El TSJC plantea al juez del 3% que ofrezca a Gordó «su derecho de defensa»
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sugerido al juez del 3% que ofrezca al ex conseller de Justicia y diputado de JxS Germà Gordó personarse en la causa asistido con un abogado para ejercer su derecho de defensa, lo que incluiría la posibilidad de declarar voluntariamente.
Así lo apunta la sala civil y penal del TSJC en un auto, fechado en enero pasado, en el que desestima abrir una causa contra el aforado Germà Gordó y acuerda devolver al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso del 3% la exposición razonada que este le envió con los indicios de que dispone contra el diputado.
El juez de El Vendrell (Tarragona), a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, pidió el pasado mes de diciembre al TSJC que abriera una investigación a Gordó ante las sospechas de que realizó «actos de mediación en la gestión de donaciones» a CDC a cambio de facilitar adjudicaciones de obra pública.
El TSJC devolvió su escrito al juez para emplazarle a «concretar» de manera «particularizada todos y cada uno de los presuntos actos delictivos» que atribuye a Germà Gordó y rechazó la propuesta de la Fiscalía de que se acordara el registro de sus domicilios y despachos por considerarlo una medida «prospectiva y genérica».
En ese sentido, el alto tribunal catalán plantea al juez de El Vendrell la posibilidad de hacer el «ofrecimiento» a Gordó, si lo cree oportuno, «de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa» de acuerdo con el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho artículo reconoce el derecho de diputados y senadores a los que se atribuyan delitos a ser informados de los hechos de que se les acusan, a personarse con abogado en la causa y a solicitar las diligencias que crean oportunas, incluido prestar declaración de forma voluntaria con asistencia letrada.
El TSJC reprocha al juez de El Vendrell que no explicite «qué concretos elementos se esperan localizar y recoger» en los registros domiciliarios de Gordó, «ni qué fundadas sospechas puedan abrigar los investigadores sobre su relevancia para la investigación».
El alto tribunal catalán recrimina además al juez del 3% que no justificara «por qué no resultan viables otras diligencias e instrucción menos invasivas, como pudiera ser, por ejemplo, la reclamación de las diversas agendas oficiales que el aforado haya podido tener en las diversas responsabilidades políticas ostentadas al tiempo de los hechos».
En el informe en que pedía investigar a Gordó, la Fiscalía Anticorrupción sostenía que el exconseller de Justicia desempeñaba el papel de «conseguidor» o «recaudador» en la trama del 3%, supervisando la labor del tesorero del partido Andreu Viloca, quien controlaba de forma «sistemática» las supuestas mordidas.
Gordó ha ocupado los cargos de gerente y miembro de la dirección y secretariado de CDC, secretario del gobierno catalán, conseller de Justicia y presidente y consejero de empresas públicas, además de diputado en el Parlament.