El Tribunal de Cuentas registra su primer voto en contra a la Cuenta General en democracia por la falta de Presupuestos
El órgano fiscalizador respalda el informe, pero el disenso interno marca un hito histórico
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024 en una sesión que ha quedado marcada por una circunstancia sin precedentes en la historia democrática de España: por primera vez desde la restauración de la democracia, un consejero ha votado en contra de este documento. La votación ha puesto al descubierto la profunda fractura que genera en el seno del órgano fiscalizador, entre otros temas, la prolongada anomalía de falta de presupuestos por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.
El resultado ha sido de seis votos a favor —incluido el del representante del Ministerio Fiscal— frente a un voto en contra, al que se han sumado otros cinco votos concurrentes. Estos últimos, aunque no se oponen formalmente a la aprobación del documento, formulan reservas o matizaciones de calado sobre su contenido o sobre el contexto en el que se ha elaborado.
El contraste con el año anterior resulta elocuente: la Declaración sobre la Cuenta General del ejercicio 2023, aprobada el 28 de abril de 2025, salió adelante por unanimidad con un único voto concurrente. En apenas doce meses, el consenso interno del Tribunal se ha evaporado.
Voto en contra histórico
El voto contrario, el primero que se recuerde en cuatro décadas de fiscalización democrática del erario público, ha sido motivado, según fuentes del propio Tribunal, por, entre otras cosas, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados.
España lleva tres ejercicios consecutivos prorrogando las cuentas públicas. En 2024, 2025 y 2026 se aplican los presupuestos de 2023. Una situación que, a juicio del consejero disidente, compromete la utilidad y coherencia de la Declaración que el Tribunal está obligado a emitir por ley.
Los cinco votos concurrentes, aunque no bloquean la aprobación, tienen también un peso institucional nada desdeñable. Los consejeros que los han formulado comparten, según las mismas fuentes, la preocupación de fondo sobre la falta de Presupuestos, si bien han considerado que el documento cumple los requisitos formales para ser aprobado. Sus reservas quedarán reflejadas en el texto definitivo de la declaración, que se hará pública próximamente.
Deuda y Seguridad Social
El trasfondo contable de la Declaración de 2024 arrastra problemas estructurales ya advertidos en ejercicios anteriores. En la Cuenta General de 2023, el Tribunal detectó una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado de 3.211,3 millones de euros por incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos, pagos pendientes de justificación por 1.347,2 millones y una sobrevaloración de deudores tributarios y no tributarios de 9.536,3 millones de euros.
Especialmente grave era la situación de la Seguridad Social, cuyo balance recogía por séptimo año consecutivo un patrimonio neto negativo de 98.526,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, financiado principalmente mediante préstamos del Estado por un importe acumulado de 116.166,4 millones, equivalente al 7,75% del PIB. La deuda del Estado, por su parte, alcanzaba 1,4 billones de euros.
El Tribunal lleva años advirtiendo sobre la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, sin que el Gobierno haya dado respuesta estructural a esas advertencias.
El trasfondo de la controversia es la parálisis presupuestaria que arrastra el Ejecutivo desde 2023, con las cuentas públicas prorrogadas de forma automática durante tres años consecutivos, algo que organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han señalado reiteradamente como factor de rigidez e incertidumbre para la gestión del gasto público.
El precedente abierto este miércoles no es un mero tecnicismo procedimental. Es la cristalización institucional de una tensión larvada: que sea el propio guardián de las cuentas del Estado quien exhiba, por vez primera, una fisura interna al rubricar esas mismas cuentas es una señal que difícilmente podrá quedar sepultada bajo la retahíla habitual de notas de prensa.