El Tribunal de Cuentas abronca al Gobierno por quitar «sin justificar» un céntimo a contratos para darlos ‘a dedo’

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación menor del Gobierno detecta varias irregularidades. El máximo órgano de fiscalización llama la atención, por ejemplo, sobre la falta de justificación del cálculo de presupuestos, lo que conduce a que varios contratos rocen el límite legal para poder adjudicarlos a dedo, los 15.000 euros. El Tribunal de Cuentas advierte al Ejecutivo de que «en 144 de los 221 contratos de servicios y suministro fiscalizados (el 65,16 % de los casos), el valor estimado fue de entre 14.500 y 14.999 euros (impuestos indirectos excluidos), muy próximo al límite máximo», establecido en la Ley de Contratos, «sin que en el 68,05 % de esos expedientes haya quedado constancia de cómo se realizó el cálculo del presupuesto».

La Ley de Contratos exige «la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada» no sólo «la necesidad del contrato» sino, además, «que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior».

Para «poder determinar con certeza que no se da esta circunstancia»,  recuerda el Tribunal de Cuentas, «resulta necesario e ineludible que el informe incluya la justificación del cálculo del presupuesto o los criterios aplicados para fijar su valor estimado, única forma de constatar que el objeto del contrato no está siendo efectivamente alterado con el fin de soslayar el recurso a los procedimientos ordinarios de contratación, especialmente en aquellos contratos en que la cuantía del valor estimado está muy próxima a los umbrales permitidos por la ley».

En definitiva, el órgano fiscalizador llama la atención al Gobierno por no justificar incluso por qué resta un céntimo a los contratos, impidiendo así la concurrencia.

El Tribunal de Cuentas detecta otras irregularidades, como que «en el 78,08 % de los expedientes examinados resulta insuficiente la justificación de la elección del procedimiento de adjudicación» como contratos menores.

También se deduce tras su análisis que «en el 47,06 % de los casos se hizo un uso inadecuado de la figura del contrato menor para la cobertura de necesidades de carácter recurrente y/o previsibles que pudieron ser programadas por el órgano de contratación».

Sólo en el 68,85% de los casos «consta la realización de actuaciones para la promoción de la concurrencia».

Sin embargo, «son numerosos los casos en los que solo se presentó la oferta de la empresa adjudicataria o se admitió una única oferta, bien porque las otras proposiciones presentadas excedieron el límite cuantitativo máximo previsto para la contratación menor, bien porque no se ajustaban a las necesidades de la entidad contratante. En estos supuestos (el 45,25 % de los casos), en la práctica no se logró una concurrencia efectiva».

La fiscalización del Tribunal de Cuentas está limitada a los contratos del ejercicio 2024, en el área de las actuaciones de protección y promoción social, correspondientes a los ministerios de Igualdad, Trabajo y Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Vivienda y Agenda Urbana, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Sanidad.

Se celebraron 6.207 contratos por importe de 450.598.889,36 euros. De ellos, 4.590 (un 73,9 %) fueron tramitados como contratos menores por importe de 23.272.554,78 euros. Para el informe de fiscalización se analizaron 260 expedientes, por un importe conjunto de 3.857.058,71 euros.