La UCO revela que Yolanda Díaz se «implicó» en validar las mascarillas ‘fake’ para el Gobierno de Torres

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso mascarillas y el Gobierno canario que presidió Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial, revela que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se «implicó» en validar las mascarillas defectuosas que la trama trató de colar al Ejecutivo de Canarias.

Así aparece recogido en dicho informe -al que ha accedido OKDIARIO- remitido por los investigadores a la Audiencia Nacional y donde se reproduce una conversación reveladora entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que era su asesor de cabecera, Koldo García.

Fue en la noche del 24 de agosto de 2020 cuando Ábalos se puso en contacto con Koldo para «informarle de que, según le dijo la ministra de trabajo, al día siguiente estaría la certificación de las mascarillas de Canarias».

«Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas de Canarias», trasladó Ábalos a Koldo a través de un mensaje de WhatsApp. A lo que el asesor respondió por el mismo canal: «Sí, ya me dijo, gracias».

Para la UCO de la Guardia Civil, que actúa aquí como policía judicial, este hecho que alcanza a Yolanda Díaz es especialmente relevante. Los investigadores subrayan al respecto: «Como se aprecia en este mensaje, la influencia que habría ejercido Koldo en favor de Víctor de Aldama -merced a su relación económica mensual de 10.000 € en efectivo-, no se limitaba a la Administración canaria, sino que se extendería hasta la Administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de Transporte y de Trabajo», destaca la UCO.

En concreto, en coordinación con la trama, después de recibir de Soluciones de Gestión -la empresa de las comisiones- más de 800.000 mascarillas como si fueran de tipo FFP2, cuando, en realidad, «no eran aptas para el uso sanitario», sino quirúrgicas, como determinó el Hospital Universitario de Canarias, el Gobierno de Torres optó aquel agosto por recurrir a un organismo dependiente de Yolanda Díaz.

Así, el Ejecutivo canario mandó una muestra al Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, adscrito al Ministerio de Trabajo, para someter estas mascarillas a «ensayos de verificación que determinen la calidad, categoría y adecuado uso» de las mismas.

Este centro, ubicado en Sevilla, determinó que si bien estas mascarillas «no son equiparables a la nomenclatura FFP2, los ensayos realizados se detuvieron cuando se alcanzó una lectura de penetración estable superior al requisito de penetración para FFP1».

«Como compensación»

A partir de aquí, y en base a tales informes, la empresa Soluciones de Gestión propuso «como compensación por dicha situación ofrecer al Servicio Canario de la Salud las mascarillas entregadas y catalogadas como no aptas para FFP2 valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril, fecha en que se produce la entrega del material en el Hospital Universitario de Canarias, y completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 € con 555.000 mascarillas de FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante ANHUI SUBOLUN GARMENT», reza el expediente. Y el Gobierno de Torres aceptó esta propuesta de la empresa de la trama, en lugar de tomar medidas contra la misma por incumplimiento del contrato.

Torres lo celebró: «Abre el vino»

Esta maniobra del Gobierno canario supuso una modificación del contrato, que el propio Torres mandó a Koldo el 4 de noviembre vía WhatsApp después de que la noche anterior firmara el documento su director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.

«Asunto resuelto. Abre el vino». Así celebró el entonces presidente de Canarias y en conversación con Koldo García dicha modificación de ese contrato con la principal empresa de la trama para que ésta -conformada por cargos socialistas y comisionistas- siguiera haciendo negocio.

«Me voy de pedo. Te juro que me emborracho», le contestó Koldo García, que hacía de mediador entre la empresa Soluciones de Gestión, los comisionistas, como Víctor de Aldama, y el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta conversación también aparece recogida entre las comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que aparecen en su último informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.