4.000 mossos y ertzainas se beneficiaron de la jubilación anticipada que Sánchez niega a la Guardia Civil

Más de 4.000 agentes de las policías autonómicas catalana, vasca y navarra, Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral, se beneficiaron de la jubilación anticipada gracias a la aplicación de los coeficientes reductores que el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido negando en repetidas ocasiones a la Guardia Civil. Todo ello, a pesar de que sí ha empezado a tramitar este derecho para la Policía Nacional.

El Ejecutivo socialista ha detallado esta cantidad a través de una respuesta parlamentaria después de que lo solicitara Aina Vidal, diputada de Sumar, partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La Administración central ha admitido que «existe una dificultad para obtener la información solicitada». Y lo argumenta en «la disparidad de colectivos que históricamente han podido beneficiarse de una determinada bonificación por realización de un determinado trabajo». Sin embargo, entre ellos no están todavía los agentes de la Benemérita pese a las demandas de los guardias civiles y de sus asociaciones.

En todo caso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha constatado que existen actualmente las siguientes jubilaciones que se han beneficiado de sus respectivos coeficientes reductores:

• Mineros del carbón: 32.083 jubilaciones con bonificación de la edad.
• Bomberos: 8.894 jubilaciones con bonificación de la edad.
• Cuerpo de la Ertzaintza: 3.489 jubilaciones con bonificación de la edad.
• Mossos D’esquadra: 502 jubilaciones con bonificación de la edad.
• Policía Foral de Navarra: 28 jubilaciones con bonificación de la edad.
• Policía Local: 12.453 jubilaciones con bonificación.

Solicitud pendiente de la Guardia Civil

El sector que más se ha beneficiado de esa jubilación anticipada ha sido el de la minería del carbón, con más de 30 mil personas habiendo ejercido este derecho, seguido de los policías locales y los bomberos. Sin embargo, más de 4.019 agentes de policías autonómicas vasca, navarra y catalana han optado por la jubilación anticipada que el Gobierno niega a la Guardia Civil.

Tanto es así que el propio Ejecutivo reconoce que «miembros de la Guardia Civil» han presentado «solicitudes para la aplicación de coeficientes reductores», junto con otros colectivos. Sin embargo, siguen sin recibir el derecho que sí tienen otros cuerpos autonómicos.

Además de los agentes de la Benemérita, otros grupos de trabajadores también están esperando respuesta a sus peticiones, como reconoce el Gobierno: «Repartidores de GLP, industria química y refinamiento, trabajo agrario, sector de la construcción, tripulantes de cabina de pasajeros, ayudantes ferroviarios de empresas contratistas, producción de obras del sector asfaltos, camareras de piso, trabajadores ITV – (ITEVELESA), sector transporte mercancías ligero y pesado, sector de la construcción, ganadería, sector del transporte de viajeros por carretera y también del sector del transporte de mercancías por carretera».

Sin jubilación para la Benemérita

Y es que el Gobierno de Sánchez excluyó a la Guardia Civil del real decreto para equiparar la jubilación anticipada de los policías nacionales a la de los cuerpos locales y autonómicos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.

El real decreto respondía a una sentencia del Tribunal Supremo tras un recurso de Jupol, sindicato de Policía Nacional, en el que solicitaba equiparar los requisitos para solicitar la jubilación anticipada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo falló contra el Estado por negar sistemáticamente a los policías nacionales el derecho a la jubilación anticipada, un privilegio que sí reconoce y financia para cuerpos autonómicos y locales.

El escrito de la última instancia judicial ponía el foco en la contradicción que se había generado al financiar íntegramente la jubilación anticipada a Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra o policías locales, mientras que dejaba en el limbo legal a la Policía Nacional.

El Gobierno decidió acatar esta sentencia limitándose a equiparar a los policías nacionales que entraron al cuerpo desde 2011 con los agentes de cuerpos autonómicos y locales. De ese modo, olvida, en primer lugar, a los agentes que entraron con anterioridad y, por otro lado, a todos los miembros de la Guardia Civil.