informado a este organismo de que la mayoría de los detenidos son afganos, sirios, iraquíes y palestinos, así como somalíes, congoleños y refugiados provenientes de otras partes de África. “La negativa a permitir que Human Rights Watch se reúna con estos detenidos parece ser un intento de las autoridades griegas de ocultar su negligencia”, ha recalcado Frelick.