Trapero quiere evitar la cárcel culpando de la inacción del 1-O a los mossos constitucionalistas

Mossos
Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Foto: EFE)
Carlos Cuesta

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, está entre la espada y la pared. Tiene que acreditar ante la Audiencia Nacional que los incumplimientos del deber clamorosamente demostrados el día del referéndum ilegal no fueron fruto de una orden o una consigna directa suya. En caso contrario, irá a prisión al igual que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Y ha optado ya por una estrategia: culpar a los agentes directamente. Y, ni siquiera, a los agentes sin distinción. Los mossos constitucionalistas han pedido amparo ya a la Policía Nacional ante la evidencia de que las explicaciones que se les están pidiendo van a servir para hacer una criba: para argumentar que las omisiones de actuación el 1-O fueron culpa exclusivamente de algunos de los mossos, casualmente los que no gozan de protección interna: los que se han declarado como defensores de la Constitución y la legalidad.

Trapero cuenta con un mapa ideológico del cuerpo policial autonómico casi perfecto. De hecho, en las comisarías clave, en estos momentos, se están realizando ya briefings diferenciados para mossos constitucionalistas y separatistas, de forma que las órdenes de contenido ideológico no sean escuchadas directamente por los no leales al separatismo. Esa misma distinción ideológica esta siendo ya usada, según los mossos que han pedido amparo a representantes de la Policía Nacional, para usar la investigación requerida por la Audiencia Nacional para hacer una criba y cargar contra agentes que nada tienen que ver en la decisión de no actuar el 1-O.

“Las consignas que se pasaron y los repartos de funciones no tienen cotejo por escrito”, apuntan las fuentes consultadas. Y, por lo tanto “los mandos van a poder decir que las omisiones fueron decisiones particulares de algunos agentes y no de otros. Y, evidentemente, lo que no van a hacer es señalar a los mossos separatistas sobre los que se apoyan para impulsar este tipo de decisiones”, añaden.

La Policía Nacional es consciente de los últimos movimientos de marcado tinte ideológico dentro de los Mossos y de que se están tomando decisiones en este sentido desde hace tiempo. De hecho, saben que el envío de 800 armas largas que tuvieron que parar hace unos meses iba con destino al colectivo de mossos declarados abiertamente como separatistas. Y saben igualmente que el cinturón de protección utilizado en el Pleno del Parlamento catalán el día de la proclamación de la declaración unilateral de independencia estaba formado por estos ‘patas negra’.

Y por ello, evidentemente, chequearán los informes que eleve Trapero a la Audiencia para confirmar su veracidad y evitar que, efectivamente, se use para culpar y aparcar a agentes que nadie tuvieron que ver en la decisión de favorecer el referéndum ilegal.

La Policía y la Guardia Civil, de hecho, contaba con más de mil personas de paisano el día 1-O grabando imágenes, dentro y fuera de los colegios para tener un dibujo lo más exacto posible de los verdaderos responsables.

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