La protesta por la que fue imputada Yolanda Díaz acaba en 2 condenas por atentado con lesiones

El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha condenado por atentado con dos delitos leves de lesiones y por un delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad a dos sindicalistas de Alcoa que se manifestaron en 2019 junto a la hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a las puertas del Congreso. La entonces diputada de Unidas Podemos junto a Ángela Rodríguez Pam, Antón Gómez-Reino y Rafa Mayoral fue imputada por atentado contra la autoridad. No obstante, el juzgado de instrucción comprobó que era aforada y se salvó de la causa.

Ahora, tal como desvela OKDIARIO, se ha dictado una sentencia con la conformidad de los manifestantes que se encuentra en fase de ejecución. Estos dos agitadores que protagonizaron junto a la hoy vicepresidenta una protesta de alto voltaje aceptan una pena de «un mes y 16 días de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena». En todo caso, han pactado que esas condenas de cárcel «se sustituyen por multa de 92 días con cuota diaria de 3 euros», 552 euros en total.

Además, por responsabilidad civil, deben pagar 300 euros en indemnizaciones por las lesiones. Como el caso se ha alargado cuatro años «concurre la atenuante de dilaciones indebidas», al que se suma el de reparación del daño.

Tras el pacto con la Fiscalía, los acusados reconocieron los siguientes hechos. «En la mañana del 28 de marzo de 2019 se hallaban a las puertas del Congreso en una concentración de protesta de trabajadores de Alcoa. El primer acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, desobedeciendo gravemente el principio de autoridad del que estaban imbuidos los agentes de Policía que estaban en ese lugar para preservar la seguridad e impedir el acceso al Congreso, se resistió reiteradamente a obedecer las indicaciones de los mismos en cuanto a que debía mantener la debida distancia con la barrera policial».

La sentencia subraya que los sindicalistas apoyados por Yolanda Díaz mantuvieron «en todo memento una actitud beligerante y obstativa frente a los agentes que le compelían a separarse de la zona y a deponer su actitud, mostrando una actitud violenta tirando numerosos petardos que impactaron en los pies de los policías, y llegando a abalanzarse contra las vallas de contención, agrediendo a los policías y lanzando patadas y puñetazos».

Un acusado tuvo que «ser reducido por la Policía». Mientras, el otro, también mayor de edad y sin antecedentes penales, «guiado por el ánimo de impedir la actuación policial y de menoscabar la integridad de un agente, se abalanzó por la espalda contra el agente y le golpeó tirándole al suelo debiendo ser auxiliado por otro agente que también cayó».

Como consecuencia, dos efectivos policiales sufrieron lesiones. Necesitaron asistencia facultativa y tardaron en curar dos y cuatro días respectivamente. Uno sufrió una herida en una mano.

«No son delincuentes»

Yolanda Díaz en la protesta se quejó amargamente de la actuación de la Policía. «Nos han golpeado, nos han tirado a todos al suelo. Un policía me ha golpeado a mí, así de claro. Son trabajadores, no son delincuentes. Los delincuentes están en otro sitio. Hay que tratar a la gente trabajadora con respeto», explicó ante las televisiones que emitían en directo.

A la postre, los despidos en Alcoa que se pretendían parar no se frenaron. No obstante, sí se van a desembolsar indemnizaciones millonarias a los trabajadores afectados.

Imputación fugaz a Yolanda Díaz

El caso judicial fue muy polémico porque Yolanda Díaz fue imputada junto a la ex secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y a otros dos parlamentarios morados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid recibió «información errónea», que la llevó a imputar y citar a declarar a la política procedente de Ferrol. Le llegó un informe según el cual Yolanda Díaz, tras el fin de la legislatura, no era ya parlamentaria y no estaba aforada. No obstante, se comprobó que seguía en la Diputación Permanente y mantenía su condición de aforada, por la cual sólo puede responder ante el Tribunal Supremo en este tipo de acusaciones. La juez dejó sin efecto la citación. En su caso, Alberto Rodríguez, el rastas, sí fue condenado por patear a un policía en otra protesta igualmente a un mes y medio de cárcel.

Se mantuvo la citación de Pam Rodríguez, que dejó de ser diputada tras unos malos resultados de Podemos en Galicia. No obstante, su implicación no se consideró delictiva. Ya entonces se acusó a los jueces y a las «cloacas del Estado» de persecución política por ser de izquierdas y se anunció una querella contra la titular de instrucción. Consideraban que todas las imputaciones, también las de los sindicalistas, eran «irregulares». No obstante, tras el procesamiento a los dos sindicalistas violentos, el caso ha terminado en dos condenas.