La UE exige explicaciones al Gobierno por la rebaja de la malversación para contentar al separatismo

La Comisión Europea ha reclamado explicaciones al Gobierno español por la rebaja del delito de malversación, que aprobó para contentar a sus socios separatistas y que beneficia a los dirigentes condenados por el procés. La reforma fue pactada entre el PSOE y ERC.

En una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, las autoridades comunitarias no ocultan su preocupación por esta rebaja, y recuerdan que «los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para velar por que la malversación de fondos o activos, de cualquier forma que perjudique a los intereses financieros de la UE, constituya un delito cuando se cometa intencionadamente».

Así, añade, los Estados miembros están obligados a garantizar «sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias por los delitos» recogidos en la Directiva de lucha contra el fraude.

«Consciente de la rebaja»

A continuación, Bruselas hace referencia directa al caso español. «La Comisión es consciente de que, tras la adopción de la Ley Orgánica 14/2022, se han rebajado las penas mínimas por algunos casos de malversación».

«La Comisión está estudiando la conformidad de aquella ley con la Directiva y se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para recabar explicaciones», revela, avisando también que: «Al igual que ocurre con otros Estados miembros, la Comisión está dispuesta a adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE, en caso necesario».

En concreto, la reforma aprobada por el Gobierno español, y pactada con ERC, rebajó las penas por malversación en caso de no existir ánimo de lucro o enriquecimiento personal, a un máximo de cuatro años, frente a los ocho que hasta entonces marcaba el Código Penal.

La reforma incluye en el Código Penal una nueva modalidad de malversación, dirigida expresamente al independentismo, según la cual  quien dé al patrimonio público que administre «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado» será castigado con cárcel de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado». Pero si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses. Es decir, no se contempla pena de prisión.

Bruselas siempre ha revelado su preocupación por la malversación. Pese a ello, como publicó OKDIARIO, el Gobierno español aprobó la rebaja de la malversación a sabiendas de que la Comisión Europea preparaba un paquete de medidas anticorrupción con el fin de endurecer las penas para estos delitos.

De hecho, tres meses antes de que el Gobierno plantease la rebaja de la malversación, la Comisión Europea ya advirtió sobre su intención de castigar la corrupción con más firmeza. El 14 de septiembre de 2022, su presidenta, Ursula von der Leyen, avanzó precisamente en su discurso sobre el estado de la Unión que la Comisión presentaría, en 2023, «medidas para actualizar el marco legislativo de lucha contra la corrupción».

«Si queremos resultar creíbles cuando pedimos a los países candidatos que refuercen sus democracias, también debemos erradicar la corrupción en casa», avisó Von der Leyen.

Sánchez era conocedor de los planes de Europa para endurecer la corrupción. Pese a ello, promovió una reforma que tenía como único fin satisfacer las expectativas de sus aliados separatistas y ganar así su apoyo para mantenerse en La Moncloa.

Actualmente, la Unión Europea debate aún su propuesta para castigar de la misma manera una serie de delitos, entre ellos, la malversación.

En junio de este año, los países miembros, reunidos en el Consejo Europeo, alcanzaron un acuerdo para imponer de tres a cuatro años de prisión a este delito, frente a los cinco años que propone Bruselas y los seis que pide el Parlamento Europeo.

La reforma tiene aún un largo proceso de negociación por delante hasta que se adopte un texto final de la directiva, que deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento. El acuerdo permitirá, en un futuro, que todos los delitos sean castigados con la misma pena en la UE para «intensificar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción».