La misión de la ONU en Venezuela exige a Maduro el «cese inmediato» de la represión
La misión de la ONU en Venezuela para los Derechos Humanos ha exigido este lunes al régimen de Nicolás Maduro el «cese inmediato» de la represión y de las detenciones arbitrarias. La organización también ha pedido en un comunicado que se investigue la muerte de al menos 23 personas en las manifestaciones que han tomado las calles de Venezuela desde el fraude electoral del 28 de julio. «El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país desde la celebración de las elecciones presidenciales el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo», dice el comunicado. Aunque la organización ha condenado la represión por parte de las fuerzas del régimen, no ha pedido que el dictador abandone el poder.
La misión de la ONU denuncia como, desde el inicio de las protestas que siguieron al amaño electoral, Maduro desató «una feroz represión, dirigida por las más altas autoridades de Estado, creando un clima de terror generalizado». La organización también ha destacado que continúa el proceso de «documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos humanos». Por el momento, la misión ha contabilizado 23 muertes en las protestas, la gran mayoría por disparos de armas de fuego en manos de las fuerzas del régimen. «En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años», resalta la organización.
Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha exigido que estas muertes sean «investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas y las víctimas y sus familiares deben obtener justicia». También se han contabilizado al menos 1.260 detenciones durante las dos semanas que han transcurrido desde las elecciones, de acuerdo con los datos de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La misión de la ONU destaca que hay dirigentes y miembros de la oposición, periodistas y activistas entre los detenidos. «Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de las elecciones anunciado por las autoridades», asegura el comunicado de la organización.
El pasado día 28, tras el cierre de los colegios electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, interrumpió el anuncio de los resultados alegando un intento de ataque informático. Cuando volvieron a conectar, el CNE dio la victoria a Maduro, con un 51% de los votos, derrotando Edmundo González, candidato opositor. Los venezolanos, conscientes del escándalo y del fraude, salieron a la calle a protestar contra el régimen. Al mismo tiempo, gran parte de la comunidad electoral pidió a Maduro que hiciera públicas las actas electorales, para dar transparencia y legitimidad al proceso. En su lugar, el dictador venezolano optó por tomar posesión de la Presidencia sólo 13 horas después de las elecciones. Ante la negativa de Maduro a publicar las actas, cada vez más líderes internacionales han reconocido a González como legítimo presidente de Venezuela.
La misión de la ONU en Venezuela ha cargado contra las detenciones que ilegales por parte del régimen de Maduro. En muchos casos son detenciones arbitrarias, «sin una base probatoria que las fundamente o aplicadas de forma desproporcionada», y a los detenidos se les imputa por delitos de odio, terrorismo o conspiración. La misión considera que estas detenciones «constituyen graves violaciones al proceso» que desprotege a los venezolanos ante el sistema de justicia.
Entre los detenidos hay más de 100 niños, niñas y adolescentes «imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas». «Los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales», han denunciado desde la organización. «La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior», ha declarado Francisco Cox, uno de los expertos de la misión de la ONU en Venezuela.